La Convención despachó su reglamento de Participación Popular, y de esta forma, finalizó su proceso de regulación interna, que estuvo destinada -por cerca de tres meses- a la creación de los cuatro textos normativos permanentes.
De acuerdo a lo señalado por el vicepresidente de la Convención Jaime Bassa, los reglamentos podrían estar publicados la próxima semana. Ahora, el proceso corresponde a la armonización de los distintos textos.
El 11 de octubre comenzará la primera semana territorial, y de hecho, ya existe un afiche con “actividades sugeridas” a realizar. Por otro lado, la mesa solicitó al ministerio del Interior, un despliegue a lo largo del país, para garantizar la seguridad de los convencionales en sus distintos distritos.
Se espera que la semana del 18 de octubre, los constituyentes vuelvan al ex Congreso, para la instalación de las 7 comisiones temáticas. Durante esos días, iniciará el análisis de fondo.
La presidenta de la Convención, Elisa Loncon, destacó la labor de los convencionales durante los 10 días de votación reglamentaria.
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El vicepresidente Jaime Bassa aseguró que ya comienza el “proceso político, social y cultural”, para construir una propuesta de texto de nueva Constitución.
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En la derecha anticipan una discusión crispada, considerando los distintos roces que se dieron durante el debate reglamentario, en donde incluso adelantaron judicializar ciertas situaciones, como la aprobación del plebiscito dirimente.
El convencional de la UDI, Arturo Zúñiga, señaló que los tres meses de debate interno, estuvieron marcados por una serie de actos que calificó como tramposos.
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Su par, Alfredo Moreno espera que se “cumplan las reglas” que están establecidas en la Constitución.
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Dentro de las normas reglamentarias más controvertidas que fueron aprobadas durante los últimos 10 días, se encuentra la ratificación del quórum de los 2/3, la indicación que sanciona el negacionismo, la consulta indígena vinculante, y el plebiscito dirimente.
Por otro lado, deben despejarse propuestas de renuncia y reemplazo, que si bien fueron abordadas en el reglamento general tras el caso de Rodrigo Rojas Vade, todavía falta deliberación en el Congreso, para que se habilite un mecanismo por el camino legislativo.