Este jueves, en la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, una alusión al caso Luchsinger-Mackay avivó una polémica entre los representantes de pueblos originarios e integrantes de Vamos por Chile.
Diferentes constituyentes seguían pidiendo la salida de Jorge Arancibia, independiente que postuló con un cupo de la UDI, de aquella mesa de trabajo. Esto, ya que el representante del Distrito 7 fue edecán de Augusto Pinochet durante la dictadura.
En una intervención posterior, la convencional Ruth Hurtado lanzó dardos contra la machi Francisca Linconao a raíz del caso Luchsinger-Mackay. “Sabemos que en el juicio la convencional Linconao salió absuelta en cuanto a la participación, porque la prueba fue declarada ilegal, pero creo que es importante señalar que en la sentencia se acreditó que el grupo que se concertó para ir a asesinar al matrimonio Luchsinger Mackay… (la cortan)”.
La independiente con cupo de RN acusó censura y fue acompañada por Arturo Zúñiga, exsubsecretario de Redes Asistenciales y hoy constituyente de la UDI, quien también defendió la presencia de Arancibia en la comisión de DD.HH.
“Nosotros estamos por el lado de democracia, por el lado de la votación popular. Todos tenemos esa votación popular en nuestras espaldas y también lo tiene Jorge Arancibia, que sacó muchos votos, que no tiene escaños reservados y nunca ha estado en un proceso judicial”, señaló.
“Nosotros siempre vamos a defender a las minorías y si el día de mañana una persona pide una inhabilitación del señor Hugo Gutiérrez, por prófugo, nosotros vamos a estar en contra. Si el día de mañana alguien pide una inhabilitación del señor Marcos Barraza, por estafa en la Universidad ARCIS, nosotros vamos a estar en contra. Y si alguien pide inhabilitar a Francisca Linconao, por el asesinato al matrimonio Luchsinger, nosotros vamos a estar en contra, porque somos consecuentes”, agregó.
Ésta no es la primera polémica que protagoniza Zúñiga. Esta semana, junto a los convencionales Luciano Silva y Katherine Montealegre, solicitaron que la Comisión de Ética se pronuncie sobre hechos que, como indican, no serían apropiados para quienes conforman la mesa directiva de la Comisión Constitucional.