La Comisión de Derechos Humanos fue aprobada la semana pasada por amplia mayoría, pese al debate externo que se realizó sobre las competencias de la Convención Constituyente.

Ayer miércoles se votó en particular y el hemiciclo zanjó que serán 19 los convencionales que integrarán la instancia. Sumado a ello, se establecieron objetivos generales y específicos.

“Proponemos una visión histórica para el establecimiento de los principios relativos al derecho a la verdad, justicia, memoria y reparación, de manera que se garanticen en la nueva Constitución”.

Lo anterior es parte de un párrafo planteado por la Lista del Pueblo y los pueblos originarios, lo que fue aprobado.

Sin embargo, este grupo no contó con apoyo en la propuesta de objetivos específicos, que fueron calificados como “más radicales”.

Allí fue aprobada la idea del colectivo socialista, que entre varios puntos planteaba por ejemplo proponer medidas genéricas de reparación a los distintos órganos del Estado y documentar los antecedentes recabados por la comisión sobre las violaciones a los Derechos Humanos.

Sobre el rol de la comisión habló el convencional Pedro Muñoz (PS), quien aseguró que con esta se busca “estandarizar o recopilar documentos respecto a estándares internacionales de Derechos Humanos, que se hace cargo de forma expresa de la incorporación de grupos históricamente discriminados”.

Por su parte, la convencional comunista Valentina Miranda recordó que las comisiones existentes son provisorias, por 30 días, aunque cree que estas le darán “un preámbulo a la discusión constitucional”.

Chile Vamos cuestiona

Desde la otra vereda existieron cuestionamientos. No solo por el enfoque de los objetivos, sino que también por la preocupación de los plazos en el trabajo constituyente.

Ruggero Cozzi, constituyente RN, indicó que hay varios aspectos que considera “positivos” sobre la creación de esta comisión, aunque a su juicio debería incorporarse un enfoque más amplio en relación a Derechos Humanos.

Arturo Zúñiga (UDI) sostuvo que es importante observar el carácter de esta comisión: provisoria. Para él, el plazo de 30 días no es suficiente para abordar todos los objetivos.

¿Retroactividad?

Estas comisiones se suman a las instancias provisorias que ya fueron aprobadas y que están funcionando: reglamento, presupuesto y ética.

En esta última se deben zanjar las sanciones y en la instancia ya están revisando – a modo de comparación – el código de conducta de la Cámara de Diputados.

De momento, y según fuentes de Radio Bío Bío, se habla de establecer sanciones de censura.

Sin embargo, en la interna, hay quienes están por establecer sanciones monetarias.

También se deben establecer los bordes, como por ejemplo, de qué tipo de conducta debe ser sancionada.

Por otro lado persiste en algunos la idea que el castigo sea retroactivo, lo que no genera consenso transversal.

Según dijo la convencional independiente de la Lista del Pueblo, Rossana Vidal, ella no tiene ninguna intencionalidad y cree que, desde un punto de vista jurídico, “la retroactividad de la ley no existe en Chile. Es una interpretación un poco equivocada”.

En tanto, Luciano Silva (RN) señaló que “un principio del derecho es que no funciona así, ni siquiera cuando planteas una ley. Es de ahí en adelante”.

Pero en otros sectores insisten que el tema no está vinculado al Código Penal, por lo que perfectamente puede hablarse de retroactividad.

Así lo defendió por ejemplo Bessy Gallardo, de Apruebo Dignidad. En tanto, el coordinador de la comisión de ética, Marcos Barraza (PC), fue en esa línea y sostuvo que es un tema que debe revisarse.

Este jueves se deliberará en torno a la ampliación de la mesa. En ese sentido, se debe proponer el mecanismo de votación y la directiva ya planteó que sea mediante patrocinio.