“El tío Pato le pegó un charchazo en la cabeza al Guillermo por llevar galletas a su
cama, pero es que lo estaba cuidando porque decía que había ratones. Los niños
dicen que los tíos les pegan porque los quieren, es que eso nos dicen. El otro día el
tío Cid le iba a cobrar al Diego y yo le dije que por favor no, que yo cobraba por él y
yo le tuve que pegar. El Diego me dio las gracias. Yo lo hice porque lo quiero como
a un hermano”. (Relato de menor incluido en oficio a Fiscalía Regional)
No ha sido sólo el Sename y el Ejecutivo los que se han involucrado en las
vulneraciones en el Cread de Playa Ancha.
También se han intentado perseguir las responsabilidades penales por maltratos y
torturas al interior del centro.
Recién en octubre fueron formalizadas ocho personas, tres años después de la
primera querella, entre ellas José Cid, mencionado en el caso recién citado.
Pero la Fiscalía decidió no procesar a una decena de funcionarios de los que tiene
antecedentes, por lo menos, pues es probable que el Ministerio Público posea
información sobre gran parte de los 51 que han sido indagados administrativamente.
Por otro lado, Contraloría ha permitido que el Sename mantenga a los trabajadores
acusados en los centros, mientras que la Corte de Apelaciones de Valparaíso cerró
un recurso de protección en que se pedía que obligara al servicio a evaluar a los
funcionarios, con lo que podrían haber salido los denunciados.
“Me están cuidando a golpes”
En marzo de 2016 se presentó la primera querella por torturas y maltratos en el
Cread de Playa Ancha, por el Programa de Representación Jurídica (PRJ) de la
Fundación Mi Casa –organismo colaborador de Sename– durante el periodo de
Elórtegui. Esto se sumaba a un oficio de mayo de 2015 donde se informaba al
Ministerio Público de denuncias contra a los menos siete funcionarios.
Las declaraciones de los niños, recibidas en distintas instancias por el Sename y
consignadas en numerosos documentos que están en poder de Fiscalía, dan cuenta
de los distintos apremios ilegítimos a los que habrían sido sometidos.
“El tío Cid me metió fuerte a la ducha fría con ropa, me empujó muy fuerte y yo me
resbalé adentro del baño y me golpeé y se me salieron dos dientes (muestra su
boca sin los dos dientes). El tío estaba enojado porque yo había hecho show, por
eso me tiró fuerte”. (Declaración de un niño incluida en una de las querellas
contra funcionarios del centro).
“No me gusta el tío Chubi [sería Luis Rubilar], castiga mucho, manda a acostar sin
que hayamos hecho nada y pega fuerte. Cuando nosotros venimos acá a hablar con
usted o con el tío Christian, después el tío Cid y el tío Chubi nos preguntan de qué
hablamos y qué nos pregunta para que no contemos. El tío Chubi me dice que no
puedo contar, porque si no estaré castigado hasta que me vaya, él me da miedo”.
(Contenido en oficio a Fiscalía del 19 de mayo de 2015).
“Yo he sentido injusticia en la casa cuando no comparten mis gustos. La mami
Carola me dice que soy un cabro tonto, siento que no me incluyen”. (Contenido en
oficio a Fiscalía del 19 de mayo de 2015).
“El otro día el tío Greg le hizo una llave fuerte al Jorge en la calle, fuera de la
escuela, y un caballero del furgón escolar le dijo que no podía pegarle y le pidió su
nombre porque lo iba a denunciar. A mí no me importa que me peguen a mí, pero
me da mucha pena que le peguen a mi hermano Javier porque él es enfermo. Todos
los tíos pegan. La mami Carola y la mami Marcela sólo palmadas en el poto, no tan
fuertes”. (Relato de niño de 12 años a psicóloga durante sesión el 14 de mayo
de 2015. Incluido en querella).
“El tío Juanito le pegó a todos los de la pieza cuatro con el mango de la pala, por no
querer irnos a acostar… Yo recibí cuatro barillazos, dos en los brazos y dos en las
piernas”. (Relato contenido en oficio del 14 de julio de 2016).
“Estábamos hueveando con el tío Rafa y de pronto se enoja y me pega una
cachetada y yo me puse a llorar, y le dije que no se debe pegar a los niños porque
este era un hogar de protección”. (Relato contenido en oficio del 14 de julio de
2016).
“El otro día el tío Greg le pegó al David porque él dijo ‘viejo culiao’, pero no se lo
decía a él. Lo empezó a tirar y arrastrar fuerte por la escalera, lo vimos todos los
niños que no vamos a la escuela”. (Relato de menor incluido en oficio a Fiscalía
Regional).
A tres querellas del Programa de Representación Jurídica (PRJ) han seguido una
del senador Chahuán, otra del exdiputado Aldo Cornejo y la senadora Yasna
Provoste, otra del Instituto Nacional de Derechos Humanos y dos en las que
Elórtegui representa a padres de menores.
Considerando estos antecedentes, el 5 de octubre pasado se formalizó a Juan
Morales Sequeira, Rafael Garín Beltrán, Greg Olave Aguayo, Marcela Bermúdez
Berríos, José Cid Mercado, Luis Rubilar Ramírez, Luis Mandujano Arancibia y
Leonardo Lobos Gardaix por las agresiones en el Cread de Playa Ancha, todos
destituidos hoy en día por sumarios.
El delito imputado es el de apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos, tipificación hasta antes de noviembre de 2016 de la tortura.
Lee También: Formalización por torturas: revelan nuevos antecedentes sobre tramas de maltratos en Sename porteño
Chile ha firmado tratados internacionales al respecto, uno de ellos es la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que establece
que: "Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se
inflinjan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de
investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como
medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”.
“Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos
tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o
mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica", se añade.
De acuerdo a la querella del INDH, la legislación interna permite una pena de
presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo (de 541 días a cinco
años) para los funcionarios que aplicaran estos tormentos o los consintieran. Las
mismas penas en un grado más bajo corresponderían para aquellos que conociendo
los apremios, y pese a tener la autoridad, no los detuvieran.
Según el abogado Juan Carlos Manríquez, quien lleva la representación del senador
Chahuán en la arista penal, la imputación de torturas se sostiene pues existen
agresiones que van más allá de las contenciones a los menores, que fueron
sostenidas en el tiempo.
“Además hay que considerar la persona ofendida, su incapacidad de defenderse, la
circunstancia en la que se encuentra, por estar bajo la tuición del Estado, por haber
sido practicado ese acto por agentes del Estado que debiesen estar a su
cuidado”, detalla Manríquez.
Por lo menos una decena más sin formalizar
Aunque tenía antecedentes contra ellos, Fiscalía no procesó a, por lo menos, una
decena más de trabajadores de los que ha recibido acusaciones.
Tres de ellos no fueron formalizados, pese a que ya fueron destituidos en sumarios
por Sename y se los citó explícitamente en las querellas: Luis González Farfán,
Carolina Macías Canales y Patricio Pizarro Gaete.
Contra todos ellos existen testimonios de menores que incluso han sido conocidos
públicamente.
“El tío Luis González nos hace llaves, me agarra de la nuca fuerte, me dobla los pies
hacia atrás”. (Relato contenido en oficio de julio de 2016).
“Algunos chiquillos provocan al tío González, por eso golpea”. (Contenido en oficio
a Fiscalía del 19 de mayo de 2015).
“El tío Luis González me trata bien, ya no me pega, sólo ayer me pegó en la oreja,
me dejó sordo. Estaba jugando a hacer llaves con el Prado a la hora de la cena y el
tío Luis me pegó más fuerte que el Prado”. (Contenido en oficio a Fiscalía del 19
de mayo de 2015).
“Cuando está el tío Greg y el tío Luis uhhh, ¡queda la embarrada! Pegan demasiado.
(Contenido en oficio a Fiscalía del 19 de mayo de 2015).
“La tía Carola da palmadas en la espalda, fuertes”. (Contenido en oficio a Fiscalía
del 19 mayo de 2015).
“Yo he sentido injusticia en la casa cuando no comparten mis gustos. La mami
Carola me dice que soy un cabro tonto, siento que no me incluyen. El tío Pato nos
hace llaves y la otra vez me tenía la rodilla en la cabeza porque quise ponerle dos
frazadas a la cama, por eso se enojó”. (Contenido en oficio a Fiscalía del 19 de
mayo de 2015).
“Me siento inseguro, porque la tía Carolina cuando llegué me dijo: ‘Te vamos a
cuidar bien cuidado’… y me están cuidando a golpes”. (Relato contenido en oficio
de julio de 2016).
“El tío Pato le pegó un charchazo en la cabeza al Guillermo por llevar galletas a su
cama, pero es que lo estaba cuidando porque decía que había ratones. Los niños
dicen que los tíos les pegan porque los quieren, es que eso nos dicen”. (Relato de
menor incluido en oficio a Fiscalía Regional).
“Una vez el tío Pato con el tío Mauri nos dejaron formados muchas horas afuera de
la casa, como hasta las 12 de la noche”. (Relato contenido en oficio de julio de
2016).
A ellos hay que sumar las acciones legales contra Andrés Riquelme y Mario
Galdames, ya mencionados, y Claudio Díaz Gallegos y Nelson Gutiérrez Donoso.
Los dos últimos aparecen en la misma querella contra Galdames, presentada tres
días antes de la formalización, por haber agredido al niño D.
En el caso de Díaz, en un informe del PRM Ayén de la ONG Paicabí al Tribunal de
Familia, del 16 de agosto, el menor manifestó que el ETD lo golpeaba.
“Me puse a pelear y el tío nos separó y me pegó en la cara con la mano. Todavía
tengo hinchado, fue con intención. Y me dijo: ‘Cabréate hijo de puta’”, expresó el
menor.
Pese a que el Sename tuvo que estar en conocimiento de este informe, Díaz no fue
apartado de sus funciones durante agosto, pues siguió firmando en el centro ese
mes.
En septiembre, al conocer esta situación, Esteban Elórtegui representando al padre
pidió al tribunal que decretara una cautelar de alejamiento, lo que fue concedido el
día 28 e implicó la salida de Díaz del recinto.
“El Tribunal de Familia que ya estaba en conocimiento de lo que pasaba, ¿qué hizo?
Nada. ¿Qué hizo la curadora ad litem (representante legal del niño)? Nada.
Entonces lo que nosotros hicimos fue pedir que saliera de ahí y se otorgó la
medida”, cuestiona Elórtegui.
En el caso de Gutiérrez, en la querella se acusa que existe una Ficha Única de
Seguimiento de Casos en la que otro menor denuncia golpes y un intento de
ahorcamiento del trabajador, lo que fue confirmado por el niño D., quien también dijo
haber sufrido una inmovilización por parte del mismo educador.
Además, el Ministerio Público recibió el informe de la Brisexme con los dos casos
que ya han sido citados. En el primer relato, la asistente social que conversó con P.,
quien resultó con un ojo reventado, identificó como los ETD que no intervinieron a
los “tíos” Andrés, Cordovés, Magdalena y Mariela.
En el segundo caso, del menor golpeado con el palo del escobillón, aparte de
Riquelme, son mencionados María Julieta Pacheco, Mario Galdames y Sergio
Montero.
Por último, la Fiscalía ha entrevistado a menores por las situaciones del maltrato. En
una confusa declaración al Ministerio Público, probablemente porque se trata de un
niño, aparece otro funcionario: “Los tíos del Cread antes los me trataban mal con
coscorrones en la cabeza y nos hacían pelear el tío Pato (Patricio), el tío SID,
Esteban Lira y el tío Gonzalo”.
Aunque no se pudo identificar al “tío Gonzalo” con la nómina del Cread que posee
BBCL, sí se menciona a Esteban Lira, quien también seguía en el centro en agosto
y ha sido sobreseído en tres sumarios. La declaración fue firmada en los mismos
términos por otro niño.
La cifra de los 10 no formalizados es incluso conservadora, pues considera sólo
denuncias en documentos de los que hay constancia que recibió el Ministerio
Público.
Sin embargo, la circular 2309, que regula los procedimientos de Sename ante los
maltratos, ordena que tanto los funcionarios como aquellos que prestan servicios al
organismo denuncien a la “autoridad competente en materia criminal” si se
considera que los hechos pueden constituir un delito.
Por ello, es probable que la Fiscalía haya recibido antecedentes contra gran parte
de los 51 trabajadores que fueron indagados administrativamente, contando a los
ocho que sí se formalizaron.
Una formalización después de tres años
Pese a que desde mayo de 2015 el Ministerio Público cuenta con antecedentes, el 5
de octubre pasado recién se formalizó la investigación contra ocho funcionarios.
En septiembre del 2017, de hecho, los querellantes habían pedido un fiscal
exclusivo en una reunión con el entonces persecutor regional de Valparaíso, Pablo
Gómez, lo que no fue concedido, quedando Juan Ignacio Sepúlveda a cargo.
Pese a la demora en el proceso, el abogado Juan Carlos Manríquez tiene confianza.
“Uno siempre cree que las cosas pueden hacerse antes, pero un tema tan delicado
como este yo prefiero que mejor que se actúe con prolijidad aunque vaya más lento.
Por lo menos yo no tengo un reparo particular de mi parte”, expresa.
Más crítica de estos plazos es la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien
manifiesta que los afectados no pueden seguir esperando
“Esos tiempos dan cuenta de que desafortunadamente no se comprende o no se
logra internalizar la necesidad de avanzar con mayor rapidez y celeridad para dar
esta respuesta que los niños necesitan. Este tipo de hechos no pueden mantenerse
y persistir en el tiempo, porque afectan a los niños que están más vulnerables”,
critica Muñoz.
BBCL se puso en contacto con la Fiscalía de Valparaíso para consultar al fiscal
Juan Ignacio Sepúlveda sobre los plazos, el estándar de pruebas que consideró al
momento de la formalización y la decisión de no someter a proceso a los
funcionarios referidos, además de otros temas, pero el encargado de
comunicaciones excusó al persecutor pues “no está dando declaraciones a
medios”.
Sobre el proceso judicial, Luis Cortez asegura que es el único en el que realmente
creen, pues, según su visión, los sumarios por los cuales se destituyó a funcionarios
fueron “intervenidos”.
Cortez adelanta que también pretenden querellarse contra los directivos del Sename
cuando habrían ocurrido los hechos denunciados, incluido Elórtegui, pues de
acuerdo a él si es que estos acontecimientos se confirman ellos también tendrían
responsabilidad.
“Se supone que aquí hay un director de centro, hay jefes técnicos, hay supervisores,
está el director regional de la época. Bueno, ellos están para evitar ese tipo de
cosas”, manifiesta Cortez. “Vamos a esperar la próxima audiencia, que creo que es
en marzo, creo que el 4 u 8, pero los abogados van a presentar todo lo que tengan
que presentar. Esto no va a quedar así, no vamos a quedar con la mancha de
este tema”, añade.
Otros tres procesos
Además de la arista principal contra los ocho formalizados, ha habido otros tres procesos judiciales.
El primero fue la causa por la que Esteban Lira resultó condenado a pagar dos UTM por las lesiones leves con las que terminó el menor S. en 2014.
El segundo fue contra la exfuncionaria Carla Toro, acusada de agredir a un niño de 12 años en diciembre de 2015.
“Susana Toro, la directora del centro en ese entonces, estaba en su oficina y escuchó unos gritos del segundo piso. Salió corriendo, fue a la casa C y pilló a la educadora golpeando al niño mientras se duchaba. Me llamó Susana y le digo: ‘Bueno, hay que llamar a Carabineros y que se la lleven detenida’”, narra Esteban Elórtegui, director regional en ese entonces.
Sin que lo determinara un sumario, el Sename la destituyó inmediatamente por la gravedad de los antecedentes.
Mas en el área judicial se llegó a una suspensión condicional del procedimiento en febrero de 2016, por la que Toro sólo se comprometió a no acercarse al niño por un año y no admitió su culpabilidad.
Por último, todavía está en curso una causa contra el exfuncionario Herman Bustamante, quien habría dado una cachetada a una menor en enero de 2018.
De acuerdo al relato de una trabajadora que fue testigo, todo comenzó cuando la adolescente G. se negó a hacer lo que otra ETD le ordenaba y se puso a revisar su mochila. Cuando la educadora se la intentó quitar, comenzó un forcejeo en el que la menor le lanzó manotazos.
“Tuvimos que pedir apoyo a coordinación, en eso llegó Herman a apoyar y yo llevé al resto de niñas para el otro lado. Desde ahí escuché que Herman le decía a G.: ‘A mí no me vas a morder”. Escucho el ruido de una cachetada y al darme vuelta veo la mano de Herman sobre la cara de G.”, contó la testigo.
En una respuesta al tribunal, la directora del Cread informó que se destituyó a Bustamante por el caso, lo que habría ocurrido sin que se determinara en un sumario.
Pero el Sename ya tenía antecedentes contra Bustamante, pues el 28 de mayo de 2017 se abrió una investigación administrativa contra él y otro funcionario, Yvo Yagi, por maltratos físicos y sicológicos contra cuatro residentes. Bustamante no habría sido apartado, lo que permitió que volviera a estar involucrado en situaciones similares.
En cuanto a la persecución penal, se realizará un procedimiento simplificado que tiene una audiencia programada para el 21 de marzo.
Cómo Contraloría permitió a Sename vulnerar la normativa por maltratos
No sólo Alay ha permitido que los funcionarios acusados de maltratos sigan en el
Cread de Playa Ancha, sino que también Contraloría ha avalado que esto suceda.
El órgano realizó una auditoría tanto al CIP-CRC de Limache como al Cread de
Playa Ancha entre 2015 y 2018, por lo que en septiembre pasado se entregó el
informe final Nº 285 de 2018.
Además de constatar una serie de faltas administrativas, se pronuncia sobre los
maltratos, reconociendo que hay trabajadores que se mantienen trabajando con
menores a pesar de que no debería ser así por estar acusados de agresiones.
“Sobre los casos relacionados con acusaciones por maltrato de funcionarios de
Sename de Valparaíso en contra de los NNyA (niños, niñas y adolescentes), las
medidas de protección adoptadas propendieron a la reubicación de los menores
involucrados, o bien, al cambio de casa del educador de trato directo denunciado,
proceder que no se ajusta a lo establecido en el Nº 4, letra b), de la citada circular
Nº2.309, de 2013”, manifiesta Contraloría.
La circular mencionada, que trata sobre los procedimientos ante situaciones de
maltratos, establece claramente que un funcionario acusado debe ser sacado de su
labor y destinado a otra por la Dirección Regional para “prevenir eventuales nuevas
vulneraciones”, sin perjuicio de las facultades del fiscal que pueda quedar a cargo
de un sumario por los hechos, de determinar la suspensión o que cumpla otra
función.
Lo insólito es que pese a constatar que la Dirección Regional, representada
por Rachid Alay, no ha cumplido con su obligación, Contraloría no le pidió al
Sename que sacara a los acusados del trato con los menores, sino que avaló
la justificación que entregó el servicio.
“A juicio de esa entidad, [esta situación] se debe a la escasa dotación de personal
(por licencias médicas, prolongados procesos de selección de personal y
dificultades para contratar reemplazantes). Ese organismo debe dar cumplimiento a
lo comprometido en la respuesta, en orden a que dicha debilidad será superada con
la implementación del nuevo modelo de intervención, y adoptar las medidas que
resulten pertinentes para evitar su reiteración (Acápite II, numeral 3, letra a) (AC))”,
explica Contraloría.
Dicho en simple, Contraloría le dio permiso a Sename para transgredir la normativa
en este aspecto, destinada a proteger los derechos de los NNA, hasta que exista un
“nuevo modelo de intervención”, para lo cual ni siquiera se estableció un plazo
definitivo.
“No se puede seguir esperando para que se cumpla, porque la instauración de
residencias familiares primero es progresiva y, segundo, claramente no se ha
logrado realizar con la celeridad que los niños requieren”, manifiesta Patricia Muñoz,
defensora de la Niñez.
La relatora de Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, es aún más enfática, sobre
todo por la excusa de la falta de personal.
“¡Pero es un absurdo esa respuesta! Y así lo tengo que calificar porque... ¿cómo
puede ser esa respuesta? ¿Usted sabe lo que representa la situación de autoridad
con los niños? Las personas que están trabajando en estos centros, en la vida diaria
de la convivencia, la relación que tienen con los niños es de autoridad, que los
coloca en una situación de poder. Los niños están más expuestos al peligro, el
riesgo es mayor”, fustiga la comisionada.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso
A pesar de haber sido requerida en ese sentido, la Corte de Apelaciones de
Valparaíso no obligó al Sename a evaluar la idoneidad a los funcionarios acusados
de maltratos, lo que podría haber permitido sacarlos del Cread de Playa Ancha.
La Corte había establecido medidas cautelares por un recurso de protección
interpuesto por Elórtegui en 2017 a favor de los residentes del centro.
En su sentencia, dicho tribunal ordenó al Sename “dar pronto término a los sumarios
administrativos pendientes, para establecer responsabilidades personales respecto
de maltratos a los niños internados en el Cread”.
Además, determinó que se debía evaluar la “idoneidad del personal” que trabajaba
en el lugar, especialmente los de trato directo “sancionados administrativamente por
maltrato”.
Pese a que periódicamente el Sename envió informes de cumplimiento de las
medidas decretadas por la corte, no se estableció en ellos un instrumento para
“evaluar la idoneidad”.
Elórtegui volvió a solicitar en mayo al tribunal que pidiera al Sename cumplir con la
medida, acusando que esta era necesaria, pues funcionarios que habían estado
suspendidos por más de un año en procesos sumariales por maltratos volvieron a
trabajar y se registraron nuevas acusaciones contra ellos.
“Tal es el caso del sr. Sergio Montero, quien registra dos sumarios en su contra, uno
en que fue sobreseído y otro en curso, existiendo en ambos casos constatación de
lesiones de los niños que lo denuncian”, expresa Elórtegui en el escrito.
En el documento, el ex director regional denunció irregularidades en el proceso por
el que Montero fue sobreseído, que corresponde al caso en que el menor
involucrado declaró haber recibido tres puñetazos.
“La ‘medida de protección y resguardo’ que se adopta fue cambiar de casa al niño.
Se decreta sobreseimiento en el proceso sumarial, sin responsabilidad de nadie, en
circunstancias que no se considera la constatación de lesiones del niño, como
tampoco la falta de comunicación sobre el ‘incidente’, el que se ventila recién en
virtud de la denuncia del colegio”, agrega en el escrito Elórtegui.
Y añade: “Asimismo, el informe en derecho en el sumario, previo a la resolución de
sobreseimiento del director regional de Sename y que sirve de sustento técnico a la
decisión de la autoridad regional en los sumarios, no contiene análisis técnico, no
emite opinión en derecho sobre la medida que ha de aplicarse al caso. El informe
del Centro Trafún de la ONG Paicabí, en tanto, que atendía al niño, indica que ‘se
logra corroborar el evento de agresión física ocurrida en Cread por parte del
educador, donde la profesional Gloria Román, psiquiatra del Cread, ratifica dicha
agresión’”.
Pero la Corte de Apelaciones no se pronunció sobre esto: “Tales reproches se
corresponden con alegaciones que deben ser ventiladas dentro del mismo
procedimiento sumarial”, manifestó el tribunal, sin reconocer que la denuncia
ilustraba la pertinencia de evaluar a los funcionarios como Montero, que han sido
acusados de maltratos pero han vuelto sin ser sancionados.
Después de eso, el servicio simplemente se limitó a informar que se evaluaría a los
funcionarios una vez implementadas las residencias familiares que reemplazarían al
Cread.
Pero todavía no hay fecha para la clausura del centro, pues el Sename se ha
negado sistemáticamente a volver a entregar un plazo definitivo, después incumplir
su promesa ante la ONU de que se haría en abril pasado.
El servicio pudo mantener a los funcionarios sin evaluarlos, pues la Corte de
Apelaciones de Valparaíso aceptó las respuestas del organismo, sin pedir que se
apurara en determinar si era apropiado que trabajaran con niños, niñas y
adolescentes, dados sus antecedentes, aquellos que habrían estado involucrados
en casos de maltratos.
Según se conoció públicamente, en diciembre existió un proceso de evaluación de
trabajadores, que contaba con entrevistas en profundidad, un psicolaboral y revisión
de antecedentes curriculares, para continuar en el modelo de residencias familiares.
Pese a que se dijo que los sancionados no serían parte, si es que los funcionarios
estaban todavía acusados en sumarios por maltratos sí podían participar, según
confirma Jorge Borredá.
“Todos aquellos que pasaban la psicolaboral, existía la posibilidad de ubicación en
uno de estos centros o en un centro de administración directa en la región. La
segunda parte es el proceso sumarial, que parte de la premisa de suponer la
inocencia de aquella persona que es acusada. Al no estar terminado, lo que el
servicio determina es decir, pasamos, y esperamos que se resuelva el proceso”,
cuenta Borredá.
De los 21 funcionarios que ejercieron en agosto, pese a estar o haber sido acusados
de maltratos, sólo hay constancia de que una trabajadora fue sancionada, por lo que
si la evaluación se hubiese realizado ese mes los otros 20 hubiesen podido
participar, al igual que nueve trabajadores que estaban suspendidos por agresiones.
Debido a que el director regional del Sename se negó a una entrevista, no se le
pudo preguntar sobre este proceso. Entre otras cosas, se le pretendía consultar si
se evaluó pedir antecedentes penales, con lo que se hubiera descubierto, en caso
de que no hubieran sabido, que Sergio Montero y Esteban Lira habían sido condenados por lesiones leves, y en base a ello reflexionar sobre si es pertinente que sigan trabajando con menores.
Sobre este procedimiento tampoco se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de
Valparaíso, pues archivó el recurso de protección en noviembre pasado, cuando no
se había realizado evaluación alguna.
