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La Fiscalía de Ovalle inició una investigación por la destrucción de las casetas de peaje en la Ruta D43, que resultaron incendiadas este martes tras una manifestación contra el alza en los cobros.
El fiscal jefe de Ovalle, Carlos Jiménez, concurrió al lugar junto con la Sección de Investigación Policial y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros para recabar información, realizar entrevistas y revisar registros de las cámaras de seguridad.
Los hechos se investigan bajo la tipificación de desórdenes públicos, daños e incendio.
El hecho de violencia se registró luego que la concesionaria de la carretera anunciara que a partir del 1 de enero de 2020 el peaje para automóviles, que actualmente cuesta $2.550, pasará a costar $3.050, lo que produjo el rechazo de la comunidad y de las autoridades de las comunas que se verán afectadas por el alza.
Molestia en el MOP
El anuncio del alza habría causado molestia en el Ministerio de Obras Públicas, debido a que las otras empresas del país aceptaron la propuesta del Gobierno de mantener los valores, especialmente en el contexto del estallido social.
De hecho, el MOP pidió a las concesionarias de todo el país adherirse a la propuesta de mantener las tarifas a partir del 2020, como una forma de mitigar los cobros que han sido tan cuestionados por la ciudadanía.
No obstante, la empresa concesionaria Ruta del Limarí fue la única de la zona que se negó a mantener el precio en los cobros de peaje, anunciando un aumento a partir del 1° de enero, como está estipulado en los contratos.
De hecho, el pasado domingo, el seremi de Obras Públicas, Pablo Herman, lamentó la postura de la Sociedad Concesionaria “Ruta del Limarí”.
“El Ministerio, a través del ministro Alfredo Moreno, ha sostenido una serie de reuniones con las distintas concesionarias del país tanto urbanas como interurbanas, para llegar a acuerdos y evitar el alza que anualmente tienen los peajes”, detalló.
“En ese sentido, lamento que la concesionaria “Ruta del Limarí”, no se haya acogido a los acuerdos para eliminar el reajuste y alza del peaje, lo que no responde a lo que está pidiendo la ciudadanía, donde una de sus demandas es sobre el alza de los peajes”, sostuvo.
“Lamento que no tengan una visión social, no tengan empatía con la ciudadanía y no sepan adaptarse al momento social que viven todos los chilenos”, señaló Pablo Herman.
Sin embargo, tras lo sucedido con el incendio de las casetas, el seremi lamentó lo sucedido, aunque de todas formas reiteró sus críticas a la empresa.
En conversación con El Ovallino, Herman señaló que “lamentamos que en el resto del país se haya acordado mantener la tarifa de los peajes y precisamente esta concesión no haya querido acoplarse al acuerdo”.
Respecto los incidentes, en tanto, la autoridad indicó que “no los podemos avalar, estamos seguros que una manifestación pacífica era lo que correspondía. Lamentamos como terminó todo, pero sí hacemos un llamado a que exista conciencia social por parte de la concesionaria”.
En este punto, la autoridad invitó a la ciudadanía a “tener paciencia”, asegurando que “vamos a llegar a un acuerdo con la concesionaria, haremos todos los esfuerzos para que se mantenga el valor del peaje”.
Autoridades locales advirtieron por la decisión
También durante el fin de semana, el diputado Raúl Saldivar anticipó que esta alza iba a generar una situación nociva para el delicado ambiente que se vive en el país.
“Cuando se entregan estas licitaciones a privados, los procesos están claros del comienzo, por eso es un error del Ejecutivo el no haberse anticipado a negociar”, criticó.
Por su parte, el alcalde de Monte Patria, Camilo Ossandón, apuntó más allá señalando que a través de las concesiones se ha vulnerado un principio básico de los habitantes de la provincia del Limarí, que es transitar libremente por el territorio nacional.
En esta línea, argumentó que “el Gobierno ha pasado a llevar derechos constitucionales de los ciudadanos, ya que por ejemplo, para llegar a La Serena tenemos que transitar por la Ruta D43 o Ruta 5 Norte y en ambas se paga peaje”.
Si bien reconoce que hoy tenemos carreteras más amplias y seguras, explica que la falta de rutas alternativas condiciona a las personas “vulnerando principios básicos de la Constitución”.
En este punto, plantea la necesidad de construir en paralelo un nuevo tramo, la llamada Ruta Andina, con la intención de “garantizar el derecho de poder transitar libremente por las calles del país”.
En esa línea, el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, señaló que “el peaje no debería subir ningún peso, es lo que corresponde. Si hacemos una comparación con otros peajes, nos damos cuenta de la desproporción, es el más caro de Chile”.
En la misma línea, aseguró que el alza de la tarifa “es un abuso de quienes generaron los espacios para que los empresarios llegaran acá”.
Caso TAG
El caso de Ovalle tiene un antecedente con lo sucedido en la región Metropolitana con el cobro del TAG, aunque con manifestaciones menos radicales.
En el caso de la capital, la movilización la lideró el movimiento No+TAG quienes cuestionaban las altas tarifas de peaje electrónico y manual.
La agrupación exigía la rebaja de un 80% al valor de los pórticos, un perdonazo a quienes mantienen deudas con el sistema, tarifa plana sin diferencias de horarios y que tener multas por morosidad no sea impedimento para renovar el permiso de circulación.
Tras diversas manifestaciones con decenas de vehículos que bloquearon la Ruta 5, Américo Vespucio y la Costanera Norte, finalmente el Gobierno anunció un proyecto de ley para condonar deudas por circular sin tener habilitado el TAG.
No obstante, el movimiento continúa realizando manifestaciones debido a que no quedaron conformes con lo acordado con el Ejecutivo.
La Ruta del Limarí
El tema de las concesiones no es algo nuevo en nuestro país desde el inicio de su implementación durante el gobierno de Patricio Aylwin, debido al atractivo modelo de negocios que atrajo a inversionistas de otras partes del mundo, como España e Italia, y también de lugares tan apartados como los Emiratos Árabes Unidos.
En el caso de la Ruta 43 se trata de una vía de 86 kilómetros que conecta las ciudades de Coquimbo con Ovalle, y que está a cargo de la empresa Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A., quien tiene su concesión hasta mayo de 2043.
De acuerdo a su memoria anual 2018, la entidad controladora directa es Concesiones Viales Andinas Chile S.p.A. (Sociedad Anónima cerrada), que a su vez es controlada por Sacyr Concesiones Chile S.p.A., entidad con base en Chile pero con capitales españoles.
Según los datos en ese mismo documento, al 31 de diciembre de 2018, la sociedad obtuvo una ganancia de 3 mil millones de pesos (M$ 3.039.237) lo que implicó un aumento de más de 2 mil 347 millones de pesos (M$ 2.347.097) respecto de la cifra de 2017.
