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Después de que se revelara que Álvaro Corbalán, ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), y otros 14 militares cumplían de acuerdo con Gendarmería los requisitos para la libertad condicional, desde la institución afirmaron que se abrió un sumario porque no se aplicó en el informe las nuevas disposiciones que aumentan las exigencias para condenados por crímenes de lesa humanidad.
Esta jueves un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, dio a conocer que 15 militares condenados por violaciones de derechos humanos fueron propuestos por Gendarmería para acceder a la libertad condicional, entre ellos Álvaro Corbalán.
Tras ello, desde Gendarmería informaron que se abriría una investigación administrativa al respecto. Según expresaron, después de que se modificaran en enero de 2019 los requisitos para optar a la libertad condicional, adoptando el Estatuto de Roma para los presos por delitos de lesa humanidad, la institución dictó instrucciones, pero al parecer esas directrices no fueron seguidas en algunos casos.
Gendarmería clarificó que “quien finalmente decide si se entregan estos beneficios es una comisión compuesta por jueces, tomando en consideración los informes psicosociales preparados por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería. Esto es así pues, en 2012, se modificó la ley eliminándose la participación de los seremis de Justicia en dicha comisión, para evitar que se mezclaran consideraciones políticas a la hora de decidir la entrega de estos beneficios”.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló que esta no es la primera vez que ocurre este tipo solicitudes, agregando que en el caso de Álvaro Corbalán no cumplió con los requisitos en el pasado, y lo más probable es que tampoco lo haga ahora.
El secretario de Estado manifestó que el cambio de requisitos hace más difícil de cumplir con ellos por parte de las personas que han cometido delitos graves, como los de violaciones a los derechos humanos.
“Para que una persona que ha cometido delitos de lesa humanidad pueda lograrlo (libertad condicional), tiene que hacer muchos méritos y acreditarlos”, añadió Larraín.
En relación a los condenados que se encuentran con enfermedades terminales, dijo que en esos casos no se trataría de libertad condicional, sino que de un indulto humanitario, pero eso se está trabajando en un proyecto de ley.
“Creemos que lo humano es que se puedan morir en sus casas”, comentó.
En casos de condenados por delitos graves, entre los requisitos para acceder a la libertad condicional está cumplir con al menos dos tercios de la pena, mientras que en los de lesa humanidad deben acreditar un compromiso con no cometer más actos de violencia.
Abogado de Corbalán insiste en que cumple requisitos
El abogado Raúl Meza enfatizó que sus representados, entre ellos Álvaro Corbalán y Miguel Estay –conocido como “El Fanta”–, han cumplido los requisitos legales.
“Es un derecho que tiene cualquier reo en este país, independiente de la naturaleza del delito por el cual ha sido condenado. Los reos de Punta Peuco por muchos años han cumplido largamente los requisitos que establece el Decreto Ley 321 para optar al beneficio de la libertad condicional. Por lo tanto, a mí me parece que es de justicia”, aseguró.
El ex director nacional de Gendarmería, Claudio Martínez, manifestó que los presos están cumpliendo con el tiempo mínimo para postular.
Martínez opinó que la “ley contiene un vacío” y que el problema se volvería a repetir en un tiempo más.
“Es una tarea pendiente de los actores políticos el hacer una consideración específica”, afirmó.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, enfatizó que cada vez que salen estas noticias le violentan.
“La justicia siempre ha sido en la medida de lo posible, a pesar de los atroces crímenes que han cometido. Lamentablemente, diríamos que los otros gobiernos fue poco lo que en algunos aportaron, pero en este ha sido nefasto”, recalcó.
