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La acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, ya empieza a vivir sus horas clave en la Cámara de Diputados.
A las 11:00 horas de este lunes, la comisión revisora de la acusación constitucional, integrada por cuatro miembros de Chile Vamos y sólo una diputada de oposición, revisará el informe final y entregará un veredicto respecto a la idoneidad de los cinco puntos del libelo opositor que pide su destitución. Es la instancia previa a su discusión en Sala.
En concreto, el texto alude a supuestas infracciones cometidas por la secretaria de Estado a la Constitución, además de faltas a la ejecución de leyes, principalmente, aquellas que componen la reforma educacional aprobada en el Gobierno anterior.
Asimismo, apunta a una eventual vulneración del principio de probidad, en su dimensión de falta de veracidad, respecto de la información que entregó la secretaria de Estado sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE), en medio de la campaña comunicacional del Gobierno por el fallido proyecto de Admisión Justa.
Además, la oposición acusa que la ministra Cubillos no ejerció el control jerárquico para la buena implementación de la Ley de Nueva Educación Pública y falta de ejecución presupuestaria en la puesta en marcha de las leyes de Educación Superior y Universidades del Estado.
Si bien el resultado no es vinculante, la comisión revisora votará este lunes si están a favor o en contra que se de curso a la acusación y entregarán formalmente una recomendación (en un sentido u otro) a la Sala de la Cámara.
Tras ese paso, la discusión queda en manos de todos los diputados el martes. Aunque lo primero que se discutirá ese día será la llamada cuestión previa.
Tal como lo dice el nombre, se discute antes de la acusación constitucional para analizar la admisibilidad de la petición para removerla de su cargo. Es el segundo paso.
La solicitud la presentó Cubillos el lunes pasado por escrito, argumentando que “el libelo acusatorio no cumple con los requisitos establecidos por la propia Constitución”. Si gana ese punto, la acusación constitucional se da por no presentada y ni siquiera se discutiría el fondo. Dicho punto lo dirimen los diputados en Sala.
Pero si la oposición consigue los votos para descartar la cuestión previa, ahí sí se pasarían a discutir los argumentos base de la acusación. Para ambas cosas, la cuestión previa y la acusación propiamente tal, los votos de la DC resultarán indispensables para que prospere el plan de la oposición.
Hasta ahora, los falangistas han expresado dudas respecto a la pertinencia de los argumentos para destituir a la ministra. Así que la cruzada de la oposición mantiene un pronóstico incierto.
Gabriel Ascencio, jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, admitió que “sería bueno que no hubiera ningún voto demócrata cristiano a favor de la ministra”, en cuyo escenario la solicitud de destitución sería formalmente presentada y se votaría la opción de sacarla del cargo.
Pero “todos los diputados (DC) tienen aquí libertad para votar”, aseguró Ascencio. Lo que deja la puerta abierta al fracaso de la acusación constitucional.
Pese a ello, en la falange creen que no es justo que se les apunte como los posibles culpables de que la acusación no prospere. “Si esto se llegara a perder, yo creo que hay que buscar más en los otros partidos de la oposición. Y en esa incapacidad que ha tenido la misma oposición”, subrayó el jefe de bancada.
De momento, uno de los votos que genera más dudas es el del diputado DC Matías Walker (al igual que Jorge Sabag), quien señaló que la admisibilidad jurídica que se vota es muy importante, puesto que no solo conlleva la destitución de una ministra de Estado, sino que también su inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos. Por eso es que llamó a tomar el proceso con responsabilidad, “estudiando el libelo acusatorio, estudiando la defensa de la ministra, los informes de los constitucionalistas”.
“Voy a tomar la decisión el día martes, después de escuchar el debate en la Sala sin ningún tipo de presión”, aseguró. De modo que hasta última hora será difícil determinar el futuro del proceso.
Por eso es que el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, uno de los impulsores del texto, llamó a la oposición en conjunto a votar contra la admisibilidad de la cuestión previa y, por ende, a favor de la acusación.
“No sólo la Democracia Cristiana, sino que el conjunto de partidos de oposición, debiesen defender las reformas que fueron aprobadas durante la administración por todos nosotros. Esto forma parte del legado de los partidos de la centroizquierda y, por tanto, uno esperaría que la educación pública se defendiera y se expresara en un apoyo transversal”, remarcó.
De hecho, con la centroizquierda unida bastaría para asegurar los 78 votos para aprobar el libelo y pasar al Senado.
En ese afán, el jefe de bancada de Revolución Democrática, Pablo Vidal, defendió las críticas al fondo de la acusación diciendo que en el texto se han entregado detalles suficientes sobre las faltas a la ley que ha tenido la ministra Cubillos.
“Estamos diciendo que hay colegios que no tienen baños y que hay profesores que no recibieron sus sueldos porque la ministra no nombró a los titulares de los Servicios de Educación a tiempo, lo que es un obligación legal que ella como ministra de Estado tiene. No es un debate ideológico el que le estamos proponiendo. Estamos diciendo que la ministra no cumplió con sus obligaciones mínimas”, acusó.
Sin embargo, aunque la oposición consiga el apoyo para el fondo de la acusación el martes, ese no sería el último escollo. Desde ahí debe seguir al Senado, que en este proceso de juicio político actúa como juez.
Si la Cámara Alta vota a favor, recién ahí el proceso completaría todas sus etapas en el Congreso y Cubillos se transformaría en la tercera persona a cargo del Ministerio de Educación en ser destituida de su cargo mediante este mecanismo en los últimos 12 años, tras lo ocurrido con Yasna Provoste en 2008 y Harald Beyer en 2013.
