La Corte Suprema ordenó al Tribunal Ambiental revisar nuevamente el proyecto minero Dominga, por la posible omisión de un análisis técnico. Sus detractores anticipan que la iniciativa podría volverse “inviable” para Andes Iron, pese a la convicción de la empresa respecto de los estándares ambientales del proyecto.
El Tribunal Ambiental de Antofagasta deberá revisar nuevamente el proyecto minero Dominga, respecto a su línea de base técnica, luego del fallo de la Corte Suprema que determinó que dichos antecedentes fueron omitidos.
La sentencia del máximo tribunal revierte la decisión de la sede judicial especializada, que había acogido un recurso de reclamación contra el rechazo que tuvo el proyecto por parte del Gobierno anterior, donde argumentaban vicios formales en el procedimiento, que fueron desestimados.
Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, valoró el precedente jurídico del fallo respecto a considerar la participación ciudadana y el rol de terceros en los alegatos.
“Viene a desmitificar algunas de las cuestiones que el Servicio de Evaluación Ambiental errónea y contumazmente ha señalado sobre al participación ciudadana. No tiene que haber congruencia entre la observación y la reclamación porque eso es imposible, y los terceros tienen los mismos derechos que las partes”, señaló.
“Lo que el Servicio de Evaluación Ambiental ha estado haciendo, es simplemente coartar la posibilidad de que sus actos administrativos sean revisados”, insistió el jurista.
Detractores anticipan que la iniciativa podría volverse “inviable” para Andes Iron
Diego Lillo, abogado representante de gremios pesqueros de la zona, anticipó que el proyecto puede volverse inviable para Andes Iron, al extender el juicio hasta por cinco años más.
“En el intertanto el proyecto Dominga sigue siendo absolutamente imposible de realizar en las condiciones actuales, esto significa para nosotros prácticamente ganar dos o tres años de tiempo para que este proyecto no se haga”, destacó.
“Eso probablemente también signifique que este proyecto definitivamente no va a poder ser llevado a cabo”, sentenció Lillo.
La directora ejecutiva de Océana Chile, Liesbeth van der Meer, recalcó que el proyecto no cumple con los estándares para operar en una zona de biodiversidad única en el país.
“Por dónde van a pasar los barcos, qué va a pasar con los derrames, qué pasa con las tronaduras que van a haber ahí, qué pasa con la desaladora, tú vas a hacer un megapuerto, es un sinnúmero de preguntas que jamás se respondieron. Cuando un proyecto ahora se presenta así, se le da término anticipado y por eso el proyecto termina siendo rechazado por la Comisión Regional y por el Comité de Ministros”, enfatizó.
El exsubsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals, coincidió con que la evidencia científica es suficiente para rechazar el proyecto.
“Este fallo evidentemente pone muy cuesta arriba la ejecución del proyecto Dominga. Si el tribunal conoce los antecedentes de fondo, que son bastantes contundentes respecto al impacto ambiental que produce el proyecto, este debiese ser rechazado por el tribunal o quizá la misma empresa opte por desestimar el proyecto antes de que el tribunal se pronuncie formalmente al respecto”, anticipó.
Andes Iron valora fallo y asegura que “Dominga es compatible con el desarrollo sostenible”
A través de un comunicado, Andes Iron manifestó su convicción respecto a reafirmar la validez del proyecto. El presidente ejecutivo de la compañía minera Andes Iron, Iván Garrido valoró el fallo.
“Andes Iron reitera su compromiso invariable de cumplir con los más altos estándares en materia ambiental. Por eso valoramos positivamente, tal como lo dispone la sentencia del máximo tribunal del país, que los tribunales ambientales deban pronunciarse sobre el fondo de los aspectos jurídicos ambientales del proyecto, pues tenemos plena confianza acerca del carácter completo, exhaustivo y sólido de la evaluación ambiental que se hizo a Dominga”, señaló.
Finalmente, el alto ejecutivo de la compañía, aseguró que “tenemos la convicción que las características de este proyecto son plenamente compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en lo relativo a la protección del medio ambiente y a la biodiversidad existente en la zona, así como cumple totalmente con la legislación nacional medioambiental”.
“Tenemos la certeza de que podremos reafirmar ante los tribunales ambientales que el proyecto concilia, en base a los mejores estándares, el desarrollo minero – con implicancias locales y nacionales- con la protección del medio ambiente”, concluyó.