Las dos principales organizaciones defensoras de los derechos LGBTI en Chile acusaron este martes al gobierno de Sebastián Piñera de incumplir un acuerdo asumido ante la CIDH para impulsar el matrimonio igualitario.
La Fundación Iguales y el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) presentaron un pedido ante la Contraloría General de la República para impugnar los cambios introducidos por el gobierno de Piñera a un Plan Nacional de Derechos Humanos, redactado por el gobierno de Michelle Bachelet a pocos meses de dejar el poder en marzo de 2018.
Bachelet incluyó en este plan impulsar el matrimonio igualitario, tras el compromiso que adoptó el Estado chileno en el marco de una demanda que presentó el Movilh en 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La exmandataria envió al Congreso el proyecto de ley del Matrimonio Igualitario en 2017, mientras que un año después, la Contraloría de la República declaró la legalidad del Plan Nacional de Derechos Humanos.
Pero Piñera decidió la semana pasada modificar dicho plan y cambió el compromiso de “impulsar” el matrimonio igualitario por solo “monitorear el avance” en el Congreso, donde esta ley es actualmente discutida.
“El Gobierno tiene que entender que las obligaciones de Derechos Humanos que el Estado ha adquirido responden a derechos inalienables de las personas y por lo tanto esperamos una respuesta contundente por parte de Contraloría”, afirmó Juan Ignacio Pi, presidente de la Fundación Iguales.
“Este es un compromiso del Estado, no del gobierno de turno. Es claro que a la fecha ningún poder del Estado ha cumplido con el compromiso internacional que le compete”, sostuvo por su parte Rolando Jiménez, dirigente del Movilh.
La ley del Matrimonio Igualitario fue enviada al Congreso en 2017 por el gobierno de Bachelet, que dos años antes había promulgado el Acuerdo de Unión Civil que legaliza las uniones de parejas homosexuales, consagrando iguales obligaciones y derechos con el matrimonio, pero sin admitir la posibilidad de adopción.
El gobierno afirma que los cambios realizados son “ajustes metodológicos”, según dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien agregó que el gobierno no incumple ningún acuerdo internacional y no tiene obligación alguna de impulsar una norma que ya se encuentra en debate en el Senado.
Pero La Moneda ha caído en ciertas contradicciones. La semana pasada la Subsecretaría de Derechos Humanos endosó toda la responsabilidad al Congreso. Y cuando la oposición recogió el guante hace unos días y colocó en tabla la discusión de la iniciativa, criticaron que el legislativo no estaba respetando las urgencias impuestas por el Ejecutivo.
No obstante, ayer martes, en la Comisión de Constitución del Senado, se reactivó el debate sobre el matrimonio igualitario y -aunque no asistieron parlamentarios oficialistas o algún representante del gobierno- en la instancia se escuchó a dos organizaciones de la sociedad civil, y se proyectó votar la idea de legislar el proyecto la primera o segunda semana de octubre.
Así lo confirmó el senador y presidente de la instancia, Felipe Harboe, quien además criticó al Ejecutivo por no enviar ningún representante a la discusión, tal como ocurrió el lunes con el proyecto sobre datos personales.
Pero el ministro del Interior, Andrés Chadwick, volvió a marcar distancia con la moción parlamentaria por el matrimonio igualitario y subrayó la disposición del Ejecutivo para fortalecer el Acuerdo de Unión Civil para parejas del mismo sexo.
“Nosotros somos partidarios del matrimonio heterosexual”, afirmó.
Y mientras el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, llamó al gobierno a no esconder la cabeza en este debate; el senador de RN, Andrés Allamand, defendió que el gobierno no participe en esta etapa de la tramitación, ya que “el Gobierno no es partidario de esto y no forma parte de su programa”, subrayó.
En paralelo a este debate, generó críticas una declaración del presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), en Vía X, donde sostuvo que los niños adoptados por parejas homosexuales podrían recibir una influencia que los marque para el resto de sus vidas; dichos por los cuales el Movilh lo acusó de promover la ignorancia y lo llamó a pedir disculpas por sus dichos.