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La Policía de Investigaciones (PDI) allanó las propiedades de Francisco Frei Ruiz-Tagle, luego que se autodenunciara el 16 de agosto por el delito de estafa contra su hermano, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por un monto que bordearía los 500 millones de pesos.
Un hoyo financiero importante sería, por ahora, el principal móvil que llevó a Francisco Javier Frei Ruiz-Tagle, hijo menor del exmandatario Frei Montalva, a estafar supuestamente a su hermano Eduardo y a otras personas en el último tiempo.
Los hechos, que han generado un remezón en la Democracia Cristiana al tratarse de una familia histórica de esa colectividad, se conocieron formalmente ante el Ministerio Público el pasado 16 de agosto, cuando Frei llegó junto a su abogado a autodenunciarse por estafa.
12 días después, el miércoles, el persecutor Francisco Jacir Manterola, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago las órdenes respectivas para allanar cuatro domicilios relacionados con el investigado, diligencia que se llevó acabo.
Según se puede leer en el escrito que firmó Francisco Frei, él reconoce haber utilizado distintos instrumentos crediticios, tales como letras y pagarés, a nombre de la sociedad de su hermano, pero sin el consentimiento ni conocimiento, dice, del expresidente. Esos dineros habrían sido inyectados en la sociedad Almadena, que reúne a esa parte del clan Frei.
La empresa estafada es Saturno S.A., creada en octubre de 1988, y que pertenece a su hermano Eduardo y a su esposa Marta Larraechea. Sin embargo, pudo materializar los delitos puesto que tenía potestad para administrar esa empresa, que tiene activos inmobiliarios, pero, según su propio testimonio en la autodenuncia, él falsificó la firma y huella de Eduardo Frei.
Es por esa razón que ahora, con allanamientos incluidos, la Fiscalía tendrá que establecer qué grado de responsabilidad tendría Eduardo Frei como propietario de la compañía en los hechos. En un comunicado que emitió la familia Frei Larraechea, junto con lamentar lo que está ocurriendo, señalaron que junto a sus abogados se pondrán a disposición de la Fiscalía para colaborar con la investigación.
Pero no es lo único. De acuerdo a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, actualmente en tribunales civiles se están tramitando cinco demandas. La primera es del pasado 22 de agosto del 2019 y la última en los registros judiciales es del lunes recién pasado.
Acciones que se sustentan en protestos de cheques que al sumarlos ascienden a los 300 millones de pesos. De hecho, la acción del 26 de agosto la interpuso Cristián Rivas Álvarez, quien aduce que por prestación de servicios no le ha pagado 160 millones 790 mil 882.
Suspensión de militancia
Francisco Frei Ruiz-Tagle ocupó cargos como miembro del Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano, secretario nacional del PDC durante la presidencia de Alejandro Foxley, director de TVN, director de Radio Cooperativa y trabajó durante la dictadura en el grupo Luksic.
Frente a esta situación, ayer la Democracia Cristiana anunció que la militancia de Francisco Frei sería congelada a raíz de los hechos en que se autoincriminó.
“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga una investigación profunda, pero como partido hemos tomado la decisión de solicitar la suspensión inmediata de la militancia de Francisco Frei, mientras el Tribunal Supremo siga adelante un proceso por la responsabilidad disciplinaria, en tanto a la conducta que uno espera de un militante”, declaró Fuad Chahín, presidente de la Falange.
Todo esto vendría a quebrar todavía más la relación interna de la familia Frei, que ya con la investigación de la muerte de Eduardo Frei Montalva había sufrido un remezón importante.
Cuentas del expresidente
Al revisar el Dicom de las empresas de la familia Frei y a sus representantes, se puede constatar que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en estos momentos aparece en el boletín comercial con una deuda impaga de 28 millones de pesos, incluso tiene 399 de 999 de riesgo.
Según el mismo registro, el exmandatario y embajador plenipotenciario para el Asia-Pacífico de Sebastián Piñera mantiene una renta de 1 millón 700 mil pesos –no incluye el sueldo de expresidente que asciende casi a 9 millones de pesos–.
En el detalle, se desprende que el 20 y 26 de junio ingresó por documentos impagos a Dicom, algo que no ha sido subsanado.
