El Gobierno endureció el tono contra el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas a la semana, afirmando que la iniciativa es inconstitucional. No sólo eso, el Ejecutivo confirmó suma urgencia para su propuesta de flexibilidad laboral y comprometió una indicación, para fijar el tiempo de trabajo en 41 horas semanales promedio.
“(El proyecto de 40 horas) es inconstitucional porque significa gasto público (…) Un parlamentario no puede generar gasto público porque entonces nadie se haría cargo de los equilibrios”, criticó durante la mañana del jueves el presidente Sebastián Piñera en Emol.
A pesar de que el Gobierno se había opuesto públicamente al proyecto impulsado por la diputada comunista Camila Vallejo, que implica bajar de 40 a 45 horas la jornada laboral semanal, hasta ayer no se había pronunciado con tanta claridad.
La iniciativa de Vallejo había ganado fuerza esta semana. Dos encuestas de opinión pública mostraron que la idea de las 40 horas es ampliamente respaldada por los chilenos.
Mientras, el argumento de la derecha de que la reducción afectaría a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) sufrió un fuerte revés cuando la diputada sumó el apoyo de la Confederación Nacional de la Pequeña Industria (Conupia), que reúne a más del 50% de las Pymes del país, tras comprometer una indicación para la implementación gradual.
Incluso el proyecto sumó adhesión entre parlamentarios de Chile Vamos: ayer el senador Manuel José Ossandón y los diputados Gonzalo Fuenzalida, Ximena Ossandón y Francesca Muñoz, todos de Renovación Nacional (RN), entregaron su apoyo. Hace un par de semanas el diputado Guillermo Ramírez, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), había hecho lo mismo.
Pero tras las palabras de Piñera, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, por la tarde dio un nuevo golpe a las 40 horas.
El secretario de Estado anunció que en la iniciativa de adaptabilidad laboral, que se tramita en el Senado, se agregará la posibilidad de una jornada de 41 horas promedio, con una gradualidad de cinco años para que las Pymes se acojan al nuevo régimen, y se dará suma urgencia a la iniciativa.
“(Las 41 horas promedio) van a permitir que una empresa pueda, acordadamente con el trabajador, disponer que ciertos días que se requiere por ejemplo mayor intensidad en el trabajo, pueda trabajar más horas que al día siguiente; cuando hay menos demanda de trabajo, pueda descansar y trabajar menos horas; y que eso no merme su remuneración”, subrayó Monckeberg.
El ministro recordó, además, que se incluye la posibilidad de una jornada mensual de 180 horas, que sería equivalente a 41 horas semanales.
Precarización
Frente a esta arremetida, la diputada Camila Vallejo advirtió que no permitirá que el oficialismo utilice la iniciativa de 40 horas como moneda de cambio para lograr la aprobación de la propuesta de flexibilidad laboral, porque para ella esta última es sinónimo de precarización.
“El Gobierno declaró la guerra al proyecto de 40 horas. Yo le quiero decir al presidente que las 40 horas no van a ser una moneda de cambio para introducir precariedad laboral”, afirmó Vallejo.
En tanto, el senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, opinó que en el debate va a prevalecer el proyecto del Gobierno.
“Van a poder discutirse y van a poder analizarse las ventajas y desventajas de las dos fórmulas, y nosotros pensamos que ese debate precisamente va a permitir concluir que la fórmula del Gobierno es mucho más adecuada para los objetivos que la rebaja de jornada”, aseveró.
Por su parte, Marcos Carter, presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), aseguró que la reducción de la jornada laboral, con o sin flexibilidad, afectará a las Pymes.
“Es positivo que el empleado llegue temprano a su casa, tenga derecho a descansar, como corresponde, pero hay que analizarlo para llegar a un buen puerto”, dijo Carter.