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Luego de 51 días de paro, los profesores que se encontraban movilizados retomarán sus labores, luego de confirmarse los resultados de la consulta nacional docente, que se inclinó por bajar la paralización. El presidente del gremio señaló que es exigible que el Gobierno concrete los puntos alcanzados en la última propuesta, pese a que ésta fue rechazada las bases. La ministra de Educación, en tanto, le bajó el perfil a la caída que tuvo en las encuestas, debido al paro docente.
Este miércoles retomarán sus labores los profesores de las comunas que el lunes volvieron de las vacaciones de invierno, mientras que el resto reiniciará su trabajo el próximo lunes, fecha prevista para que las demás regiones inicien el segundo semestre, a la espera de lo que definan los sostenedores y el Ministerio de Educación, respecto de la recuperación de clases en cada comuna que estuvo en paro.
Ese es el efecto práctico que dejó la última consulta nacional de los docentes, luego que un 67 por ciento se inclinara por bajar la movilización, tras 51 días de paro y en medio una caída constante de la adhesión, por el inicio de la vacaciones de invierno y pugnas internas del gremio.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, llamó a cuidar el apoyo que concitó en la gente el paro docente, agregando que lo que viene ahora es hacer exigible al Gobierno, aquellos avances que se alcanzaron en la negociación, pero que las bases del gremio rechazaron estrechamente en la pasada consulta nacional del 10 de julio.
“Vamos a seguir la lucha, volvemos a clases pero vamos a seguir con un plan de acción que el directorio nacional evaluará, vamos a seguir movilizados, vamos a seguir luchando por cada uno de los puntos, vamos a exigir que el Gobierno cumpla lo que comprometió y firmó la ministra, vamos a exigir que la ministra cambie el trato hacia el profesorado”, advirtió.
En tanto, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, valoró la decisión de los docentes de bajar un conflicto que durante estas últimas semanas estuvo centrado en la interna del Colegio de Profesores, pero que de todas maneras golpeó a su gestión, como lo reflejó la ultima encuesta Cadem donde bajó 9 puntos.
Pese a ser la secretaria de Estado peor evaluada del gabinete, la ministra Cubillos le bajó el perfil a las encuestas y señaló que los únicos perjudicados con la movilización fueron los estudiantes.
“Los grandes afectados en una movilización de esta naturaleza son los niños y en particular los niños de la educación pública. Respecto a las encuestas, lo digo siempre, las encuestas buenas no me marean y las malas no me distraen del trabajo fundamental que hay que hacer”, sentenció.
Desde el Congreso, los diputados de la comisión de Educación valoraron que se haya terminado el conflicto docente y llamaron a las partes a retomar el diálogo y avanzar en aquellos puntos que quedaron pendientes.
“Yo creo que ya es tiempo de volver al acuerdo, es tiempo de volver a la conversación, es tiempo de volver a la mesa de trabajo permanente que tiene que tener el Colegio de Profesores con el Ministerio de Educación”, indicó el parlamentario de la UDI, Jaime Bellolio.
“Ahora es necesario que el Gobierno cumpla con todo lo que comprometieron y además que realicen un esfuerzo extra en aquellos puntos en los que los docentes no habían quedado satisfechos”, agregó su par del Frente Amplio, Camila Rojas.
Entre los puntos que quedaron pendientes, figura el reconocimiento a la mención de las educadoras diferenciales y de párvulos, ya que el Gobierno sólo ofreció el pago de un bono trimestral de 45 mil pesos y los cambios curriculares en 3 y 4 medio, que el gremio busca no se logren implementar.
Recordemos que los maestros plantearon un petitorio que incluía mejoras en la infraestructura, el fin de la llamada “doble evaluación” que reciben los docentes sobre su desempeño, la revisión de un proyecto para cambiar el currículum educativo y el pago de una mención especial de especialización a las profesoras de educación diferencial, para alumnos con problemas de aprendizaje.
La educación pública chilena es objeto desde hace más de una década de masivas protestas, que estallaron en 2006 con la llamada “Revolución de los pingüinos”, por el atuendo de chaqueta azul y camisa blanca de los escolares que pedían el fin de una ley que traspasó la administración de los colegios a los municipios, dictada en las postrimerías de la dictadura de Augusto Pinochet.
Para sus detractores, esa normativa es el origen del paulatino deterioro de la educación pública chilena, en beneficio de la educación privada o la subvencionada (que recibe aportes del Estado pero se administra de forma independiente), donde estudian la mayoría de los alumnos del país.
