160 millones de pesos desembolsó Carabineros de Chile para defender a funcionarios de sus filas involucrados en causas judiciales en los últimos seis años, de acuerdo a información obtenida vía Transparencia por el Área de Reportajes de BioBioChile.

Las cifras fueron entregadas luego de la ola de acciones legales presentadas en contra de los uniformados en el marco del estallido social. Justamente, Carabineros concentra el 93% de las 2.520 querellas ingresadas por el INDH a raíz de violaciones a derechos humanos post 19 de octubre, según un balance entregado por el organismo a un año de iniciadas las protestas.

El largo listado de denuncias en contra de la policía uniformada no sólo habría obligado la expansión de un 117,5% entre 2019 y 2020 del presupuesto total de la Dirección de Justicia (DJ) -la repartición encargada de asesorar legalmente a los funcionarios involucrados en los tribunales de justicia- sino también a firmar un reciente convenio con la Defensoría Penal Pública. A esto se suma el seguro de defensa jurídica impulsado por el Gobierno que permitirá a los uniformados contratar a su propio representante.

El desglose

Según se desprende de los datos recabados por este medio, los gastos de la DJ habían mostrado una baja sostenida antes del estallido social, salvo en 2015.

En ese último año, Carabineros destinó a la repartición poco más de 30 millones de pesos. En 2016, año en que explotó el desfalco en la institución, esa cifra llegó a los casi $43 millones.

A partir de entonces comienza el descenso. En 2017 se desembolsaron $28,7 millones; $16,2 millones en 2018; y $13,4 millones en 2019.

En 2020 el presupuesto destinado para defender a funcionarios ante la justicia se alzó a los $29,2 millones (ver gráfico).

De acuerdo a los datos entregados, actualmente la Dirección de Justicia de la policía uniformada representa legalmente a 895 funcionarios activos y uno en retiro.

Si bien sus identidades no fueron entregadas por el carácter confidencial de la información -según explicaron desde la institución-, fuentes de BBCL confirmaron que el ex general director Mario Rozas es representado por el Departamento J2 de dicha repartición.

Consultados al respecto, desde Carabineros indicaron que el general Elgueta se encontraba haciendo uso de su feriado legal, por lo que no fue posible obtener una respuesta oficial.

Revise aquí el presupuesto por año

La estructura

En términos simples, J1 es el encargado del entramado jurídico legal de Carabineros, mientras que J2 son los abogados -oficiales de la institución o contratados como civiles- que defienden, presentan querellas y pueden representar a algún uniformado ante la Justicia.

J3, en tanto, es una defensoría jurídica administrativa de Carabineros, es decir, cuando se es objeto de una investigación administrativa, también tiene derecho a un abogado que es proporcionado por la institución policial.

El jefe actual de la DJ corresponde al general Jaime Elgueta, quien logró el ascenso tras la salida de Mario Rozas, y de paso se convirtió en ministro de la Corte Marcial, con lo cual recibe una asignación de poco más de 2 millones de pesos mensuales, que se suman a su remuneración de más de $4 millones ($4.676.089).

Este último no ha estado exento de polémicas. En mayo de 2020, por ejemplo, se le acusó de infringir la norma sanitaria que recién comenzaba a regir por la pandemia del coronavirus.

“Luego de que su chofer diera positivo en un examen de Covid, el coronel Jaime Elgueta, decidió pasar el periodo de aislamiento en una oficina de Bulnes 80, el edificio de Carabineros, a la espera del resultado de su propio test”, versa un reportaje publicado por Ciper en aquel entonces.

Un año antes, la repartición también estuvo en medio de una controversia, luego de que funcionarios incurrieran en supuestas grabaciones de voz ocultas, de conversaciones entre un abogado y un oficial de dicha unidad, consigna un artículo publicado por La Tercera.

A ello se suma que fue el propio Elgueta quien tendría que salir a dar explicaciones por la cuestionada denuncia en contra del colectivo feminista Las Tesis.

Es por el “llamado explícito a atacar a Carabineros y no por una expresión social”, se excusó el uniformado en un comunicado difundido a través de Twitter.

Director de Justicia de Carabineros aclara que denuncia de personal afectado contra colectivo es por “llamado explícito a atacar a Carabineros y no por una expresión social”. https://t.co/TogrsxA3Xs pic.twitter.com/GxQJ5TMNIz

— Carabineros de Chile (@Carabdechile) July 24, 2020

Defensa penal pública para Carabineros

Actualmente la DJ no es el único organismo que representa a los policías involucrados en líos judiciales. En los últimos meses varios de ellos -especialmente de los escalafones más bajos- han optado por la Defensoría Penal Pública (DPP).

En la región de La Araucanía, por ejemplo, la DPP tiene tres causas donde defienden a cuatro funcionarios activos. A ellos se suman otras dos causas que involucran a cinco exuniformados, entre ellos Carlos Alarcón, condenado por el asesinato del comunero Camilo Catrillanca.

En la capital, la Defensoría Regional Metropolitana Sur representa a 18 funcionarios, algunos de los cuales ya salieron de la institución, pese a que todos fueron formalizados estando activos.

Entre sus causas, se cuentan delitos vinculados al narcotráfico y apremios ilegítimos. Es más, en algún momento, la Defensoría Regional Metropolitana Norte alcanzó a representar a 54 imputados durante el juicio por el megafraude en Carabineros, conocido como el Pacogate.

El convenio

La relación que se había mantenido casi de manera informal se oficializó hace poco más de una semana, cuando la Defensoría Penal Pública y Carabineros firmaron un convenio para “fortalecer” la defensa de los funcionarios ante causas penales.

Según la página web institucional, dentro de los puntos claves del trato resalta “afianzar el trabajo coordinado entre ambas instituciones y fortalecer el derecho a la defensa de los Carabineros”.

En ese sentido, lo que se busca es asegurar la representación de la Defensoría “ante la exposición y riesgo que representa la labor propia de los carabineros”.

Aunque, para la DPP lo más importante del acuerdo es lo relativo a la representación de los detenidos en cuarteles policiales, especialmente tras lo sucedido en el estallido social, donde los defensores debían hacer recorridos por las comisarías para constatar su situación.

En otras palabras, el objetivo es que los detenidos no deban llegar hasta las dependencias de los tribunales de justicia para recién tener acceso a un abogado de la Defensoría, tras su aprehensión.

De esta forma, además, los defensores “ganan tiempo” para preparar las causas antes de las audiencias respectivas.

Esa parte del plan ya se está aplicando en algunas regiones, como Los Ríos, Antofagasta, Maule y la zona sur de la región Metropolitana.

General Director y Defensor Nacional (s) firmaron convenio de colaboración para fortalecer el derecho a la defensa de los Carabineros en ejercicio de sus funciones por parte de la Defensoría Penal Pública y afianzar el trabajo coordinado entre las instituciones. pic.twitter.com/qf45b6yLHe

— Carabineros de Chile (@Carabdechile) January 21, 2021

Seguros de defensa jurídica

A lo anterior, se suman los seguros de defensa jurídica que podrá contratar la Dirección de Bienestar de Carabineros, tras la aprobación de la Ley de Reajuste al Sector Público en el Congreso.

Se trata de un mecanismo pensando en los funcionarios activos, como una especie de “resguardo legal” durante el desempeño de sus labores policiales.

“Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile podrá contratar seguros de defensa jurídica con motivo del desempeño de las funciones del personal con cargo al patrimonio señalado en el artículo 2 de esta ley”, señala el cuerpo legal.

“Los referidos seguros se contratarán respecto del personal que se encuentre en servicio activo y su vigencia podrá extenderse incluso después de dicho período en las condiciones que se establezcan en la respectiva póliza”, agrega.

El beneficio será licitado y podrá ser contratado de manera voluntaria por parte de los efectivos policiales. Más detalles aún se desconocen debido a que aún no se ha informado de forma oficial al respecto.

Esta situación generó controversia e incluso puso en duda la aprobación del reajuste, en medio de las críticas de la oposición.

En esa oportunidad, el diputado Patricio Melero (UDI), integrante del Comité de Hacienda de la Cámara, afirmó que el tema no debería provocar gran debate, entre otras cosas, porque se trata de dinero que los propios carabineros cotizan.

Mientras, el diputado Gabriel Silber (DC) sostuvo que ningún funcionario debiese tener este beneficio, aseverando que para eso está la Defensoría Penal Pública.

Finalmente, pese a los cuestionamientos, parlamentarios de oposición dieron los votos necesarios para la aprobación de estos seguros.