La Asociación Nacional de Fiscales (ANF) levantó la voz en contra del titular del Ministerio Público, Jorge Abbott, y solicitaron la renuncia de la directora ejecutiva Francisca Werth, a quien acusaron de falta de “idoneidad y conocimiento de la misión institucional” y carecer de compromiso con el trabajo.
El tono usado por la ANF es la resultante de un largo proceso de reflexión de donde emanaron una serie de reclamos por malas condiciones laborales, que a su juicio, inciden negativamente en la persecución penal que realizan a diario.
De acuerdo al petitorio, al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, los fiscales manifiestan un sentimiento de “orfandad” en su relación con la autoridad.
La expresión apunta a un exceso de causas para quienes -por ejemplo- indagan delitos sexuales. Insisten que cada uno de los perseguidores adjuntos no debiera tener a su cargo más de 200 causas por año y contar con un equipo que les ayude.
La solicitud, según los fiscales, se basa en que junto con investigar, tomar declaraciones, concurrir a las audiencias de control de detención, redactar acusaciones, participar de juicios orales, deben al mismo tiempo preocuparse de cumplir con las estadísticas de las metas de gestión y evaluar el trabajo del personal a su cargo.
Otro ámbito en el que requieren la atención de Abbott son los ilícitos de violencia intrafamiliar. Allí, aseguran que la sustanciación de casos superan los 300 por funcionario y exigen un “equipo mínimo de apoyo de un abogado asistente y un gestor”. El tema, de acuerdo al escrito, no mejora en los casos de delitos violentos, donde ocurre el mismo fenómeno.
Según la presentación, la sobrecarga de labores no solo incide en la calidad de una indagatoria, sino también a la debida atención y protección de las víctimas.
“Con el paso de los años, hemos visto cómo los fiscales se ven obligados a dividir sus extensas jornadas laborales entre la persecución penal y las tareas administrativas, en desmedro de la integridad de nuestros asociados y de una correcta atención a las víctimas. Es por eso que solicitamos equilibrar estas tareas aportando más recursos para asegurar la correcta (…) atención de las víctimas”, se lee en la presentación.
Otra de las exigencias es que el Ministerio Público no respeta, según el escrito, es el “derecho al descanso” ni compensa a quienes desarrollan turnos de noche y fines de semana.
Y piden: “(…) concretamente, ordenar a todos los Fiscales Regionales del país, que en el acto cumplan y hagan cumplir las disposiciones legales del Estatuto Administrativo en materia de descanso compensatorio (…) sin perjuicio de realizar (…) en un plazo no superior de 30 días, las modificaciones al Reglamento de Personal de Fiscales (…)”, advierte la agrupación.
Golpe del CDE
Para nadie es un misterio que el Ministerio Público es una de las instituciones peor evaluadas en las encuestas de opinión. Exceso de archivos provisionales, lentitud en la tramitación de causas, criterios de persecución penal distintos dependiendo de la fiscalía donde se incoe una investigación, consecución de bajas condenas, entre muchos otros aspectos.
Sin embargo, la ANF considera que algunas críticas son injustas y anulan cualquier aspecto positivo de su labor. Por esta razón inquirieron a Jorge Abbott que implemente una “política comunicacional efectiva” para que proteja a los fiscales “ante cuestionamientos injustificados en los medios de comunicación”.
A las preocupaciones que manifiestan se sumó un reciente acuerdo adoptado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), a raíz del cual se evalúa demandar a un grupo de fiscales por un actuar negligente en una causa de delitos sexuales, donde el imputado fue declarado inocente, pero pasó más de un año en prisión preventiva. Por esta razón, el fisco deberá pagar una indemnización de $70 millones.
La acción legal que analiza el CDE busca que los perseguidores devuelvan el monto que salió de las arcas del Estado.
Encuesta
Recientemente, la agrupación gremial se enteró que la Fiscalía Nacional realiza una encuesta de satisfacción de usuarios, en la cual se requerirá la opinión de los imputados o bien condenados.
Al respecto, estiman que “en dicha parte” debe eliminarse “todo registro que se haya obtenido a la fecha”.
Fuentes de la institución indicaron que la medición busca precisamente desarrollar una política de mejoramiento de la labor del Ministerio Público y que está lejos de afectar a los fiscales.
Como sea, lo cierto es que la molestia de la ANF con Abbott es mayor. En uno de sus requerimientos solicitan que la directora ejecutiva del organismo, Francisca Werth, presente la renuncia inmediata a su cargo.
La crítica es frontal contra Werth porque la acusan de falta de idoneidad para el puesto, desconocimiento del trabajo en terreno y carencia de compromiso institucional.
En todo caso, esta solicitud es improbable que se cumpla, ya que Werth es la mano derecha de Abbott.
Consultado por este medio, el presidente de la ANF, Claudio Uribe, declaró: “La presentación que hemos hecho resume el descontento de los fiscales. Descontento de no tener medios suficientes para cumplir nuestro rol de ver que los recursos, que siempre son escasos, se destinan más bien a labores administrativas y no apoyar (…) la persecución penal”.
Y agregó: “A eso se suma que sabemos que se le entrega a los imputados, una parte de la labor de evaluarnos, lo que a nuestro juicio implica claramente una desconexión de las autoridades con la naturaleza misma de nuestra función”.
“En este sentido, de verdad hay un cansancio muy grande entre los fiscales por lo que está ocurriendo y no tenemos otra opción que hacer esta presentación”, concluyó.
Este medio consultó a la Fiscalía Nacional sobre el alcance que tendría el petitorio. Se indicó al respecto que ayer se desarrolló un consejo con los fiscales regionales en donde se analizó la presentación. La conclusión emanada del encuentro es que el titular del Ministerio Público enviará a la brevedad una respuesta a la ANF.