El pasado 11 de marzo, el Pleno de la Corte Suprema elaboró una quina desde donde debe salir el nombre del nuevo ministro del máximo tribunal, para cubrir la vacante que dejó Hugo Dolmestch.

Según lo informado por el Poder Judicial, el listado quedó encabezado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Sergio Mora Vallejos, por su trayectoria judicial.

Junto a este último, se cuentan el ministro de la Corte de Valparaíso, Raúl Mera Muñoz, además de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinoza, Jessica González Troncoso y María Soledad Melo.

De todos ellos, quien logró la mayor cantidad de apoyos fue precisamente el ministro Raúl Mera, quien alcanzó 8 votos según consta en el acta.

La quina fue enviada al Ministerio de Justicia, desde donde saldrá el nombre que será enviado finalmente al Senado, instancia que debe ratificarlo por al menos 29 votos.

Pese a que el proceso aún está en una etapa inicial, uno de los nominados ya genera reacciones en su contra. Se trata del ministro Raúl Mera Muñoz, quien arrastra un cuestionado historial de fallos, especialmente en materia de Derechos Humanos.

Mera proviene de una familia con tradición en el Poder Judicial, dado que tanto su padre como sus hermanos, han ejercido como ministros en las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, Santiago y San Miguel. De hecho, su hermana, Liliana Mera, es actualmente presidenta de este último tribunal de alzada capitalino.

Fallos polémicos

Según le reprochan instituciones ligadas a los Derechos Humanos, como ministro instructor, Mera desestimó pruebas de torturas en el asesinato de Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, ocurrido en 1988, absolviendo a los cuatro uniformados inculpados en el denominado caso “Los Queñes”.

Este caso se remonta a la época de la dictadura, cuando ambos jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron ultimados por funcionarios de Carabineros en el sector de San Fernando, siendo posteriormente encontrados sus cadáveres en el río Tinguiririca.

En esa oportunidad, al momento de dictar sentencia de primera instancia, en octubre de 2010, el ministro Mera pasó por alto los Informes del Servicio Médico Legal, el Informe pericial de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, los dichos de testigos y demás que daban cuenta del crimen.

Y es que a su juicio, “no consta la existencia de los ilícitos que se investigaron, ni podrían constar tampoco las participaciones que se atribuyeron a los acusados, aún si los delitos existieran”. Esto, valiéndose de los informe de los médicos tanatólogos Luis Ravanal y José Belletti.

Posteriormente la Corte Suprema, en agosto de 2014, determinó que sí existieron esos asesinatos. Incluso, el propio Estado, en el “Informe Rettig”, dio cuenta de la responsabilidad de agentes de Estado en la detención, torturas y asesinato de Cecilia Magni y Raúl Pellegrin.

Al respecto, la hermana de Raúl, Carla Pellegrin, aseguró que la nominación de Mera “es una burla” y un “insulto” para los familiares de víctimas de la dictadura.

“Por alguna razón que nunca supimos, desde un principio siempre quiso cargar los dados a que ellos se habían ahogado en el río y que no había habido, ni tortura, ni participación de terceros”, sostuvo en conversación con BioBioChile.

“Me citó un mes antes de cerrar el caso, y me dijo ‘ustedes dicen que los torturaron, Ravanal dice que se ahogaron, entonces yo voy a buscar a un amigo mío que trabaja en la Brigada de Homicidios que se llama doctor Belleti, y él va a decidir’, y por supuesto su amigo decidió que ellos se ahogaron”, relató.

“Finalmente llegamos a la Corte Suprema y deciden que efectivamente fueron torturados ¿y quiénes los torturaron? Nadie, o sea, fue un incapaz”, criticó Pellegrin.

“Entonces, si a mí me preguntan qué opino que Raúl Mera sea de la Corte Suprema, es una burla, para los familiares y para la Justicia”, sentenció.

Víctima de violencia sexual fue enviada a la cárcel

A Mera también se le acusa de haber enviado a cumplir presidio efectivo a una joven que fue condenada por el homicidio de un hombre que abusó sexualmente de ella.

Se trata de un caso ocurrido en 2017, que terminó con la mujer de 20 años condenada a una pena de cuatro años de presidio efectivo por el homicidio de su agresor.

Si bien la defensa solicitó una pena alternativa que no implicara la cárcel, la sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que era presidida por el ministro Mera, y con su voto, mantuvo la prisión de la joven.

De acuerdo al fallo, la mujer no merecía el beneficio debido a que hubo “consumo excesivo de alcohol y uso de drogas ilícitas, de manera voluntaria por la acusada, además de una extrema violencia en su reacción”, sin cuestionar la existencia de una agresión sexual previa.

Nuevamente intervino la Corte Suprema en agosto de 2018, revocando y concediendo el beneficio a la víctima para cumplir la pena fuera de recinto carcelario.

Contaminación en Puchuncaví y Quintero

En los últimos años también Mera fue protagonista de cuestionadas decisiones a propósito de bullados casos de contaminación en la región de Valparaíso.

De esta forma, se le apunta por haber rechazado 12 recursos de protección presentados ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tras la grave contaminación en Quintero y Puchuncaví, a fines de 2018.

Asimismo, declaró inadmisible los recursos de protección presentados en la Corte de Valparaíso por el Instituto de Derechos Humanos, Modatima y Greenpeace, por el acceso al agua en Petorca.

Organismos de DDHH rechazan su nominación

La opción de que Mera se convierta en ministro de la Corte Suprema ha causado escozor en instituciones ligadas a los Derechos Humanos. Inclusive, levantaron una campaña en redes sociales con el hashtag “No más jueces cómplices de la impunidad”.

La Agrupación de Familiares y Ejecutados Políticos es parte de esta campaña, según aseguró su presidenta Alicia Lira, no sólo por sus fallos polémicos, sino con su postura en general respecto a los derechos fundamentales.

“Para nosotros, que él (Mera) llegue a la Corte Suprema, sería un retroceso de lo que ya vivimos en algunos jueces que todas las condenas y fallos de crímenes de lesa humanidad, son realmente vergonzosos”, señaló Lira.

En esa línea, la abogada Karinna Fernández, experta en derecho internacional y quien además es parte de Londres 38, asegura que es fundamental que quienes ocupan cargos de autoridad, especialmente en el ámbito de la Justicia, tengan una apropiada comprensión y respeto de los Derechos Humanos.

“En el caso de Los Queñes, nos parece que es evidente que el ministro no cumplió con la obligación de investigar apropiadamente delitos de lesa humanidad”, sentenció la abogada.

La experta sostuvo que “consideramos que ministros que han desatendido obligaciones relevantes que son una garantía de no repetición de graves violaciones a los Derechos Humanos, no pueden ocupar el máximo tribunal de nuestro país”.

Mientras, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, calificó como un “peligro” la posibilidad de que Mera llegue a la Corte Suprema.

“Lo más grave, fue su absoluta canallada al desconocer el crimen del cual fueron víctimas Raúl Pelegrin y Cecilia Magni”, fustigó Pizarro.

“El ministro Mera es un peligro para la democracia de cualquier país”, criticó.

“Preocupación” en la Comisión de DDHH de la Cámara

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado, mostró su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno termine nominando a Raúl Mera como nuevo ministro de la Corte Suprema.

Al respecto, la parlamentaria socialista apuntó a que el cuestionado ministro no ha tenido una “conducta intachable”, en su recorrido en el Poder Judicial.

“Raúl Mera durante su trayectoria como ministro de Corte de Apelaciones, no ha tenido una conducta intachable en materia de Derechos Humanos y en materia de derechos medioambientales”, aseguró.

“Por lo tanto, él hoy día no cumpliría con la imparcialidad y la transparencia que se requiere a quien sea nombrado en el máximo tribunal de justicia de este país”, sentenció Nuyado.

Oficialismo pide terminar con cuoteos políticos

Desde la vereda de enfrente, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, apuntó que más allá de las polémicas por los fallos de los candidatos a la Suprema, es necesario terminar con el cuoteo político en las nominaciones.

“Lo que aquí debe discutirse no es que el Gobierno proponga el nombre de Raúl Mera al Senado, es más, que sea para algunos polémicos algunos fallos sobre detenidos desaparecidos es algo subjetivo, porque lo que ellos hacen es aplicar el derecho”, afirmó.

“Lo que si me parece que hoy es una vergüenza, es que se cuotee, se negocie políticamente entre los partidos quiénes son los que integran la Corte Suprema, y eso debiese terminar”, dijo.

“Yo le pido al Ejecutivo que presente un proyecto de ley para terminar con este escandaloso cuoteo político de quienes integran el Poder Judicial”, finalizó Celis.