Fotografía: Contexto | Agencia UNO
Este viernes la Corte Suprema notificó a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, del fallo donde plasmó los argumentos con los que rechazó la solicitud de remoción firmada por 52 parlamentarios de Chile Vamos con la que buscaron sacarla de su puesto. El foco de conflicto: una pieza audiovisual titulada “El llamado de la naturaleza”, -en el marco de una campaña comunicacional- cuya letra contenía la frase “saltarse los torniquetes”. En un contundente dictamen -con un voto de minoría- la máxima corte del país echó por tierra los argumentos de los diputados oficialistas, dándole la razón a Muñoz. A solo horas de conocer el contenido de la resolución, la defensora conversó con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío sobre este requerimiento: “Acá se buscó por parte de los parlamentarios una utilización política de este requerimiento”, dice. También despejó dudas respecto a una posible campaña presidencial, hizo un mea culpa respecto al uso de sus redes sociales, en especial Twitter, y acusó al diputado Tomás Fuentes de faltar a la verdad respecto a uno de los capítulos del requerimiento, ligado a Colonia Dignidad. “El diputado supo desde un primer momento (...) que lo estaba incluyendo en el requerimiento era falso”, señaló.
En el marco de la “Campaña de Derechos 2020”, la Defensoría de la Niñez lanzó a fines de noviembre pasado el video “El llamado de la naturaleza”, interpretada por los cantautores Jaco Sánchez (Pablo Ilabaca) y la rapera mapuche MC Millaray.
La pieza audiovisual, que buscaba incentivar la participación de niños y adolescentes (NNA) en procesos ciudadanos, no cayó bien en un sector del oficialismo que salió a criticar la composición y a denunciar a la líder del organismo, Patricia Muñoz, de promover “odio y violencia” como señaló, en su momento, el diputado RN Tomás Fuentes.
En ese escenario, un grupo de diputados de Chile Vamos, liderados por Fuentes, reunieron 52 firmas e ingresaron el 16 de diciembre de 2020 un requerimiento ante la Corte Suprema -quien por ley es el único órgano que puede remover al defensor/a- para destituir a Muñoz, acusando “negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones”.
No obstante, el pasado 15 de marzo, el pleno de la Corte Suprema rechazó el requerimiento por una amplia mayoría (14-1) y echó por tierra las aspiraciones de los diputados oficialista. Este viernes, el máximo tribunal evacuó el fallo y entre los argumentos esgrimidos señaló que la “campaña diseñada se advierte como adecuada”. A solo horas de conocer el contenido de la resolución, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, analizó con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío sobre este requerimiento y sus consecuencias. “Acá se buscó por parte de los parlamentarios una utilización política de este requerimiento”, dice.
¿Cómo toma lo resuelto?
– Con mucha satisfacción y alegría principalmente porque (…) el fallo lo que hace es poner énfasis en los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) y en la autonomía en el ejercicio de la función de nosotros como Defensoría de la Niñez, y por lo tanto, como defensora debo ejercer mi función de lograr que en Chile se respete y se cumpla con la Convención sobre los Derechos del Niño. Me parece que la redacción del voto de mayoría releva muchísimo esto y pone énfasis muy importantes en términos de cómo la Corte Suprema se ha comprometido, y el Poder Judicial consecuencialmente, con no solo reconocer a NNA como sujetos de derecho sino que también tratarlos como tal.
¿Cree que hubo un fin político hacia su persona con este requerimiento?
– Totalmente. Y eso es lo lamentable, porque en el fondo, tal como nosotros lo hemos planteado como institución desde que nacimos a la vida pública, el ejercicio de mi rol no tiene ninguna consideración política distinta de aquella que está contenida en el cumplimiento del mandato internacional de derechos humanos que nuestro país contrajo hace treinta años, y por lo tanto, efectivamente, acá lo que hubo fue una utilización más bien comunicacional y mediática de este requerimiento por parte de quienes lideraron su presentación, particularmente del diputado (Tomás) Fuentes de Renovación Nacional, con una finalidad de tratar de sostener que acá el comportamiento institucional de mi cargo tenía que ver con algún tipo de comportamiento político que ciertamente no cumple esas características (…) y por lo tanto no queda sino la clara conclusión de que acá se buscó por parte de los requerientes una utilización política de este requerimiento con la finalidad de cuestionar el comportamiento institucional mío.
La CS dice que no vio hechos graves y que la canción era una “creación artística que transmite un diagnóstico”, ¿por qué cree entonces que se produjo esta situación?
– Porque la visión que tienen los parlamentarios y las parlamentarias que presentan mi remoción está en las antípodas de lo que nosotros como Defensoría de la Niñez estamos mandatados a hacer en virtud del cumplimiento de nuestro rol que tiene que ver con velar con que el paradigma de la Convención sobre los Derechos del Niño sea una realidad en Chile.
En el undécimo considerando se dice que el contenido fue creado con la opinión de los “destinatarios”. Los requirentes, por su parte, cuestionan la madurez de los NNA, entre otros aspectos, ¿cómo analiza que parte de esa derecha ponga en duda la opinión de los NNA?
– Es muy lamentable porque obviamente va absolutamente en contra de lo que tenemos que cumplir como país. Y creo que principalmente es una manifestación de la incapacidad de visualizar a NNA como agentes claves no solo de su propio desarrollo, sino que también del desarrollo del país, y en ese sentido también la posición de los requirentes lo que hace es desconocer un derecho que tiene todo NNA que es el derecho a opinar y a participar en aquellos en asuntos que les afecten y a tener incidencia en aquellos ámbitos que se relacionan con su devenir vital.
¿Qué tan fuerte es el adultocentrismo en nuestro país?
– Brutal, diría. Y creo que no solo se manifiesta en lo que pasó con este requerimiento, sino que se está manifestando con lo que estamos viviendo en el proceso constituyente donde nosotros como Defensoría de la Niñez estamos procurando favorecer todos los espacios de participación en ámbito de NNA, pero vemos que hay mucha resistencia y en general hay una posición que más bien prima en orden a temer a abrir espacios de participación a este grupo de la población en circunstancias que lo que nosotros observamos a diario en virtud del trabajo que desarrollamos es cómo se puede enriquecer de manera manifiesta el avance en distintas áreas del desarrollo social y del país cuando logramos integrar la mirada de quienes siendo NNA tienen una visión muchas veces bastante más claras que la que los adultos podemos tener, muchas veces desprejuiciada.
¿Ha sido difícil derribar este paradigma?
– Muy difícil. Y de hecho soy bastante autoexigente y también mi equipo lo es y es evidente que no hemos logrado derribarlo por completo, pero claramente este fallo constituye un aliciente más para seguir trabajando con mucha fuerza, convicción y compromiso como lo hemos hecho hasta ahora para insistir que este es un desafío país que tiene que resultar.
¿Respeta Chile los derechos humanos de NNA?
– No, en la forma en la que ha adquirido el compromiso y la obligación jurídica desde hace más de 30 años. Hay diversos ámbitos en los cuales se han producido vulneraciones y violaciones manifiestas a los derechos humanos de este grupo de la población, así lo hemos sostenido nosotros con bastante claridad en nuestros dos informes anuales del año 2019 y 2020. Punto aparte merece el énfasis en la manifiesta infracción y violación de los derechos humanos respecto de NNA bajo cuidado del Estado y respecto de aquellos que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos desde el estallido social, que me parece que son énfasis importantes de hacer y por lo tanto estamos al debe, y necesitamos que esa deuda se vaya saldando con un sentido de urgencia y con el rigor que amerita.
Además de cuestionar la realización del video, el requerimiento de los diputados de Chile Vamos, en otro capítulo, hizo mención a una presunta “omisión inexcusable” de deberes de la defensora en un caso de vulneración de derechos de NNA al interior de Villa Baviera -ex Colonia Dignidad-, cuestión que fue desestimada por la Corte Suprema.
La CS desestimó las imputaciones que contenía el requerimiento sobre el abandono en la causa de Colonia Dignidad, ¿por qué incluyeron esto los parlamentarios?
– Aquí yo creo que hay un tema bien grave. Primero, porque el diputado Tomás Fuentes supo desde un primer momento, en razón de la información del propio abogado de Colonia Dignidad, que lo estaba incluyendo en el requerimiento era falso, y que por lo tanto la Defensoría de la Niñez nunca había dejado de actuar en relación a ese caso. Y a pesar de su conocimiento, el diputado Fuentes lo que hace es mantener eso en el requerimiento y todos quienes firman avalan la entrega de una información que no se condice con la realidad al máximo tribunal del país.
¿Qué cree que genera el nombre de Patricia Muñoz en la clase política?
– Qué pregunta más difícil. Creo que, quizás, también ahí se mezcla un poco la idea equivocada que puede estar relacionada con la percepción de que puedo tener un interés de ocupar algunos de los puestos que la clase política tiene, y me imagino que en ese sentido algunos creen que es necesario tratar de “derribarme” o “sacarme del camino”, pero la verdad es que yo estoy súper concentrada en mi tarea, así lo declaré cuando en algún momento públicamente salió esta posibilidad de una candidatura presidencial, y en esa línea yo creo que debieran evitar fijarse en mí, más bien concentrarse en cumplir su labor los parlamentarios que tienen muchísimo que hacer y muchísimas tareas pendientes en relación con los derechos humanos de NNA, y que dejen de perder tiempo tratando de sacar a personas que, como queda de manifiesto en este fallo, no hemos incumplido con nuestras funciones y obligaciones legales, sino que muy por el contrario, estamos procurando que en Chile se respeten de manera efectiva los derechos que hemos asumido como compromiso internacional cumplir desde hace más de 30 años.
¿Ha pasado por su mente una posible candidatura presidencial?
– Eso está absolutamente descartado porque estoy cumpliendo una labor que me enorgullece y me alegra muchísimo. Me parece que una alternativa como esa requiere y demanda de un proceso colectivo en el que yo no estoy incorporada, y involucra además una responsabilidad superlativa que ciertamente me parece que estoy lejos de poder cumplir, y en ese sentido creo que con la responsabilidad que me caracteriza cada vez que he asumido algún rol público en el trabajo que he desempeñado creo que uno tiene que ser consciente de sus virtudes y también de sus limitaciones, y en esa línea me parece que una proyección de esa naturaleza en este ámbito y en este momento no resulta factible ni posible, y es por ello que en el momento en que aquello se difundió públicamente, yo salí inmediatamente diciendo que aquello no era materia de mi interés, como tampoco la postulación a ningún otro cargo de elección popular.
Es la mayor de tres hermanos. Osornina. Estudió derecho en la Universidad Católica de Temuco, tiempos en los que -recuerda- era bien “ñoña”. Siempre quiso ser médico, pero un profesor vió en ella dotes humanistas que la hicieron inclinarse por las leyes y los libros jurídicos. “Reclamadora he sido siempre”, dice, haciendo alusión a sus tiempos universitarios donde representaba a sus compañeros ante profesores o en demandas estudiantiles.
Se define como una persona “intensa, aguerrida”, que actúa con “mucha convicción y mucha fuerza”. Y en ese sentido, revela, “uno tiene que controlar la impulsividad”. Es además, una “convencida del valor que tiene la función pública”. Pese a desestimar una posible candidatura presidencial, dice que el poder le parece “atractivo” siempre y cuando “se mire y se ejerza desde el compromiso con las personas a quienes uno sirve”.
¿Hace algún mea culpa respecto a cómo ha usado las redes sociales y plataformas digitales para expresar su opinión?
– Sí. La verdad es que yo lo he dicho, porque en el fondo, particularmente tiene que ver con el uso de Twitter, y esa es una cuenta personal, pero efectivamente uno puede entender que es difícil separar a la persona del rol que se cumple. Y en ese sentido, muchas veces uno tiene que ser mucho más prudente y también tener un control mayor y evitar ciertas acciones impulsivas que pueden generar un impacto negativo en la gente, que pueden, quizás, provocar innecesariamente conflictos que en definitiva pueden terminar perjudicando el rol institucional que se cumple. Y en ese sentido, obviamente, no solo soy consciente de mis virtudes sino que también de los errores que seguramente he cometido y probablemente seguiré cometiendo, pero lo importante es que se pueda tener consciencia de la necesidad de que cuando se cometa se cambie, y de esa manera evitar situaciones conflictivas, que insisto, terminan perjudicando a quienes en este rol a mí me preocupan que son los NNA y sus derechos.
¿Cree que hay sectores de derecha que tienen una fijación hacia usted?
– Sí. Creo que ha quedado de manifiesto (…) en actuaciones que se realizan, independiente de un análisis profundo y riguroso de los que actuamos como Defensoría de la Niñez, hay peticiones permanentes de nivel público y privado, también, en orden a cuestionar nuestro comportamiento. Y ese sentido, más bien, tiene que ver con la dirección que yo hago de la institución más que con el desarrollo institucional.
¿Hay sectores de la derecha que respalden su gestión o que usted sienta que tiene llegada?
– Totalmente. (…) Creo que hay personas en todo el espectro político que entienden perfectamente el rol de la Defensoría de la Niñez y de mi rol porque entienden y se comprometen con los derechos humanos de NNA, y eso implica que podemos trabajar y desarrollar temáticas que ciertamente están orientadas a ese trabajo institucional. Puedo nombrar a la senadora Sabat, a la diputada Olivera, obviamente a la ministra Rubilar, en desarrollo social, a la subsecretaria Martorell. (…) O sea, hay un trabajo que se hace en ese contexto que no tiene nada que ver con una intencionalidad como la de otras personas que sí buscan tratar de atacar en términos personales.
¿Es partidaria del retorno a clases?
– Yo soy partidaria, como lo hemos planteado, de que en aquellos lugares donde las condiciones estén dadas, primero desde el punto de vista sanitario, y segundo de lo que las propias comunidades son capaces de construir en términos de protección, avalado y asegurado por la trazabilidad y todo lo que involucra la gestión de una pandemia, eso se pueda producir, pero que no exista una presión para que eso ocurra cuando esas condiciones no se dan. Y en ese sentido, creo que comunicacionalmente este tema ha sido mal manejado y ha generado una reacción muy negativa en la ciudadanía que en definitiva ve esta petición o este planteamiento desde el Ministerio de Educación como una manifestación de una despreocupación en relación con el cuidado de NNA. Y lo que tampoco me parece es que se minimice el riesgo que está viviendo o que viven los niños en ese sentido y que no se les considere también como potenciales víctimas de la pandemia, en términos sanitarios me estoy refiriendo, porque eso no ayuda y no contribuye a que podamos avanzar en esta dinámica, sino que más bien nos debiéramos concentrar en asegurar que estén las condiciones de protección, que obviamente en ninguna parte esto va a ser absoluto, en ninguna parte nadie puede asegurar que nadie se contagie, pero al menos el nivel exigido por el Consejo Asesor del Ministerio de Salud debiera ser cumplido como un requisito esencial para los efectos del retorno.
Respecto al Sename, ¿cuál es la visión respecto al trabajo que hace el Estado con los niños que por órdenes judiciales deben permanecer en regímenes cerrados?
– Hemos sido bastante evidentes en las críticas que hacemos al comportamiento estatal en esta materia. (…) Y en ese sentido, es indiscutible también que se ha procurado hacer avances, las residencias familiares lo son, porque ciertamente transitar de los CREAD, que tienen una estructura prácticamente carcelaria, a lugares físicos de menor tamaño donde hay menos niños, donde tienen un foco de atención mucho más personalizado, es un elemento que nadie podría desconocer, constituye un avance institucional del país. El tema es que aquello no ha sido suficiente, y no lo ha sido porque en el fondo se sigue manejando esta lógica desde una perspectiva como si la responsabilidad única y exclusivamente quedara en el Servicio Nacional de Menores y no lograra entenderse que es esto es una responsabilidad del Estado en su conjunto.
¿El Sename le ha fallado a los niños, niñas y adolescentes de este país?
– Sí, le ha fallado. Y le sigue fallando. Y es hora de que eso lo tratemos de revertir.
¿Cómo analiza el actuar de la Fiscalía en el caso de Tomás Bravo?
– He sido y fui desde un inicio muy crítica del rol que tuvo el Ministerio Público en esta causa, particularmente del fiscal Ortiz, que creo que dejó en evidencia un actuar indebido. (…) Afortunadamente el Ministerio Público modificó su comportamiento, cambió al fiscal a cargo, y hemos observado como aquello ha implicado diferencias en la investigación, pero todos sabemos o quienes conocemos del sistema criminal, sabemos el impacto que tiene el mal manejo de una investigación en lo que puedan ser sus resultados finales, y si a eso sumamos un comportamiento bastante cuestionable del Servicio Médico Legal (SML) que ha emitido informes que resultan contradictorios en sí mismo, el escenario la verdad es que es bastante lamentable y no se condice con aquello que uno espera de instituciones que están destinadas precisamente a dar certezas a la ciudadanía, ya sea estableciendo la participación de una persona en un hecho o no, pero en definitiva, claridades meridianas acerca de lo ocurrido porque esa es una responsabilidad que no solo se tiene con las víctimas específicamente en este caso, con Estefanía y Moisés, que son los padres de Tomas y con su familia extensa, sino que se tiene con el país habida cuenta de la conmoción pública que por razones obvias causa un caso de esa índole.
¿Por qué cree que se dieron esas diferencias en los informes del Servicio Médico Legal?
– Uno en este sentido tiene que ser responsable, y nosotros estamos a la espera de la llegada de otros resultados periciales. En razón del conocimiento que tengo de lo que involucra la responsabilidad pericial, me parece que cada uno de los peritos que ha suscrito esos informes periciales tiene que hacerse cargo de las conclusiones a las que ha apelado. Y en esa línea, lo que nosotros demandamos del Servicio Médico Legal es que se justifique de qué manera se llega en un primer momento a una conclusión determinada que luego es controvertida por un informe de la propia institución. Aquello no permite hoy día, en razón del estado de la investigación, poder establecer con claridad y con certeza y sobre la base de lo que uno espera en términos de evidencia, que sea fiable, viable y que tenga sustento metodológico, que es lo que ha ocurrido con Tomás.
“Los niños primero”, fue uno de los primeros compromisos de esta administración cuando asumió en marzo del 2018, ¿llega tarde la clase política?
– Sí. Y finalmente el slogan, que es muy potente, muy bonito también, tiene que tener correlato en lo que la realidad vemos día a día, y ahí obviamente uno observa que eso es una deficiencia, y en ese sentido yo creo que a pesar de lo que el propio presidente procuró marcar con este slogan, no todos quienes están ejecutando acciones de nivel estatal han logrado demostrar con actos concretos, me refiero, que aquello se haya podido cumplir y satisfacer efectivamente.
¿Cree que el gobierno ha errado el camino en materia de derechos humanos con NNA?
– Han desatendido muchas de las recomendaciones que un organismo como el nuestro ha emitido, y pierde la oportunidad de que, de una perspectiva colaborativa, se pueda avanzar significativamente en esta materia, pero yo no pierdo la esperanza de que se comprenda que en ese rol y en la función que nosotros cumplimos, vamos a seguir generando estas recomendaciones porque estamos convencidos de que es la mejor manera de poder lograr los cambios y esperamos que así como algunos ministerios se han podido comprometer con temáticas muy relevantes, cito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por ejemplo, otras carteras también puedan ir en esa línea y puedan favorecer estas situaciones.
¿Cómo se ha compatibilizado el trabajo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el día a día?
– Nosotros trabajamos bien coordinados porque obviamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es una institución que lleva mucho más tiempo que nosotros, tiene cobertura nacional, y en ese sentido, a través de las cinco sedes regionales que nosotros tenemos procuramos interactuar remitiéndoles los antecedentes de aquellos casos que conocemos en los que ellos son competentes. Y en esa línea, solo puedo agradecer la disposición que ha tenido siempre el INDH para con nosotros como Defensoría de la Niñez y creo que hemos logrado hacer una coordinación que ha favorecido el trabajo en favor de las víctimas y que esperamos solo siga produciendo mayores frutos y que se siga desarrollando bien durante el tiempo que las instituciones sigan en función.
¿Cómo evalúa el rol de la fiscalía en materia de persecución de delitos de derechos humanos que afectaron a NNA en el contexto del estallido social?
– Lo he dicho, se lo he planteado al fiscal nacional por supuesto antes de cualquier información pública, es muy preocupante la situación. Es muy preocupante porque uno observa un incumplimiento de instrucciones internas de la fiscalía en lo que dice relación con las entrevistas a las víctimas, lo que dice relación con la derivación a la unidad de Víctimas y Testigos, y también una falta de cumplimiento del estándar de debida diligencia que es un estándar exigido en los modelos internacionales de derechos humanos para poder satisfacer las investigaciones de violaciones a derechos humanos por agentes del Estado. Y en ese sentido, nosotros esperamos que los anuncios que ha hecho el fiscal nacional en su cuenta pública, particularmente a aquellos relacionados con la revisión de aquellas causas que fueron archivadas y de aquellas causas que se encuentran terminadas, pueda producir un efecto importante en lo que dice relación con lograr que esta concepción y percepción ciudadana acerca de la impunidad que han tenido los agentes del Estado que han violado derechos humanos, deje de estar presente y que logremos con mucha prontitud, asegurar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
¿En Chile se han violado los derechos humanos NNA en contexto de estallido social?
– Sí, se han violado.
Le quedan 2 años de gestión, ¿cuáles son los principales objetivos que espera trabajar en estos próximos años que le quedan al mando de la Defensoría de la Niñez?
– Mucho énfasis en lo que tiene que ver con lograr que NNA tengan reconocimiento constitucional y puedan tener reconocimiento y participación en los ámbitos en los que les afecten, generando instancias en la institucionalidad para eso. Y poder desarrollar, también, desde ahí un trabajo que redunde en que toda la sociedad pueda integrar la concepción que debemos tener de porqué es relevante no solo reconocer, sino que también tratar a NNA como sujetos de derecho y cómo de esa forma podemos mejorar la manera en la que les tratamos evitando espacios de mayor vulneración como las que hasta ahora han vivido.
¿Aún defiende “El llamado de la naturaleza ”?
– Sí.
¿Lo volverá a subir?
– Lo voy a evaluar.