Sin dudas que uno de los principales “recuerdos” que dejó el gobierno de Ricardo Lagos Escobar serán las autopistas concesionadas. Si bien el ideólogo de este sistema en nuestro país fue el exministro de Obras Públicas de Patricio Aylwin, Carlos Hurtado, finalmente Lagos fue quien las puso en marcha mientras estaba a cargo de esa cartera en la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, dando el impulso definitivo en su mandato, cuando incluyó la construcción de hospitales.

Han pasado los años y el sistema se afianzó como política pública, tanto así que ahora parece muy lejano que el Estado vuelva a administrar carreteras, cárceles y hospitales, por poner ejemplos. Aunque, una de esas vías volvió a manos estatales. Se trata de la Ruta CH-156 que une San Pedro de la Paz con la Provincia de Bío Bío, conocida como Ruta de la Madera, o también, como “Ruta de la Muerte”, por su alta accidentabilidad.

Fue una de las primeras obras concesionadas que pasó a ser administrada por el Estado, quien debe velar por su mantención. Por lo mismo, se continúa cobrando peaje, aunque sólo a camiones y a un módico monto.

Precisamente, su fama de ser una vía peligrosa llevó a las autoridades a terminar anticipadamente el contrato por fallas diversas, así como el alto valor del peaje y los problemas de trazado. Una calzada bidireccional, curvas numerosas, escazas zonas de adelantamiento y bermas estrechas, son parte del diagnóstico.

En promedio, las cifras oficiales muestran un registro de 60 accidentes por año. Entre 2014 y 2019, por ejemplo, ocurrieron 645 accidentes, con un saldo de 37 víctimas fatales.

Actualmente se cobra un peaje de $5.500 para camiones de dos ejes, un precio mucho menor al que se pide por ejemplo en la Ruta 146 que une Concepción con Cabrero, que alcanza los $14.650. Esta diferencia “incentiva” el uso masivo de la Ruta de la Madera por parte de los camioneros, haciendo aún más peligrosa la vía.

El desembarco español en las rutas concesionadas

Pero más allá de la Ruta de la Madera, lo cierto es que no pasa de ser un caso aislado para un modelo de negocios, que atrajo a inversionistas de otras partes del mundo, en especial, desde España e Italia. Incluso, una de las principales concesionarias, VíasChile, tiene entre sus accionistas al poderoso grupo económico hispano, Abertis.

Aunque si bien en Chile no ha tenido mayores zozobras, ha debido enfrentar un complejo panorama que la llevó a ser adquirida por el grupo italiano de infraestructura Atlantia y la constructora española ACS, del empresario y actual dueño del club Real Madrid, Florentino Pérez.

Mientras las preocupaciones se ciernen en el Viejo Continente, hasta nuestro país llegó el consejero delegado de Abertis, José Aljaro, en una gira por Latinoamérica que buscaba impulsar negocios en Chile y en Brasil.

Durante su paso por Santiago, el CEO de la empresa se reunió con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, según informaron en un comunicado oficial.

De acuerdo a la misma fuente, en la oportunidad se abordaron nuevos proyectos de inversión que se concretarán en los próximos meses, y que le permitirán extender su presencia en nuestro país mediante inversiones en los proyectos que tiene actualmente y, además, poder competir en futuras licitaciones.

Y no es para menos, tomando en cuenta que Chile junto a Brasil son los mercados concesionales más importantes para Abertis.

Precisamente, este grupo económico, a través de VíasChile, es el mayor operador de autopistas por volumen de tráfico en nuestro país, con más de 770 kilómetros de gestión directa e indirecta. Con más de una década de presencia en Chile, gestiona cinco autopistas interurbanas, tres de las cuales conectan Santiago con la región de Valparaíso y con los principales puertos del país, y la Autopista Central, la vía urbana de mayor tráfico.

Las razones detrás de la visita del CEO de Abertis: el Plan de Concesiones

La cita no suena casual, sobre todo tomando en cuenta la cartera de proyectos que este Gobierno va a licitar a través de la Dirección General de Concesiones del MOP hasta 2023, que considera un total de 47 llamados a licitación, que incluyen 59 proyectos por una inversión total de 14 mil millones de dólares.

Además, el Plan de Concesiones contempla 22 proyectos viales -autopistas- por 9 mil millones de dólares, con lo cual desde ya las empresas están iniciando las gestiones para no perder el lucrativo negocio.

De acuerdo al plan gubernamental, dentro de las iniciativas destacan 22 proyectos de autopistas por un monto de 9 mil millones de dólares.

Destacar que el Plan de Concesiones aún está en su trámite legislativo.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri, no ocultó su beneplácito con el plan, señalando que si bien una parte importante está asociada a la relicitación, se va a lograr un cambio en los estándares de calidad de las vías.

“El sistema chileno es un éxito porque ha sido sumamente transparente, siempre se ha adjudicado a la más barata y la más conveniente para el Estado y para los ciudadanos”, destacó.

Pero pese a su optimismo, lo cierto es que cada feriado los automovilistas deben enfrentar serios problemas de congestión en medio de medidas especiales de contingencia.

No obstante, Daneri apunta a que las razones de los colapsos tienen que ver con la baja en la inversión en infraestructura vial y el aumento explosivo del parque automotriz.

“Se bajó el ritmo de inversión de carreteras, tanto urbanas como interurbanas. Por ahí por el año 2008 y 2010 llegamos a cero prácticamente. Por otro lado el parque vehicular ha aumentado notablemente pasando de un millón y medio de vehículos hace 10 años atrás a cinco y medio millones, evidentemente se ha producido mayor congestión”, asegura.

“Igual la gente prefiere las autopistas, con congestión. Porque son más seguras y más rápidas, las personas no buscan alternativas porque con congestión siguen siendo bastante más eficientes que las vías locales”, añade Daneri.

Las nuevas licitaciones que mantienen atentos a las concesionarias

Por lo pronto, en las próximas semanas se conocerá la adjudicación de dos carreteras que ya concluyeron su proceso de licitación: Camino de la Fruta y Ruta 5 Los Vilos-La Serena.

Asimismo, se contemplaba la nueva concesión por el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5, por 796 millones de dólares, proceso que actualmente se encuentra entrampado en Contraloría, junto al nuevo contrato por el acceso al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, por 42 millones de dólares, planificado para diciembre.

Para el próximo año, en tanto, se cuentan la licitación de la Ruta Longitudinal de Chiloé -por 375 millones de dólares- y la Ruta del Villarrica, por 363 millones de dólares. Ambas están planificadas para ser subastadas en marzo de 2020.

En contacto con BioBioChile, desde la Dirección General de Concesiones indicaron que esperan este año triplicar el monto de licitaciones de concesiones que se estaban dando en las administraciones anteriores.

Automovilistas continuarán pagando peajes

Consultados respecto a qué va a pasar con las concesiones que terminan, desde la entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas aclararon que se va a continuar con el mismo modelo, es decir, los automovilistas deberán seguir pagando peajes para desplazarse a lo largo y ancho del país.

No obstante, desde la Dirección de Concesiones destacaron que está contemplado relicitar estas obras pero con distintas mejoras, entre las que se cuentan la incorporación del sistema free flow, ampliaciones de pistas, nuevas calles de servicio y mayores estándares de seguridad, como instalación de señalética y pasarelas.

Para el desarrollo de estos proyectos aparece en escena el recién creado Fondo de Infraestructura (Foinsa), sociedad anónima estatal cuya función es desarrollar actividades de financiamiento e inversión de proyectos de infraestructura; y desarrollar, a través de terceros no relacionados, los servicios anexos, incluida su construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación.

Esta entidad es administrada por un directorio de cinco integrantes, entre los que se cuentan la exsubsecretaria de Servicios Sociales, y exjefa de Gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Minería y Energía, Luz Granier, quien fue designada como presidenta del directorio por el Presidente de la República, junto a Luis Hernán Paúl Fresno.

Asimismo, el directorio lo integran dos personeros elegidos mediante Alta Dirección Pública: Arnaldo Gorziglia Cheviakoff y Rodrigo Azócar Hidalgo, este último reconocido por su trayectoria en empresas públicas como gerente general del Metro, de Enap, Esval, Aguas del Valle y de Corfo. Por último, en el directorio también está como subrogante Patricio Rojas, en reemplazo del renunciado Sergio Merino.

Consultado por esta iniciativa, Leonardo Daneri destacó la idea, adelantando que va a permitir que el Estado use los excedentes se eventualmente podrían producirse cuando se reliciten las autopistas, para desarrollar infraestructura.

“Esos excedentes se producen por el concepto del que usa, paga -que son los peajes- y esos excedentes que se producen permiten que donde el que necesite pagar y no puede pagar, use”, señaló.

Aunque, advirtió que como el Fondo de Infraestructura tuvo una legislación rápido, tiene algunos defectos que se deben corregir, pero que está trabajándose en una ley corta.

“Básicamente tiene que ver con igualar toda la parte financiera de las concesiones vía Fondo de Infraestructura a la Ley de Concesiones. No es nada muy distinto. Y lo que sucede también, es que una concesión de obra pública actual con la Ley de Concesiones vigente, es un Decreto Supremo firmado por el Presidente de la República. En cambio, a futuro, una concesión otorgada a través del Fondo de Infraestructura es un contrato con una empresa del Estado, que tiene mucho menos fuerza jurídica, y por lo tanto, mucho más difícil de financiar”, detalló.

Nueva licitación del tramo Talca-Chillán: La primera piedra en el camino

Una prueba de que el camino no será tan fácil, es el accidentado proceso de licitación de la nueva concesión del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 Sur, cuyas bases fueron rechazadas por Contraloría, luego de realizar una observación sobre el Fondo de Infraestructura.

Finalmente el tema se solucionó eliminando dicha referencia en el documento, siendo reingresado a tramitación, lo que implicaría que el llamado definitivo se realice en noviembre.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, catalogó lo sucedido como “una observación muy menor”, según declaraciones recogidas por el diario El Centro de Talca.

“Contraloría dijo que el Fondo de Infraestructura todavía no estaba terminado de tramitar, por lo que no se podía poner en las bases. Por lo tanto, lo que hicimos fue simplemente eliminar esa referencia al Fondo de Infraestructura y se va a poner en las adendas correspondientes”, explicó.

Moreno aseguró que las bases de licitación ya fueron reingresadas a tramitación en Contraloría, quedando a la espera de la toma de razón “en un plazo breve”. En ese sentido, descartó ampliar el plazo de concesión actual de la carretera.

“Por el momento no vemos que sea necesario extender el plazo de la concesión actual y vemos que la licitación será en el mes de noviembre, de manera tal que se va a mantener en los plazos que teníamos previstos”, afirmó.

Mientras que el presidente de Copsa, Leonardo Daneri, sostuvo a BioBioChile que a su juicio “son cosas que suceden normalmente, lo importante es que la licitación salga luego”.

El pago doble para mantener las carreteras

La interrogante que surge frente a este panorama, es porqué se continuará con un sistema pensando en “devolver” la inversión a las empresas detrás de la construcción de las principales vías del país, pensando en que en el fondo lo recaudado estará enfocado en la mantención de las vías. Pero, por otro lado, todos los automovilistas ya pagan un tributo con este fin, a través del impuesto específico a los combustibles.

Al respecto, desde la Dirección de Concesiones se hacen cargo del tema destacando que este sistema ha permitido nutrir al país de autopistas de alto nivel, rutas interurbanas que conectan distintos puntos del país, además de edificaciones públicas como hospitales, liberando recursos estatales para financiar necesidades de la población en materia de salud, educación, vivienda. Por otro lado, enfatizan en que a lo largo de todo el país también existen rutas y caminos rurales que están a cargo de la Dirección de Vialidad, que deben financiarse con recursos estatales.

Según apuntan, si el Estado dejara de licitar las obras cuyos contratos están próximos a finalizar, habría que destinar importantes recursos del presupuesto nacional para financiar sólo la mantención de las obras existentes, indican.

A juicio de la entidad gubernamental, la mantención del contrato de concesión daría espacio al Estado para seguir desarrollando infraestructura pública sin dejar de lado las otras necesidades de la ciudadanía.

Aunque, y no menos importante, es que la Ley de Concesiones obliga a relicitar las concesiones, valga la redundancia. En otras palabras, si se quisiera cambiar el panorama actual, necesariamente los parlamentarios tendrían que tomar un rol activo.