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Entre 2013 y 2014 el Ejército compró dos helicópteros por casi 60 millones de dólares. ¿El problema? La Contraloría detectó cuatro años más tarde que parte de ese dinero se pagó como sobreprecio, lo que derivó en que esta semana el Consejo de Defensa del Estado se querellara contra quienes resulten responsables por fraude al fisco. En la presentación aparece mencionada C&M, compañía cuyo representante es Virgilio Cartoni, uno de los principales proveedores de la entidad castrense bajo la administración del excomandante en jefe del Ejército de Chile, Juan Miguel Fuente-Alba. La historia es de la Unidad de Investigación de BioBioChile.
Una querella criminal por fraude al fisco interpuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE), luego de que la Contraloría revelara que la Brigada de Aviación del Ejército de Chile (BAVE) pagó sobreprecios de más de 8,6 millones de dólares (unos $6.782 millones de pesos) en la compra de helicópteros.
Según se detalla en el libelo -al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile-, la BAVE también desembolsó millonarios sobrepagos por concepto de repuestos y otros servicios a la empresa C&M, representada por Virgilio Cartoni, uno de los principales proveedores de la entidad castrense bajo el mando de Juan Miguel Fuente-Alba.
En la acción legal ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por la procuradora fiscal de Santiago del CDE, Ruth Israel López, se acusa a funcionarios públicos militares de justamente concertar la compra de las piezas por intermedio de la empresa C&M, “aumentando ficticiamente su valor y, de este modo, defraudando al Fisco-Ejército de Chile”.
La causa actualmente es investigada por el persecutor de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz.
Los hechos
La historia parte así. En 2011, la entidad castrense buscaba aumentar la dotación de helicópteros militares.
Conforme consta en la carpeta investigativa, se encargó al mayor Sergio Vilches y al teniente coronel Orlando López, el nuevo proyecto “Rotor”, que incluía la adquisición de dos nuevas aeronaves, para así completar las 10 que se proyectaban.
Fue así como entre 2013 y 2014 el Ejército concretó la compra de ambas aeronaves a Eurocopter S.A. y Airbus Helicopters, respectivamente, por un total que bordeaba los 60 millones de dólares. Ambas firmas representadas en Chile por C&M, la compañía del propio Cartoni.
Lea la querella
El informe
Hasta ese entonces no existían sospechas de irregularidades, pero en 2018 la Controlaría develó su informe denominado “Sobre Auditoría y Examen de Cuentas en la Brigada de Aviación del Ejército de Chile”.
En él se revelaban los sobrepagos que se alzaban -sólo por los helicópteros- a los 8,6 millones de dólares.
Según consta en el documento, el Ejército pagó un total de 57,4 millones de dólares por ambas naves, en circunstancias que “requerida información a la Fuerza Aérea de Chile, se verificó que esa institución cotizó el mismo tipo de aeronaves en los años 2010, 2015 y 2016 por una cifra total de 48,7 millones dólares”.
Pero no sólo eso: también se comprobaron sobreprecios en la adquisición de repuestos de aviación al proveedor C&M, representada por Cartoni, por la suma de 222 mil dólares.
Y hay más: la Contraloría determinó que existían adquisiciones de repuestos efectuadas por la BAVE a C&M en los años 2014 y 2015 por 3.285 millones de pesos que se encontraban pendientes de pago. La empresa -patrocinada por el abogado Samuel Donoso- interpuso una querella para que le pagaran, pero todo concluyó en un sobreseimiento definitivo.
A su vez, se determinaron sobrevaloraciones en productos cuyos pagos aún no se han concretado, respecto de repuestos adquiridos y entregados a la Brigada de Aviación sin orden de compra, por otros 215 mil dólares.
Todos estos incrementos en los costos fueron determinados en base a una muestra de elementos cotizados en línea, mediante la plataforma Keycopter de la empresa AIRBUS, que maneja actualmente la propia BAVE.
Las excusas
Según la querella, el Ejército respondió que los precios en moneda euro que se obtienen desde el portal Keycopter, representan los precios de lista de los elementos puestos desde su casa matriz en Francia, y que están sujetas a las condiciones económicas del ajuste regional.
Entre fletes, seguros, licencias y su llegada hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, el precio final subiría, indicaron.
No obstante, la empresa Airbus declaró que hacia Santiago, y al valor de 2018, solo se consideraba un 5% adicional a cada ítem. Aún con ese aumento, sigue existiendo un sobreprecio injustificado.
Así las cosas, a través de la acción legal, el CDE busca -entre otras diligencias- que se oficie al Ejército a fin de que remita sumarios administrativos, se ordene una pericia contable y se cite declarar, por ejemplo, a altos ejecutivos de las empresas.
“Querella instrumental”
Luego de que en 2018 se destapara el informe de Contraloría, según consignó La Tercera, el Ejército aseguró que el organismo de control dejó fuera las consideraciones por las que se pagó un valor más alto en los equipos, por lo que no correspondería la metodología utilizada en el informe final.
Ante los cuestionamientos, el contralor general Jorge Bermúdez salió en defensa del trabajo realizado por el organismo, el que calificó de responsable.
“Evidentemente que no (comparamos peras con manzanas)”, dijo el titular de la repartición.
Requerido por este medio, el abogado de Virgilio Cartoni, Samuel Donoso, dijo escuetamente que “la querella es contra quienes resultan responsables, lo que habla de la debilidad de la acción, y de su sentido meramente instrumental para evitar que se cierre la investigación, y no aporta ningún antecedente nuevo”.
La Unidad de Investigación de BioBioChile intentó obtener una declaración del Ejército, pero declinaron referirse a los hechos. Argumentaron que no han sido notificados de la presentación.