El pasado 12 de agosto la Fiscalía Occidente, formalizó a dos gerentes del aparcadero Custodia Oriente, actualmente licitado por la Municipalidad de Las Condes y ubicado en Maipú, por delitos de estafa y otras defraudaciones, ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.
La formulación de cargos que afectó a Alberto Palma Turchan y Andrés Seitz Fuenzalida, reveló que la empresa cobraba ilegalmente más de $30 mil por la llamada “Operación Traslado”, violando las bases de licitación suscritas con el municipio.
El hecho quedó al descubierto luego que Luis Sarmiento, ciudadano venezolano avecindado en Chile, fuera descubierto por Carabineros -el 18 de julio de 2020- con los documentos vencidos. De acuerdo a la indagatoria, Sarmiento llegó al aparcadero el 30 del mismo mes a recuperar su auto y se encontró con que debía cancelar, además del retiro del vehículo y los días de estadía, un cobro anexo.
A fines de octubre, Sarmiento concurrió a la casa edilicia y denunció el hecho. Acto seguido el municipio revisó los actos comerciales de la empresa y descubrió que esta última había hecho lo mismo con otras 1.290 personas ganando con ello $35 millones.
En paralelo, la víctima interpuso una querella en el mentado tribunal y se inició la investigación a cargo del fiscal Tufit Bufadel.
Una de las primeras diligencias decretadas en la indagatoria, previa autorización judicial, fue la intervención telefónica de Alexis Coronado, uno de los choferes de las grúas de Custodia Oriente, con miras a determinar cómo operaba el sistema.
De acuerdo a los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Coronado se comunicaba con Nicolás Salazar, cabo segundo de Carabineros, encuadrado en la 47 comisaría de Los Dominicos para coordinar el retiro de vehículos y enviarlos al aparcadero de Maipú.
En una de las escuchas, sospecha la fiscalía, podría existir un posible cohecho.
Carabinero: “En denante (sic) quedó la cagá, porque un poli no le quitó las llaves a una moto y la moto se arrancó y la huevá (…) tenía que irse a corrales. Este huevón la cagó”.
Chofer: “Ah, ya tranquilo, listo, 70 no más el procedimiento”.
Carabinero: “Sipo, ahora ya estamos aquí para recuperar”.
Los hechos se asemejan a los acreditados en otra indagatoria que también sustancia la Fiscalía Occidente, por el pago de millonarias coimas a funcionarios de Carabineros, activos y en retiro, entre ellos un general, por el aparcadero ACN que mantiene convenios con una serie de municipios de la Región Metropolitana.
Tal como lo informó este medio en mayo pasado, el Ministerio Público formalizó a altos oficiales por delitos de cohecho y asociación ilícita, como también a civiles, entre ellos los dueños de ACN.
Sin ganancia
En el caso se decretaron una serie de diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), que logró establecer el cómo y el porqué la firma decidió cobrar, a espaldas del municipio, por la “operación traslado”.
Quien lo explicó en simple, en marzo pasado, fue Elizabeth Saavedra, empleada de la compañía.
“(…) en un oportunidad les pregunté a ambos gerentes (…) por qué se estaba realizando ese cobro, a lo que me manifestaron que en la empresa no se estaban generando ganancias por lo que tenían que solventar el funcionamiento de esta”, indicó.
Agregó que la “operación traslado” incluía además a dos sujetos que fotografiaban y filmaban el retiro de los vehículos, como también se cobraba por fotocopias.
El director de Tránsito de la Municipalidad de Las Condes, Óscar Arévalo, reveló que en octubre de 2020, recibió de parte de la Dirección Jurídica un oficio donde se establecía que Custodia Oriente cobraba un “suple” de manera ilegal al menos desde julio de 2019, cuando se adjudicó la licitación por 12 años.
“(…) se solicitó a la concesionaria los cobros efectuados desde el inicio de la concesión hasta septiembre de 2020 (…) tras ser analizados por el suscrito arrojaron cobros indebidos por certificados de anotaciones vigentes y gastos operacionales no incluidos en las bases que ascienden a la suma de $35 millones”, declaró.
Actualmente, de acuerdo a la versión de este último, existe un sumario interno en curso.
Sigue igual
A fines de noviembre de 2020, cuando Custodia Oriente había reconocido la mala práctica, el municipio le cursó una multa de apenas 1 UTM, por entonces $50.674. En otras palabras, la sancionó solo por uno de los 1.209 casos y le permitió seguir funcionando hasta hoy.
La empresa apeló, alegando que había mal interpretado las bases de licitación, pero su intento fue rechazado. Fue así, dijo Andrés Seitz ante la PDI, “la alcaldía nos dio su voto de confianza y continuamos trabajando (…)”.
Consultada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la municipalidad reconoció íntegramente la situación.
A través de un comunicado explicó que junto a la exigua multa aplicada en noviembre, Custodia Oriente se comprometió a devolver los dineros a todos los afectados.
“Desde esa fecha la empresa cobra los conceptos de servicios establecidos en las bases de licitación”, se indicó.
Y agregó: “En caso de no ser posible efectuar la devolución a todos los clientes, la municipalidad solicitará a la empresa, la consignación del monto remanente en tribunales o en una cuenta especial para ello, evaluando la aplicación de multas por incumplimiento”.
Este medio intentó obtener una versión del abogado Miguel Chaves, quien patrocina al formalizado Palma Turchan, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.