Cuatro amenazas provocadas por el crimen organizado para 2021 advirtió el Ministerio Público en su último informe del Observatorio Nacional de Drogas.
La primera de ellas, el aumento en la venta de drogas sintéticas falsas, principalmente pastillas conocidas como C2B, hechas a base de ketamina. Si bien el producto tiene su origen en Colombia, se ha evidenciado un mayor decomiso de su principio activo, la incautación de máquinas automáticas para fabricarlas y el crecimiento de en el número de laboratorios.
De acuerdo al documento, un segundo peligro que enfrenta Chile es la llegada de tres grandes organizaciones transnacionales a suelo nacional. El más preocupante, destaca la Fiscalía Nacional, es el sanguinario cártel mexicano “Jalisco Nueva Generación”, que junto al de Sinaloa intentaron montar una base de operaciones en Iquique.
Se suma a los anteriores el narco colombiano a través de sus tentáculos en el Valle de Cauca, conocido como el Cártel del Golfo que exporta marihuana “creepy”, consumida por los sectores de menores recursos en el país.
Una tercera preocupación para el organismo perseguidor es que la producción de marihuana nacional -por medio de plantaciones “indoor”- también ha tenido un aumento notorio. En esta última amenaza también se involucran “poderosas organizaciones criminales extranjeras”.
La última del listado es la instalación de un “sistema de dominación” del narco en los recintos penitenciarios, convirtiéndolo en “centros de negocios para el crimen” y generando “una amenaza totalmente inaudita en Chile”.
Básicamente los narcotraficantes han replicado al interior de los penales la forma de comercialización barrial. Incluyen el uso de reos con menor compromiso criminógeno, a quienes llaman “perros” y someten por la violencia. Los utilizan para el sicariato, recibiendo el costo punitivo, a diferencia de los líderes, en cuyas fichas ostentan anotaciones por buena conducta.
De acuerdo a un informe de Gendarmería citado por la fiscalía, al 30 de abril del corriente, fueron identificadas 570 bancas criminales a nivel país. De los 1.936 integrantes, 1.534 son chilenos y 402 extranjeros. Los colombianos suman 144.
De acuerdo al estudio hay un aumento del tráfico marítimo de drogas, violencia entre bandas rivales y el uso de medios digitales de comunicación “que han provocado la gradual obsolescencia de los medios policiales de interceptación de las comunicaciones, vitales para la eficacia de la persecución penal”.
Todo ocurre en el contexto del estallido social y la pandemia que ha evidenciado una caída en la oferta de cocaína y pasta base.
Cifras duras
Las estadísticas hablan por sí solas. En 2020 la incautación de ketamina, por ejemplo, alcanzó más de 133 mil gramos, duplicando la cantidad con respecto a 2019.
Si en esta última anualidad se incautaron 748 pastillas falsas de “C2B”, el año pasado superó las 26.300 unidades. A la misma comparación, de poco más de 20 millones de gramos hubo un salto a más de 25, respectivamente.
Entre 2019 y 2020 se detectaron 15 laboratorios de abultamiento de cocaína; de conversión del alcaloide 24; drogas sintéticas 20 y solo el año pasado 3 para la marihuana.
El dinero incautado al crimen organizado nacional superó los $3.149 millones.
En millones lidera la Región de Valparaíso con $391 millones; le sigue zona sur de Santiago con 379; Centro Norte, 351; De los Lagos, 347; Bío Bío, 341. La Araucanía aparece con no despreciables $114 millones.
Los imputados en 2020 por Ley de Drogas alcanzó una cifra superior a las 22 mil personas. Desglosadas, solo por tráfico hay más de 5.500, mientras que por microtráfico llega a más de 13.100.
En materia de condenas, en 2019 llegó a 12.386 personas, pero la pandemia redujo la cifra a 7.691, provocando una variación de un menos 37%.
Agua salada
En 2020, por el cierre de fronteras producto del Covid-19, en la mecánica de negocios del narco. Por lo anterior, la oferta se redujo y la demanda aumentó. Ello implicó una subida en los precios de la droga, por lo que el crimen organizado se convirtió en su nuevo aliado a los servicios marítimos.
Solo en el Puerto de San Antonio, donde se han descubierto varios contenedores con drogas y vínculos con el narco mexicano, la carga anual llega a los 1,7 millones de contenedores y 65 recaladas de naves. La fiscalización, reconoce el Ministerio Público, se hace compleja y reclama mayor personal de aduanas, policial, entre otros.
Y se lamenta: “Además, la situación actual, obliga a que el sector privado a cargo de la administración portuaria y de las empresas navieras, comprenda y se involucren con mayor responsabilidad en (…) medidas de control (…) que permitan (…) actuar de la manera más eficiente en el combate de este delito, sin perder, por desconocimiento, importantes oportunidades de brindar certeros golpes al narcotráfico”.
Rejas
Actualmente, de los 9.796 reclusos del sistema penitenciario cerrado, cerca de 2.500 están por delitos de la Ley de Drogas.
A este grupo, solo en 2020 se le incautaron 15.399 celulares; 14.186 gramos de cocaína y 64.316 de pasta base y 112. 414 de marihuana. Esta última cifra de cannabis, en relación a 2019, supuso un aumento de más de 55%.