Un nuevo flanco se abrió en la licitación que debe resolver el Servicio de Registro Civil e Identificación (Srcei) para el cambio de cédulas y pasaportes por los próximos diez años y que supera los US$525 millones. Esta vez, la batalla se desarrolla en el Tribunal de Compras Públicas (TCP) que admitió a tramitación dos reclamaciones en contra del Srcei. Una interpuesta por Idemia, actual administradora de la concesión- y otra presentada por Sonda, cuyo dueño es Andrés Navarro, amigo del Presidente.

Ambas empresas, que actúan en conjunto con empresas extranjeras, acusan al servicio de identidades a la Comisión Evaluadora del servicio de identidades de cometer una serie de anomalías al autorizar que otros competidores entraran al ruedo, aún cuando no cumplían los requisitos contenidos en bases.

Tanto Idemia como Sonda, además, intentan anularse mutuamente del concurso y reclaman en contra la decisión del RCI que permitió el ingreso de Telefónica y Veridos.

Lea la presentación de Sonda

Sin embargo, de la revisión de los libelos, las compañías reclamantes destinan un parte importante de antecedentes dirigidos en contra de Aisino -el quinto elegido- la firma de capitales chinos que presentó una agresiva oferta económica de US$222 millones, sorprendiendo a la industria. El resto ofertó así: Idemia con US$245 millones; Sonda (aliada con la francesa y Thales con US$261 millones); Telefónica Chile con US$303 millones y la alemana Veridos, cuya propuesta alcanzó los US$379 millones.

Dentro de los antecedentes apuntan a que Aisino tampoco cumpliría con las normas del sistema biométrico que impide la usurpación de identidad con un mínimo de 99,5 y la carencia de certificación internacional que lo verifique.

Arguyen que la oriental, al mismo tiempo, incumple con trámites de carácter notarial referidos a la carencia de poderes, por ejemplo, para una operación transfronteriza.

Pese a estas denuncias, el TCP, al menos hasta el cierre de esta edición, no ha resuelto acción alguna en contra de la licitación, tramitando solo formalmente los libelos. Al respecto, fuentes de la industria sostienen que ambos reclamos podrían tener escasas posibilidades de éxito, porque la decisión final que debe adoptar el RCI está fechada para octubre próximo.

Valores

Entre los competidores existe un misterio. Hace algunos meses, las bases de licitación fueron modificadas y no existe una resolución que indique el por qué.

Cuando se abrió el concurso, a la oferta económica se le asignaba un 50%, pero el cambio supuso un aumento al 65%, el aspecto técnico un 35% y el 5% restante se relaciona con temas administrativos.

A renglón seguido -y debido a la pandemia- se resolvió que los participantes no entreguen materialmente las cédulas como ha ocurrido siempre, reemplazando la revisión de la autoridad basándose en certificaciones extranjeras.

La modificación a 65% abrió un espacio para que los oferentes entraran en una dura competencia para ofertar el mejor precio, lo que en términos simples permitiría al fisco pagar menos plata.

Si la oferta económica es el norte de la decisión que debe adoptar el SRCI, Aisino tiene serias posibilidades de ganar, dejando a Idemia, su más cercano competidor y Sonda, fuera de juego.

FBI

Fuentes ligadas a la licitación, como en algunas de las más de 3.000 consultas escritas en el “foro inverso” de las bases, se apunta a que Estados Unidos habría manifestado su preocupación porque Aisino pudiera quedarse con el premio mayor.

Para nadie es un misterio que en el contexto de la guerra comercial entre ambas potencias -por acusaciones de espionaje tecnológico de Beijing- existe el temor de que este podría “colarse” a través documentos de identidad que usarán los chilenos que viajan al país del norte con la visa Waiver, si es que Aisino gana.

En la presentación judicial de Sonda se instala la sospecha, basándose en un supuesto informe del FBI que advierte la situación.

En entrevista con La Segunda, el vicepresidente de Aisino Ma Chenzhou, desconoció la veracidad del documento americano.

Lea la presentación de Idemia

“Acá los que deben comprobar algo, son los que han publicado un hecho falso. Por nuestra parte solo podemos decir que no hemos tenido noticias de ninguna acusación del FBI, y al igual que ustedes, solo hemos sabido de ese rumor a través de la divulgación en blogs y páginas de discutible reputación periodística que alientan teorías de conspiración (…)”, aseguró.

Funcionario del Tío Sam

Temor infundado, conspiración o realidad, lo cierto es que la cartera de Justicia mantiene una comisión de trabajo con la Cancillería, Hacienda, entre otros ministerios, que sigue de cerca la licitación, teniendo como marco el proceso de modernización del Registro Civil.

Sin embargo en la instancia, de manera coincidente, participan regularmente funcionarios de la embajada de Estados Unidos con asiento en Chile.

El hecho fue confirmado oficialmente por la cartera dirigida por Hernán Larraín a raíz de una solicitud de este medio. Se indicó que en los encuentros no participa ni Larraín como tampoco el subsecretario del ramo Sebastián Valenzuela, sino solo personal “técnico” dedicados a temas “estrictamente relativos a la visa Waiver”.

“Efectivamente el Ministerio de Justicia y DDHH participa de las reuniones que se hacen de forma periódica por el tema Visa Waiver, junto a funcionarios del gobierno norteamericano”, señala la versión.

Agrega: “Estas reuniones son instancias técnicas, donde los temas abordados son estrictamente relativos a la Visa Waiver -tales como la coordinación en intercambio de información, mejoras en seguridad y planificación de visitas en terreno-, y no otros asuntos”.

A renglón seguido se apresuraron a entregar una aclaración: “la coordinadora de dicha instancia” y la encargada “de llevar el seguimiento de Visa Waiver y las reuniones, es el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Al ser consultada la cartera, declinó comentar el hecho, aludiendo a que la licitación del Registro Civil se encuentra en pleno desarrollo. El servicio de identidades siguió la misma línea. El que calla otorga.

Una postura distinta tuvo la legación estadounidense al ser inquirida por este medio.

“Al igual que con los demás países que participan en el (…) programa Visa Waiver, Estados Unidos trabaja en conjunto con el Gobierno de Chile para aumentar las medidas de seguridad mutuas y afianzar la seguridad del programa. Dicha colaboración incluye compartir las mejores prácticas para la protección de la integridad de los documentos de identidad nacional de Chile, así como la continua evaluación de la seguridad de esos documentos”, señala la respuesta.

Según la versión diplomática, los chilenos “requieren poder confiar en que sus documentos de identidad no se vean expuestos a los riesgos que amenazan la seguridad nacional, la privacidad o seguridad de datos”.
“Cada país debe tomar sus propias decisiones acerca de su seguridad nacional. Acogemos la colaboración con socios y aliados como Chile para garantizar la seguridad que compartimos”, concluyen.
Dura comisión

El actual director del RCI, Sergio Mierzejewski, está entre la espada y la pared, aunque ha defendido con pies y manos el proceso licitatorio y su transparencia. Uno de sus temas centrales que sostiene, es que a diferencia del actual servicio de entrega Idemia, la información de los connacionales estará en manos del SRCI. De esta manera, ha insistido, la protección de los datos personales está asegurada.

No obstante su esfuerzo, el pasado lunes 15 de agosto la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados literalmente destruyó los argumentos que esgrimió ante los parlamentarios.

El presidente de la instancia, el socialista Jaime Naranajo, dijo que las respuestas entregadas por el jefe de servicio eran “infantiles” y que la licitación estaba “dirigida” para que ganara Aisino, deslizando la sombra de la corrupción en el concurso.

Vea la Comisión

Los dichos de Naranajo sorprendieron a Mierzejewski, quien solo alcanzó a retrucar que no sabía cómo interpretar “su comentario diputado”.

Naranjo, se explayó con duros argumentos sobre el peligro que corre el país al adjudicar la licitación a una compañía cuyo dueño “es el estado chino”.

Los parlamentarios presentes coincidieron en que la exposición del funcionario estatal les dejó “más dudas que certezas”. Por esta razón resolvieron oficiar de manera urgente a la Contraloría para que analice los hechos y emita una respuesta.

El tiempo que se tome el organismo fiscalizador para resolver siempre está matizado por la prudencia y esta no conoce el reloj.

Coincidencia o sincronía, lo cierto es que para cuestionar la presentación del director del Registro Civil, la Comisión de Economía utilizó los mismos argumentos que los vertidos por Sonda e Idemia ante el TCP.