Encuesta secreta: fiscales destrozan gestión de Abbott y revelan discriminación a minorías sexuales

El liderazgo de Jorge Abbott a la cabeza del Ministerio Público es “deficiente”. El órgano actúa por presiones políticas y de la prensa. Las personas de escasos recursos, las minorías sexuales, los pueblos originarios y los casos de violencia intrafamiliar sufren discriminación en el servicio que presta la institución.

Estas son solo algunas de las conclusiones a las que arribó una encuesta -hasta ahora mantenida bajo estricta reserva- encargada por la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) a la exjefa de la Secom y ex asesora de Michelle Bachelet, la periodista Paula Walker.

Lea la encuesta completa

Algunos puntos -destaca el documento- es que los perseguidores se quejan de la falta de apoyo para casos complejos; alegan carencia de recursos para investigar y la nula política comunicacional que los defienda de los “ataques” de los medios de comunicación.

Estrés, insomnio y ataques de pánico son los principales trastornos que afectan a los fiscales, de acuerdo a la medición. También las enfermedades siquiátricas y problemas traumatológicos.

Reclaman falta de personal, exceso de trabajo, tienen pocos o ningún día de descanso, entre otros tópicos.

Poco menos de la mitad de los consultados cuenta con magíster o doctorado. Y más: la Fiscalía Nacional, respondieron, no ha generado criterios de persecución claros para los delitos de baja pena.

Respecto de los ilícitos relacionados al crimen organizado las cifras no mejoran y la cantidad de funcionarios especializados en delitos informáticos son una minoría.

¿Abrir un mail?

La medición se realizó entre el 29 de enero al 19 de febrero de 2021, en momentos en que el presidente de la ANF era Claudio Uribe, quien fue reemplazado a fines de abril por Francisco Bravo luego de ganar las elecciones.

Para ejecutar el sondeo, la gremial aportó un listado de 696 funcionarios, a quienes se les envió un e-mail para que participaran. De esos, solo 468 abrieron el correo, 412 entraron a la encuesta y 407 contestaron. De esta última cifra solo 380 la completó y 27 no lo hicieron. En suma, la tasa de logro alcanzó al 54%.

De los 380 que concluyeron la encuesta un 66,9% son hombres, mientras que el 33,1% mujeres. Poco más de la mitad están en la Región Metropolitana y a nivel nacional predominan los casados con un 62%. La casi totalidad cotiza en Isapre y más del 71% tiene seguro de salud complementario.

El deficiente

Una pregunta que revela la mala percepción interna de Jorge Abbott es la siguiente: ¿Cómo cree ud. que ha sido la conducción del Ministerio Público por parte de la Fiscalía Nacional? Más de un 50% indicó que “deficiente”; poco más del 40%, la calificó como “adecuada”, mientras que el resto contestó “sobresaliente”.

El estudio estableció también que el 50,8% considera que la conducción de la Fiscalía Nacional opera con independencia del poder político y económico, pero un no despreciable 41,2% cree lo contrario, mientras que los restantes eligieron el “no sabe” como respuesta.

Consultados respecto a si la Fiscalía Nacional debiera tener una política comunicacional para defenderlos de los “ataques de la prensa”, un 77,9% cree que sí.

En el mismo sentido y al ser inquiridos respecto a si conocen alguna estrategia desde la testera del Ministerio Público para evitar noticias negativas a su trabajo un 59,3% estimó que ni siquiera existe; un 37,8% “no sabe” y solo el 2,9% opina lo contrario.

En cuanto a si la ciudadanía conoce qué labor realizan los fiscales un 75% cree que no.

Por qué el trabajo del Ministerio Público no es espontáneo tiene sus razones, según los encuestados. Un 41,2 % percibe que el sistema de nombramiento del fiscal nacional es el principal motivo, mientras que la influencia de los medios de comunicación muestra un 7,7%.

Hay que recordar que la elección de quien dirige al organismo a cargo de la persecución penal ocurre así: la Corte Suprema conforma una quina. De ella el Presidente o Presidenta elige a un candidato que debe ser confirmado por dos tercios de los senadores en ejercicio. En el procedimiento es donde se cuela el lobby.

“¿Cuánto considera usted que las y los ciudadanos confían en la justicia penal que se imparte en Chile?”, se preguntó. La respuesta “poco y nada” promedió cerca del 75%.

¿Cibercrimen?

Un detalle llamativo es que poco menos del 50% tiene cursos de postgrado, mientras que un 48,3% ostenta estudios de postítulo y el resto (2,5%) lo está cursando en la actualidad.

La especialidad entre los fiscales con mayor porcentaje son los delitos sexuales con un 29,9%.

De los 380 encuestados el 38,1% que sustancian causas por estos ilícitos son mujeres y en una cifra similar, están a cargo de indagar casos de Violencia Intrafamiliar (VIF).

La VIF es la de mayor ocurrencia, se lee en el sondeo con un 83,7%.

Le siguen los delitos económicos y funcionarios con un guarismo ligeramente menor. Sin embargo, en ilícitos relacionados con la cibercriminalidad solo aparece un 6,1% de especialización y drogas con un 25,8%.

Respecto del narco, por ejemplo, el estudio revela un 56,3% de mayor ocurrencia y 36,7% relativo a infracciones de la Ley de Armas, revela la opinión de los funcionarios.

Al mismo tiempo, los entrevistados perciben que los criterios de persecución adoptados por la Fiscalía Nacional para delitos de baja pena, no son positivos.

Discriminación

“En la entrega de servicios a la ciudadanía que realiza el Ministerio Público, ¿usted considera que hay un trato discriminatorio a las personas involucradas en una investigación?, se consultó. Más del 70% dijo que existe un trato igualitario.

No obstante hay cifras a considerar. Por ejemplo, las personas de escasos recursos entran en la discriminación con casi un 20% de los 380 encuestados. Los grupos “LGTBIQ+” alcanzan un 21%; los pueblos originarios con un 9,7% y un 9% con la violencia de género.

Los perseguidores lamentan que la Fiscalía Nacional no los apoye cuando realizan su trabajo. La sensación llega a una cifra ligeramente superior al 60%; cerca de un 20,7% cree que siempre cuentan con ese apoyo. El resto (17,3%) percibe una total orfandad. En la tramitación de casos complejos las cifras son ligeramente similares.

Faltan manos

Para robustecer al organismo hay un criterio coincidente: se necesita más personal con un 89% de los encuestados.

“¿Tiene todos los elementos necesarios, como personal, equipamiento, etc., para dirigir las investigaciones que le faculta la ley?”, señala una de las consultas.

Al respecto solo 8,3% respondió que sí. Un 27% contestó que “nunca” y un 32% estimó que “a veces” para indagatorias simples y complejas.

Los fiscales reconocen (casi un 70%) que en los últimos cuatro años han sido capacitados; cerca del 25% solo en una oportunidad y el resto explicó que nunca.

Crisis de pánico

En salud mental las cifras no mejoran, porque un 95,9% considera que los principales trastornos que sufren los fiscales son el estrés, insomnio y crisis de pánico; le siguen con un 49,4% las enfermedades siquiátricas. Otro tanto sufre dolor de espaldas y la casi totalidad lamenta (89,2%) que no reciben asistencia sicológica cuando enfrentan casos de alto impacto emocional.

Todo lo anterior, podría explicarse porque un 65,1% trabaja entre 8 y 12 horas y un 15,3% más de trece diariamente. Otro dato: un 52,1% labora de lunes a domingo.

En ese sentido, los fiscales critican que no exista una política que permita conciliar la vida laboral con la personal y familiar. Esta respuesta llegó al 77%.

Ahora bien, un 81,3% no ha presentado licencias médicas.

Por último, los consultados reconocen que el Ministerio Público (65,9%) sí entrega las mismas oportunidades a hombres y mujeres, pero el “no” llega al 28,9%.