Entre el 12 y 13 de mayo pasado, personal de Gendarmería realizó varias incautaciones de drogas en la ex Penitenciaría de Santiago. Una de tantas, salvo por un detalle: arribaron a la prisión cargadas en un drone, un delivery aéreo.
Si bien el sistema no es nuevo y ha reemplazado a la vieja usanza de lanzar bolsas por sobre los muros de un penal, lo cierto es que perseguir al piloto del aparato y al “cliente final”, no ha sido cosa fácil.
Sin embargo, en los días señalados, el servicio de prisiones no solo requisó sustancias prohibidas que cayeron a los techos de la “calle 13”, sino al menos dos artefactos impulsados por hélices y manejados a distancia vía remota.
Previo análisis de inteligencia intrapenitenciaria, se estableció que al menos tres sujetos que purgan condenas por tráfico ilícito de estupefacientes son los receptores y luego vendedores al menudeo tras las rejas, finalizando así la cadena delictual.
Algunos de ellos registran sanciones internas por mantener en la celda teléfonos celulares y posesión de drogas. Los castigos son enviados al tribunal donde está incoada la causa por la que fueron sentenciados y este último, suele ocurrir, las confirma.
Fuentes que conocen del hecho explicaron que se trata de organizaciones que descubrieron las bondades de la tecnología para evitar ser descubiertas. Y si bien la cantidad traficada es sustancialmente menor, las dosis superan con creces el precio del mercado extramuro, aumentando así la ganancia.
De acuerdo a la información recabada por este medio, los datos obtenidos en este y otros procedimientos en distintos penales del país podría servir para desbaratar al crimen organizado, aunque reconocen la complejidad para lograrlo.
Por esta razón, los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía Centro Norte que inició una investigación para dar con los responsables.
Vuelos de prueba
Constantemente, reconocen en Gendarmería, se avistan drones que sobrevuelan los penales, pero no transportan drogas. Básicamente, lo que hacen los “pilotos” es realizar vuelos de prueba para determinar si los aparatos son detectados y evaluar así la reacción de la guardia.
Un informe emanado del Departamento de Tecnovigilancia y Radiocomunicaciones de la institución establece que los drones cuentan con un sistema similar a la caja negra de un avión. En él, dijo la fuente, se almacenan una serie de datos, entre ellos, el registro de vuelo, las trayectorias, altura, distancia recorrida y el funcionamiento de los sensores internos.
El problema real que enfrentan las autoridades, admiten, es que un dron puede ser usado solo algunas veces, desechado o vendido. Acto seguido, los criminales compran otro con el dinero obtenido con la venta de drogas y así sucesivamente. Implementar un sistema de carga, no requiere de alta ingeniería.
Sin fin
El mundo del crimen organizado es amplio y las estrategias para la comercialización ya sea de estupefacientes, trata de personas o armas, no tienen fin. Y más allá de los esfuerzos para reprimir o mantener a raya la criminalidad carcelaria, lo cierto es que los teléfonos móviles son pan de cada día y no un lujo de los internos con mayor compromiso criminógeno.
Fuentes de Gendarmería reconocen que en los penales ocurre todo lo que no debiera suceder. Entre otros hechos, la corrupción de algunos funcionarios que ingresan los aparatos previa coima, con lo que los narcos continúan su negocio tras las rejas.
Según publicó La Tercera en 2020, 345 bandas fueron identificadas al interior de los recintos de reclusión chilenos. De ellas, un 65% están ligadas al narco y cuentan con ayuda externa, es decir 277 organizaciones. Para surtirse, por cierto, necesitan proveedores y una logística bien aceitada.
En una entrevista que concedió a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, reveló que en 2020 la institución incautó 24 toneladas de droga. Y que hasta mediados de 2021 se había decomisado igual cantidad. Transformadas en dinero, sólo pueden contarse con cifras de 9 ceros.