Chile, Perú y los "Panamá Papers": ministra envía exhorto a Lima por avión comprado por el Ejército

En la más estricta reserva la ministra en visita civil de la Corte Marcial, Romy Rutherford, solicitó a la Corte Suprema que envíe un exhorto a Lima, Perú, para obtener información vinculada a la compra de un avión Cessna Citation modelo 608 -muy usado para viajes cortos en EEUU y Europa- cuya adquisición se realizó bajo la orden del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba. Este último, se encuentra procesado por malversación de más de $3.000 millones y falsedad militar, en la arista por uso delictivo de la antigua Ley Reservada del Cobre.

De acuerdo al documento al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la aeronave fue adquirida por la institución castrense, a fines de 2012 a la empresa Aircraft Sales Corporation con domicilio en Miami, Estados Unidos, por 9 millones 300 mil dólares. La firma a su vez la adquirió con anterioridad a Belcorp.

Lea el exhorto

Respecto de esta última, la magistrada solicitó a la judicatura peruana que interrogue a Eduardo Belmont Anderson, quien junto a dos familiares aparecen como socios.

Rutherford, junto con el interrogatorio a Belmont Anderson, solicita que se entreguen los antecedentes y documentación vinculados a la venta del Cessna Citation 680, Matrícula N145BL. A renglón seguido, que el aludido entregue copia de las cartolas bancarias de Belcorp donde consten los dineros recibidos por Aircraft Sales Corporation. Básicamente, la jueza busca establecer la existencia de comisiones recibidas presuntamente por Fuente-Alba, en paraísos fiscales.

La identidad de Belmont Anderson y Belcorp apareció en la causa a raíz de un juicio arbitral en un tribunal del ramo en Colombia. Allí están enfrentados la Compañía Galerazamba, representada por Gabriel Echavarría con Muñoz Merizalda y CÍA representada a su vez por Fernando Muñoz Merizalde. Todos vinculados entre sí a Central Charter de Colombia (CCC) y West Tech que a su vez son parte del escándalo de corrupción internacional conocido como “Panamá Papers”.

Lo que era desconocido hasta ahora es que Belcorp, antes de vender a ASC adquirió el avión a CCC.

https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2018/01/04/los-cuestionados-viajes-del-general-r-fuente-alba-que-el-ejercito-no-pudo-justificar.shtml

Este último, en 2012 debió ser reparado por un valor de 417 mil dólares. Sin embargo, Belcorp reclamó ante la compañía americana y esta devolvió el dinero el 20 de agosto de 2012, a menos de quince días del llamado a concurso reservado en Chile. El dinero se envió a la cuenta de CCC, de acuerdo a los documentos que tuvo a la vista este medio.

La magistrada solicitó que las autoridades judiciales peruanas le permitan, vía telemática, estar presente en la diligencia, donde los requeridos deberán contestar una pauta de preguntas preparadas especialmente al efecto.

Lea completo el juicio arbitral

La carta rogatoria, escribió Rutherford, fue solicitada en el marco de las atribuciones y obligaciones que contemplan las convenciones internacionales contra la Corrupción y el Crimen Organizado de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Vinculaciones

El Cessna que usaba Fuente-Alba incluso para viajar a La Serena junto a su familia los fines de semana, entre otros placeres usando los dineros del fisco, tiene una historia en Chile.

En septiembre de 2012 el general (r) ordenó a la Jefatura de Adquisiciones del Ejército la apertura de una licitación privada para adquirir una aeronave, cuyos 9 millones 300 mil dólares serían cargados al Fondo Rotativo de Abastecimiento (FORA). El proyecto fue rotulado Pegasso II.

El concurso se inició formalmente el 1 de octubre de 2012, cuando fueron enviadas las cartas de invitación a los proveedores.

Uno de los que retiró las bases fue Juan Soto Campos, un exoficial del Ejército que durante su carrera estuvo encuadrado en la Brigada Aérea castrense (BAE). Lo particular, consta en una investigación paralela del Ministerio Público y también donde Rutherford, es que Soto Campos aparecía como representante de la firma Aircraft Sales Corporation, la que finalmente vendió el aparato.

Sin embargo, al momento de solicitar los documentos donde se establecían los requerimientos del Cessna, lo hizo para la firma C & M, cuyo dueño es Virgilio Cartoni quien por años fue el proveedor preferido de pertrechos del Ejército.

Como fuera el 31 de octubre del mismo año Aircraft Sales Corporation firmó contrato con la institución. Quien aparece como representante legal es Mark J. Graubart, un broker estadounidense, quien fue condenado en 2013 en su país por fraude financiero de aviones de 3 millones de dólares. Pagó con un año de cárcel.

Graubart solo registra una entrada y salida de Chile en 1998, pero en las indagatorias por la compra del Cessna, aparece que el acuerdo comercial se rubricó en Santiago.

En una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en 2017 por fraude al fisco en contra de Fuente-Alba, aparece otro detalle. Quien le extendió un poder de representación a Soto Campos para representar a Aircraft Sales Corporation en la licitación militar, fue Michael Ángel Domínguez. La dirección de la compañía es la misma ubicada en Miami, donde operaba Virgilio Cartoni. En otras palabras, todo estaba previamente coordinado, de acuerdo a los antecedentes judiciales.

Lea la querella del CDE

Y más. Soto Campos, a su vez, fue contactado por Horacio O’Peiro, residente en Miami, otro amigo de Cartoni y así quedó sellado el contrato con Aircraft Sales Corporation, vendió el Cessna al Ejército.

Las otras empresas que participaron de la licitación, ninguna vendía este tipo de aeronaves, sostuvo el CDE en su libelo ingresado en el Séptimo Juzgado de Garantía.

Sobreprecio

Dentro de los antecedentes que constan en la investigación de Rutherford y el Ministerio Público, destaca el informe reservado 65 de 2013, preparado por la Contraloría General de la República (CGR).

En el documento, el organismo fiscalizador indagó si el precio de 9 millones 300 mil dólares por un Cessna usado se ajustaba al mercado. Las sorpresas demoraron poco.
En una primera instancia la CGR hizo una revisión en Internet y el avión costaba 1 millón y medio menos. Dicho de otro modo, se habría pagado un alto sobreprecio, donde podrían estar las comisiones al jefe militar.

En la oportunidad la entidad de control ofició al Ejército para que explicara cómo se calculaba el valor. En un oficio se agregaron una serie de ítems, entre ellos “capacitaciones”.

Según Ricardo Real, gerente de Aerocardal, una de las firmas que participó en la licitación, ni ese ni otros ítemes se incluyen en aviones antiguos, como el Cessna cuya fabricación data de 2005.

Es más, un informe de la PDI estableció que el rango podría ir entre 6 a poco más de 8 millones de dólares. El CDE cree que el fisco perdió al menos un millón de dólares.

Posterior a la publicación de este reportaje, Fuente-Alba ejerció su derecho a réplica para indicar que “la aeronave a la que se hace referencia, no se trató de un avión para uso personal; medio aéreo con que la institución ha contado desde la década de los ochenta; teniendo como propósito operar como un avión de enlace, mando y control del Ejército”.

Asimismo, negó un interés personal en la adquisición, y que ésta “obedeció al imperativo de reemplazar el Avión Cessna Citation III, el cual presentó una falla total de sus sistema hidráulico, mientras se encontraba en vuelo con destino a Lima”.

“Ello obligó a su tripulación a regresar a Arica donde se realiza un aterrizaje de emergencia, hecho que se puede constatar en la dirección general de Aeronáutica Civil”, agrega.

En esa línea, apunta que la aeronave que reemplazó a la anterior “surge como resultado de un proceso legal y reglamentario a que es sometida esta necesidad institucional, mediante la formulación de un proyecto elaborado por el organismo competente, que culmina con la proposición del material aéreo que se debería adquirir”.

Además, el excomandante en jefe del Ejército, negó un eventual pago de sobreprecios o cobro de comisiones. A su juicio, la información que consta en el expediente de la ministra Rutherford tiene un “sentido potencial”. Los datos judiciales revelados por este medio, indicó, le causan un “grave perjuicio y menoscabo”.