La Contraloría General de la República (CGR) realizará sumarios administrativos en Carabineros y en la Dirección Nacional de Movilización Nacional (DGMN) -dependiente del Ministerio de Defensa- por graves anomalías en el control de armas que adquieren e inscriben particulares.

De acuerdo al informe de auditoría al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, los descubrimientos del organismo fiscalizador, apuntan a la existencia de menores de edad inscritos con armamento a su nombre, muertos, certificados de salud mental entregados por personas que carecen del título de siquiatra, otros con antecedentes penales por delitos graves e incluso por violencia intrafamiliar.

El documento de la entidad de control tomó como referencia, al menos desde 2015 a 2018 e incluso años anteriores para determinar si la fiscalización que debe realizar Carabineros a los tenedores -por ejemplo- de pistolas, revólveres, escopetas, ya sea para uso de defensa personal, deportivo o colección, incumplía la ley del ramo.

En tanto, la DGMN presentaba en el tramo de las mismas anualidades desorden en la inscripción, carencia documental, en una sumatoria que llena varias páginas de conclusiones incluidas en el informe de la CGR.

Lea el informe

Uno por uno

Lo acreditado en el informe final 899 del pasado 4 de junio sigue así: 1.083 armas que a la data de la inscripción “no eran mayores de edad” en los registros de la DGMN. Los únicos que quedan exceptuados de la normativa son los que realizan deportes asociados a la materia. Al respecto, la Contraloría también halló carencia de información en Carabineros sobre 34 casos autorizados desde 2008.

Hay 72 civiles cuyos RUT indican que la inscripción se hizo antes de que nacieran, por lo que la autoridad administrativa deberá revisar la veracidad de los “registros cuestionados”.

Tres coleccionistas figuran con 271 armas inscritas, superando con creces el límite establecido por la ley. Tanto la policía uniformada como la DGMN deberán aclarar lo objetado.

Quizás el caso más grave lo constituyen 22.987 armas de sujetos que mantienen antecedentes penales “que mantienen armas vigentes en Chile”. Además otros 1.714 “que no reúnen la idoneidad requerida”, atendido a que cuentan con ficha en el registro de sancionados por Violencia Intrafamiliar (VIF) que los excluye expresamente.

A lo anterior se incluyen otras 5.976 tenedores que al momento de inscribir tenían antecedentes penales previos. “La DGMN y Carabineros deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto de regularizar las situaciones antes descritas”, señala el documento. Para ello tendrá un plazo de 60 días.

Sin identificar

La entidad mantiene 10.677 armas agrupadas bajo la denominación “RUT cero”. Es decir, en la plataforma carece de información “que permita la identificación”, tales como el número de carnet y el domicilio asociado.

“Lo expresado cobra relevancia, toda vez que 9.088 de ellas se encuentran vigentes y la DGMN desconoce la identificación (…), su ubicación física y destino”, sigue la auditoría.

La misma autoridad, señala la CGR, “no se coordinó con Carabineros”, que funge como el fiscalizador “con el objeto de promover y asegurar que las personas que tienen inscritas armas hace más de cinco años, gestionen el trámite de la renovación de la acreditación”

La cifra habla por sí sola: de un total de 5.762 civiles y 27 personas jurídicas que acreditaron al 31 de diciembre de 2013, “solo 2.505 (…) renovaron la acreditación” al mismo mes, pero de 2018.

Cada comprador y tenedor de un arma, deberá contar con un certificado emitido por un médico especialista en salud mental. Pues bien, la entidad revisora observó que 316 de esos documentos presentados por particulares fueron “emitidos por 7 personas que no poseen el título de medicina”. Otros 129, en tanto, no contaban con la especialidad en siquiatría “lo que equivale a 8.861 inscripciones de amas que no cumplen con lo preceptuado” en la ley.

Denunciar

Al respecto la CGR ordenó a ambas instituciones no solo arreglar los problemas administrativos, sino también presentar la denuncia correspondiente al Ministerio Público, para que se establezca la posible comisión de delitos.

No es todo: un total de 132.921 personas fallecidas “figuran en los registros de la DGMN con 183.898 vigentes (…) lo que deja de manifiesto la falta de análisis, revisión, control y gestión de la información con la que dispone esa entidad en el sistema (…)”.

Y sigue otra constatación: 3.755 personas que figuran con armas de defensa personal, “supera la cantidad autorizada por sobre lo permitido”.

La Contraloría solicitó descargos a las instituciones referidas, pero en las conclusiones del informe se establece que “no aportaron antecedentes ni iniciaron acciones que permitan salvar las situaciones planteadas”.