El Juzgado de Garantía de San Carlos fijó para el próximo 18 de junio la formalización de George Latrille Hucke, imputado en el marco del caso Itelecom que habría facilitado la triangulación de dineros empleados en el pago de coimas.
El tribunal acogió la solicitud presentada por la fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la región de Ñuble, Paulina Valdebenito, en contra del hombre de confianza del empresario Marcelo Lefort, dueño de la firma de luminarias acusada de sobornar a una decena de municipalidades de todo el país.
El caso de Latrille está cruzada por la creación de una empresa fantasma, el uso de personas en situación de calle como testaferros y presumiblemente la adjudicación ilegal de la multimillonaria licitación del recambio de luces en Puente Alto.
En el escrito de dos páginas que hizo llegar la persecutora al tribunal se pide formalizar al imputado por el delito de soborno. Según declaró durante la investigación uno de los implicados, Latrille habría, por ejemplo, entregado los 37 millones pesos con los que fue sorprendido el juez de Pemuco al momento de su detención. Esta es su historia.
La declaración
El nombre de George Latrille, ingeniero forestal dueño de GLH Ingeniería y Consultorías SPA, llegó a los oídos del Ministerio Público gracias a la declaración que prestó el gerente comercial de Itelecom, Ricardo Rodríguez, ante las fiscales Nayalet Mansilla y la propia Paulina Valdebenito, en calidad de imputado.
En su alocución del 29 de octubre de 2020, Rodríguez entregó pistas respecto de la licitación de Puente Alto que se adjudicó en 2019, asegurando que era probable que los dineros desembolsados por Itelecom en coimas provinieran de la empresa de Latrille.
Su testimonio comienza con la concertación de Lefort junto a Víctor Amado, su amigo; Álvaro Lavín, ex asesor de la Municipalidad de Providencia y primo del alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, para contactarse “con el administrador municipal de Puente Alto llamado Christian Gore Escalante, para gestionar la adjudicación de esa licitación, lo que efectivamente ocurrió”.
Su relato prosigue: “Sé que, en este caso, el acuerdo de coima fue de $22.000 por cada luminaria, no sé cómo se pagó, pero fueron más o menos 350 millones de pesos; yo creo que esos pagos están vinculados a las facturas de GLH, pero eso debería confirmarlo Marcelo”.
“Había facturas recurrentes de GLH, por altos montos, Esa empresa es de un amigo Marcelo Lefort, George Latrille, yo creo que de ahí se sacaron los 350 millones”, contó.
Esa declaración fue el punto gatillante para que el dueño del GLH -firma que lleva sus iniciales-, comenzara a ser investigado y hoy esté a sólo semanas de su formalización.
Empresa fantasma
Según se colige de la investigación de la fiscalía, GLH Ingeniería y Consultorías SPA operaba como una empresa fantasma con la que se facilitó el pago de las coimas en los diferentes municipios implicados.
Es así como -de acuerdo a los registros de la contabilidad de la firma y según lo declarado por su contador Francisco Calderón Cortéz- dicha compañía no contaba siquiera con empleados ni prestadores de servicios para su funcionamiento. La única documentación encontrada corresponde a boletas de honorarios emitidas a comienzos de 2020 por más de 3 millones de pesos por Jean Paul Latrille Hucke, hermano de George.
Según reconoció durante su declaración entregada el 20 de octubre de 2020, dichos registros comerciales nunca fueron prestados, sino que fueron extendidos con la única finalidad de justificar ingresos o renta ante entidades financieras.
“En diciembre del año 2019 en circunstancias que me encontraba sin trabajo, incurrí en una deuda con el Banco de Chile. Con el objeto de regularizar dicha situación, un ejecutivo del banco me dio la posibilidad de regularizar la deuda. Para ello debía acreditar una renta estable”, contó.
Jean Paul continúa: “Por lo anterior solicité ayuda a mi hermano George Latrille Hucke en el sentido que le pudiese emitir boletas de honorarios con el objeto de acreditar una renta fija. Mi hermano accedió a ello y me indicó que las boletas las emitiera a nombre de su empresa GLH Ingeniería”.
Cuando fue consultado por Itelecom, dijo desconocerla y no tener ningún tipo de relación. Misma respuesta dio respecto de Marcelo Lefort, aunque sostuvo que “al parecer un compañero de la hija de mi hermano George, tiene apellido Lefort”.
De acuerdo a un informe firmado por el comisario de la PDI, Larry Caro Arroyo, la inexistencia de trabajadores en GLH quedó acreditado, “toda vez que las facturas de proveedores que dan cuenta de este tipo de servicio y de suministro de logística propia para el giro fueron emitidas por empresas que no funcionan y que fueron constituidas irregularmente”.
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Los socios en situación de calle
El nombre de Latrille aparece también en un artículo escrito por La Tercera, donde se da cuenta que GHL era uno de los mayores proveedores de Itelecom, a quien le facturó 650 millones de pesos entre diciembre de 2018 y abril de 2020.
Pero no sólo eso. De acuerdo a la misma publicación, el Ministerio Público descubrió que la compañía de Latrille “captaba a personas en situación de calle para que inscribieran empresas que, a la vez, serían ‘proveedores’ de GHL a cambio de dinero”. Todo ello, apuntan, para pagar sobornos a los funcionarios públicos implicados.
La información publicada por el medio citado está contenida en un informe policial -al que tuvo acceso BBCL- en el que se explica el entramado montado para entregar las coimas. Entre los nombres que ahí se señalan, aparece el de Horacio Cruz Rosso, quien confirmó haber sido el responsable de ubicar a las personas en situación de calle.
A ellos, cuenta, les hizo comparecer y firmar en notarías la constitución de numerosas empresas, a cambio del pago de dinero.
Según la declaración del propio Cruz, la orden provenía de Mario Ibáñez Santelices, de quien, a su vez, también recibía el pago de dinero por dicha gestión.
“Yo no era trabajador directo de Mario Ibáñez Santelices. Él me contactaba cuando necesitaba personas para la creación de empresas en un día”, testimonió.
De acuerdo al propio Cruz, su labor consistía en llegar hasta “los rucos” (carpas o cartones que sirven para pernoctar) en la periferia de las comunas de Pudahuel, Lo Prado, Estación Central, donde contactaba a personas para ofrecerles dinero a cambio de que firmaran documentos asociadas a la creación de empresas.
“Mario Ibáñez siempre me encargaba que las personas que llevara tuviesen buena apariencia, para lo cual yo les llevaba artículos de aseo y en ocasiones ropa para vestirlos bien y dar buena apariencia”, narró.
En la oportunidad, Cruz dijo desconocer quién era George Latrille Hucke. Lo propio mencionó respecto de GLH.
Hasta el momento, no se conoce una declaración ante la policía y fiscalía de Ibáñez. Sin embargo, se logró establecer que al momento de los hechos trabajaba en un estudio jurídico emplazado en calle Huérfanos, en Santiago. Coincidentemente George Latrille, al momento de prestar testimonio, declaró como domicilio el mismo inmueble donde opera el bufete de Ibáñez. Según apunta el informe policial, todo ello “evidencia algún tipo de relación entre dichas personas”.
El modus operandi de los implicados incluso llevó a que una de las personas en situación de calle contactadas llegara a ser dueño de GLH, la empresa de Latrille. Lo llevaron hasta una notaría y firmó la compra de todas las acciones de la sociedad a cambio de dinero.
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La caída del juez
Aunque de manera indirecta, la historia de George Latrille estaría vinculada a la de Marcelo Campos, juez de Policía Local de Pemuco que en 2019 se desempeñaba como abogado asesor a honorarios de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Chillán.
Según consta en la investigación, Campos fue contactado en el primer semestre de 2019 por Marcelo Lefort, para facilitar el ingreso de Itelecom a la competencia, aventajarlos y -si fuera posible- dejar a los otros participantes fuera del concurso. Su caída, sin embargo, fue estrepitosa.
Cuando el juez fue detenido el 5 de mayo de 2020 se le descubrió con 37 millones de pesos en efectivo. Según declararía más tarde, Lefort le había pagado esa cantidad para “asegurar la transparencia” del proceso.
Quien sumó piezas a este rompecabezas fue Leonardo Bustos Abarzúa, uno de los directores de Itelecom, hoy encausado por soborno. En su declaración de 8 páginas publicada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío relató que Marcelo Lefort le ordenó “hacer caja” para pagar las coimas.
“Los asesores dijeron que no se podía seguir así esto (…), pero ante la necesidad de Marcelo de conseguir más efectivo tomó contacto con el apoderado del colegio de las niñas, George Latrille, e hizo un acuerdo con él y cada vez que Marcelo necesitaba dinero yo me comunicaba con Alex para que le hiciera la transferencia a Latrille y él generaba una factura falsa de la empresa GLH de George Latrille”, contó.
“Como dije, Alex hacia la transferencia, Latrille lo cobraba y lo traía de vuelta a la empresa, yo lo recibía y la dejaba en la caja fuerte. Se pagaba a Latrille comisión e IVA. Además de eso Marcelo se conseguía facturas directamente con Servicios Parking”, cerró.
Cuando fue consultado por Marcelo Campos, Bustos aseguró nunca haber oído de él. Sin embargo, al ser requerido por el dinero que le fue incautado en su detención al juez, sostuvo: “Sí, puedo relacionar dineros que se movieron días antes de la detención del 5 de mayo (…) Puedo relacionar los dineros de GLH para el monto de 37 millones”.
“Los montos de GLH se los pasó George Latrille directamente a Marcelo Lefort, porque le hicimos el pago el 27 de abril de 2020, eso a mí me consta”, aseveró.
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La lista
Actualmente se encuentran formalizados en la indagatoria por la corrupción en las luces Led en la Municipalidad de Chillán, el exadministrador de la casa edilicia, Ricardo Vallejos, por cohecho.
Le siguen Marcelo Campos, exasesor jurídico y exjuez de Policía Local de la comuna de Pemuco y Paul Pacheco, exfuncionario del Ministerio de Energía, ambos por el delito de cohecho y violación de secreto.
Marcelo Lefort, el dueño Itelecom; Pedro Guerra, subgerente; Ricardo Rodríguez, gerente comercial, y Heriberto Bustos, de administración y finanzas, todos por soborno a funcionarios públicos.
En la arista Iquique, en tantos enfrentan cargos los concejales de la casa consistorial, Mitchel Cartes (PS), Felipe Arenas (UDI), Arsenio Lozano (PR) y Guillermo Cejas (Ind), por los delitos de cohecho reiterado, lavado de activos y fraude al fisco.
En este caso, Lefort por los delitos de soborno reiterado, lavado de activos, asociación ilícita y fraude al fisco, al igual que Pedro Guerra, subgerente de la empresa.
La nómina de formalizados en el norte la cierran Mario Villalobos, Marcos Contreras, Martín Vargas, por el delito de soborno reiterado, y Cristián Ureta, por los delitos de soborno reiterado, lavado de activos, asociación ilícita y fraude al fisco.
Finalmente, la arista relativa a la Municipalidad de Negrete cuenta con la formalización de cargos a David Encina Fonseca, jefe de la Secretaría de Planificación (Secplan), por el delito de cohecho, y al alcalde, Francisco Melo, por los delitos de cohecho y violación de secreto.
Al concretarse la audiencia de formalización, George Latrille engrosará esa larga lista a contar del 18 de junio próximo.
BioBioChile intentó obtener una respuesta del abogado del imputado sin resultados hasta el cierre de esta edición.