Una cifra superior a los 35 millones de unidades de medicamentos fueron eliminados por distintos hospitales y direcciones de servicios de salud por un monto de 4 mil 464 millones de pesos, de acuerdo a un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Según el documento, el 96,39% se produjo a causa del vencimiento y otros 359 millones de pesos son productos anteriores a 2015.
La revisión del organismo fiscalizador tomó como referente los años 21017 y 2018 y acreditó que los servicios de salud con mayor cantidad de remedios dados de baja, corresponden a regiones del Maule, Bío Bío, Antofagasta, mientras que en la Metropolitana las zonas Oriente, Occidente y Norte.
Una situación similar a la establecida en esta reciente auditoría, ocurrió en noviembre de 2020 cuando la CGR descubrió que la Central de Abastecimiento del Estado hizo lo propio por 3.300 millones
Lea la auditoría
Al sumarlos, revela una cifra superior a los 2.144 millones de pesos, además de concentrar “el mayor número de observaciones sobre deficiencias en sus inventarios”.
Según la entidad de control, el hecho “no se aviene con los principios de control, eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos”.
En la misma línea ordenó que la Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá adoptar acciones tendientes “a corregir las deficiencias de control de inventarios de medicamentos”.
Orden
La auditoría administrativa señala que el 76% de las existencias dadas de baja -más de 3.400 millones de pesos- carecían de antecedentes “sobre el origen de las respectivas compras, programas ministeriales o si formaban parte del arsenal adquirido por los establecimientos de salud mediante compra directa o intermediación con la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).
Junto a lo anterior, se descubrió que en distintas reparticiones no existen procedimientos para la destrucción, por ejemplo, para los medicamentos que son considerados drogas, comprendidos en la ley del ramo.
La entidad de control estableció que si bien la mayoría de los documentos que respaldan las bajas de medicamentos entrega fecha de expiración, al menos un 19% de los 35 millones carece de la autorización.
“La destrucción de medicamentos sin información sobre su vencimiento conlleva el riesgo de que se den de baja aquellos que no han expirado o que efectivamente pueden llevar en esa situación”, detalla la auditoría.
La autoridad sanitaria respondió varios de los cuestionamientos formulados. En algunos casos se levantaron las observaciones sobre la gestión, pero determinó que varios centros de salud no tenían formalizados los protocolos y en otros casos existían documentos no firmados por la autoridad hospitalaria para la baja de los remedios y algunos sencillamente no contestaron el requerimiento de la CGR.
Se han realizado 98 sumarios administrativos ordenados por Contraloría, pero 133 entidades de salud no aportaron la información solicitada
Las medidas correctivas deberán ser informadas a la institución de control en un plazo no superior a los 60 días, se lee en el informe.
La droguería
Al ser consultado el Ministerio de Salud, respondió que el Servicio de Salud Metropolitano Norte, uno de los más cuestionados por la CGR, “ha establecido una serie de medidas para la distribución en los tiempos correspondientes, evitando la caducidad de medicamentos”.
Agregaron que después de los años considerados por la Contraloría en su informe final “se realiza una revisión semestral al total de medicamentos, reportando aquellos medicamentos que se encuentran cercanos a su fecha de vencimiento para ser prontamente despachados a los establecimientos que lo requieran”.
En la misma línea, aseguran, “se está trabajando en crear una droguería (…), lo que significa una mejora sustancial, pues permitirá ampliar nuestra capacidad de almacenamiento, un control de inventarios (…) y aseguramiento en la calidad de los productos (…) que se almacenarán”.
Desde el Maule, otro de los nombrados por el organismo fiscalizador con falencias, aseveraron que se mantiene “una constante supervisión de las compras que realizan los establecimientos hospitalarios”.
Asimismo que prestan una especial atención a la entrega de “asesoría técnica (…) al almacén regional donde se mantienen los medicamentos, por medio de un (…) químico farmacéutico permanente”.