Cuando en agosto de 2019 se conoció que el Ejército intervino con autorización judicial el teléfono de cuatro militares que denunciaron casos de corrupción y el de un periodista que la investigaba, pocos creyeron que el Ministerio Público lograría encontrar pistas. Ni menos que a más de un año y siete meses de ocurrido aquello, el tema volvería a la palestra hasta convertirse en una bomba que podría explotar en las manos del comandante en jefe, Ricardo Martínez Menanteau.

Ocurre que la indagatoria en manos de la Fiscalía Centro Norte no solo alzó el secreto que impone la Ley de Inteligencia sobre estas actividades, sino que además accedió a los documentos con los cuales se obtuvo la venia legal de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En los papeles se solicitaba “pinchar” los celulares de supuestos agentes extranjeros cuyas identidades no calzaban con los nombres de los que verdaderamente serían intervenidos: el reportero Mauricio Weibel, los exoficiales Rafael Harvey y Carlos Farías, como también del exsargento Juan Pablo Díaz y el cabo primero Sergio Tudesca.

En el caso de Weibel ocurrió en septiembre de 2017, cuando el entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general Schafik Nazal, pidió al magistrado del tribunal de alzada capitalino, Juan Poblete, acceder a las comunicaciones de una supuesta espía enemiga que intentaba obtener información estratégica. La llamaron “Operación W”.

Un año antes, Weibel había lanzado su libro “Traición a la Patria”, donde develó cómo miembros del Ejército literalmente se robaron más de 10 millones de dólares, aprovechando la opacidad de la entonces Ley Reservada del Cobre, destinados a la defensa nacional.

El texto fue también la condicionante de que naciera el caso “milicogate” y sus ramificaciones, entre ellas la corrupción de dos exjefes institucionales, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo hoy procesados por la ministra en visita Romy Rutherford.

En el caso de los exefectivos, usaron un rótulo distinto: “Operación Topógrafo”.

Todo bien

Cuando se destapó el caso, el ministro de Defensa era Alberto Espina (RN), quien hoy funge como miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Tanto él, como el jefe de la DINE, Guillermo Paiva, respaldaron ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados el trabajo de recopilación de información porque tenía la autorización de un magistrado.

Las expectativas de que la causa avanzara eran bajas, ya que la ley del ramo es estricta con la mantención del secreto, pero una cosa distinta era el uso de un nombre falso para acceder a que un ministro de Corte resolviera favorablemente medidas intrusivas. Como sea, el diputado Leonardo Soto (PS) interpuso una denuncia y todo comenzó a rodar.

Entre el 24 de septiembre y el 30 de octubre del mismo año declararon el exministro de Defensa de la administración Bachelet, José Antonio Gómez, como también los subsecretarios de la cartera Marcos Robledo y Paulina Vodanovic. Ninguno sabía, entre otras cosas, porque esas actividades nunca eran informadas a la autoridad, porque opera el “compartimentaje”.

En medio de ellos, testimonió en calidad de imputado el exjefe de la DINE Schafik Nazal. Lo hizo el 24 de octubre durante 31 minutos junto a su abogado Jean Pierre Matus.

Nazal negó haber engañado al ministro que autorizó las interceptaciones. Y agregó que no podía entregar detalles de la Operación Topógrafo. “(…) solo puedo señalar que se actuó bajo el amparo de la Ley 19.974 (de Inteligencia), y estoy obligado a guardar silencio en relación a lo que se refiere a la operación”.

Lea la declaración de Nazal

El 11 de noviembre de 2019 la fiscalía tuvo en sus manos más antecedentes, luego que Weibel relatara no solo hechos que le afectaron, sino también a otros colegas de labores.

Su declaración ante el Ministerio Público parece un guion de película de espionaje. Robos misteriosos en su casa durante tres días seguidos, donde solo se llevaban computadores. Luego ocurrió lo mismo con otros dos periodistas de investigación, Juan Cristóbal Peña y Javier Rebolledo. Le contó al fiscal que estuvo con protección policial y que cada día lo llamaban a su teléfono fijo y cortaban.

En uno de los casos, declaró Weibel, se tomaron huellas digitales para dar con los autores de uno de los robos “las que por razones que desconozco nunca fueron contrastadas con las del Registro Civil”.

Lea la declaración de Weibel

Aparece Luis

Hasta ese momento lo que el Ministerio Público tenía claro es que las intercepciones telefónicas eran reales e involucraban a Weibel y cuatro exmilitares.

Sin embargo, a principios de 2020 se abrió una arista desconocida, que revela el monitoreo que realiza la DINE a distintos periodistas nacionales, consignó Ciper Chile.

El hecho quedó al descubierto luego que a petición de la fiscalía, el Registro Civil auscultara su base de datos, con miras a conocer quién había solicitado información sobre los mencionados entre 2014 a 2019.

Los cruces de nombres dieron como resultado que no solo Weibel, Harvey, Tudesca, Pino y Díaz habían sido objeto de consultas para recabar documentos, sino también otros profesionales.

Se trata de Santiago Pavlovic, Pascale Bonnefoy, Juan Cristóbal Peña y Javier Rebolledo. En el plazo de tiempo que revela la auditoría informática del organismo, todos indagaban casos por violaciones de derechos humanos.

Siguiendo las pistas, la PDI identificó a un sicólogo que trabaja en la DINE, quien aparece solicitando información de Weibel y el exteniente Farías en 2017.

Luis Toledo fue interrogado el 20 de enero de 2020 por los detectives, donde reconoció que solicitó los documentos a “petición de un funcionario del DINE, a quien no recuerdo”.

Lea la declaración de Toledo

Aseguró que al interior del organismo de inteligencia desarrolla labores propias de su profesión, como “responder dudas o requerimientos que tenga el mando respecto a asuntos afines a mi profesión, como tomar un examen psicológico a una persona que quiera postular a un cargo, conversar con funcionarios del DINE a fin de efectuar una evaluación psicológica (…) tomo encuestas de clima laboral, entre otras funciones siempre ligadas a mi cargo de psicólogo”.

Amedrentamiento

Recientemente Javier Rebolledo publicó su último libro. “Rati” trata de la historia de un detective que trabajó para “La Oficina”, en los primeros años de la vuelta a la democracia en medio de la represión a los grupos subversivos. No ha sido el único. Destacan varios sobre casos de violaciones de derechos humanos, entre ellos, la Danza de los Cuervos, Camaleón.

Consultado por este medio, el profesional calificó como “grave” el hecho de que “una institución como el Ejército -destinada a salvaguardar la seguridad nacional-, esté dedicada a investigar a periodistas o gente que está denunciando corrupción”.

“¿Qué amenaza puede ser un periodista contra la seguridad nacional? Ninguna. Un periodista puede amenazar a la corrupción y a los corruptos, no a la seguridad de un país. Si el Ejército está accionando en contra de éste, parece claro que está del lado de la corrupción. Santiago Pavlovic, Danae Fuster, Mauricio Weibel, Pascale Bonnefoy y otros, hemos estado en esa tarea y que se nos investigue resulta, además, un amedrentamiento en contra de la profesión”, indicó.

¿Tuviste conocimiento en algún momento, de que podías estar en la lista?

-En otras ocasiones, cuando trabajaba como periodista de La Nación Domingo, fui víctima de amedrentamiento por parte, supongo, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, justamente porque denuncié, por ejemplo, que los militares procesados por violaciones a los DDHH eran detenidos en el campo militar de La Reina, que más que cárcel, parecía un hotel cinco estrellas. Luego de la publicación durante dos semanas fui seguido por un tipo que me acompañaba a todas las reuniones a las que acudía. Finalmente lo enfrenté directamente y se esfumó. Luego, en 2014, cuando cayó preso el coronel de Ejército Cristián Labbé a consecuencia de hechos narrados en el libro “El Despertar de los cuervos”, me entrevistaron en vivo en el programa de TVN “El Informante”. Al mismo tiempo que estaba en televisión, una o más personas entraron a la editorial Ceibo, que había publicado ese libro, y robaron algunas cuestiones, pero dejaron tirados billetes de dinero, perfectamente ordenados en el piso de la editorial. ¿Un mensaje siciliano? La verdad es que por lo vivido y porque, además, hace un par de años estoy trabajando para hacer un libro con el capitán Rafael Harvey, denunciante de corrupción, es que sí tenía la idea de que podía ser investigado, seguido, espiado o como pueda llamarse, por agentes que nada tienen que envidiarle al “Súper Agente 86”. Harvey me advirtió que a él lo seguían y grababan, y que, por ende, conmigo podía suceder lo mismo.

¿Cuál crees que es a tu juicio es la responsabilidad que le cabe al general Martínez sobre este caso?

-La Ley de Inteligencia establece que las responsabilidades en este tipo de materias son de los directores de Inteligencia, pero ellos tienen a sus superiores directos a los cuales rinden cuentas. Cuando se produjo el evento de Mauricio Weibel, en 2017, el director de inteligencia era el general Shafik Nazal. Su superior directo, que ineludiblemente debió visar la solicitud de interceptación con que se engañó a la justicia, era el general Ricardo Martínez, jefe del Estado Mayor General del Ejército. En 2018 él asumió como comandante en jefe, así que me parece que sí tiene responsabilidad y es perseguible hoy.

¿Te harás parte de la causa?

-Puede ser que solicite hacerme parte de la causa. Lo estoy estudiando, como también iniciar acciones de tipo penal y civil indemnizatorias pues soy un periodista que tiene que, además de hacer su trabajo, considerar dentro de sus preocupaciones que agentes de Gobierno, específicamente de una institución dedicada a la Defensa Nacional, con todo su aparataje, me esté investigando.

¿Qué expectativas tienes de que el Ministerio Público haga justicia?

Creo que en muchos casos la justicia no funciona con diligencia y sí discrecionalmente. Creo también que en muchos casos beneficia a los poderes fácticos y no castiga acciones y organizaciones derechamente mafiosas que en el último tiempo me ha tocado ver de cerca. Espero que la Fiscalía haga su trabajo y castigue a los responsables de estos atentados contra el ejercicio de las libertades individuales. En el caso de los periodistas como de los denunciantes de corrupción me parece gravísimo, porque ellos hacen uso de las libertades individuales para una labor social que, finalmente, busca el bien común. A mí, a ti y a todos nos sirve que hayan denunciantes de corrupción y periodistas que cumplen con su labor. Al amedrentarlos se está afectando, de alguna manera, a la sociedad en su conjunto.