La Contraloría ordenó un sumario administrativo en la Municipalidad de Villarrica por diversas irregularidades que, entre otros puntos, revelan evacuación de fecas en el lago del mismo nombre ya que algunas viviendas emplazadas en la rivera carecen de alcantarillado, de acuerdo a la información obtenida por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Le sigue la casa edilicia de Pucón. Hay un 36% de las casas asentadas en el mismo borde sin permisos de edificación, violando el plan regulador y respecto de las cuales el organismo de control no puede “asegurar que dichas viviendas posean una adecuada (…) evacuación de aguas servidas”. También se decretó una investigación administrativa.
Otro ente regulador en la zona que incumple su labor de revisión es la Capitanía de Puerto del lago Villarrica, dependiente de la Armada de Chile.
Lea el informe consolidado
De acuerdo a la información contenida en seis auditorías, los marinos no han fiscalizado 643 obras náuticas del mismo borde costero que carecen de la debida concesión marítima. En otras palabras, ocupación ilegal de bienes nacionales de uso público como playas fiscales, rocas, el fondo del lago y porciones de agua. La rama de las Fuerzas Armadas (FFAA) también enfrentará la respectiva investigación.
De hecho, la Contraloría le ordenó a la Marina, en un plazo que no exceda los 60 días, caducar tres concesiones marítimas, dos de ellas otorgadas a inmobiliarias.
Sin salvación
A todo lo anterior, la Contraloría determinó que el Sernatur, Sernapesca y Seremi de Bienes Nacionales también incumplen su rol fiscalizador.
Para el Sernatur, se acreditó que no ha “solicitado la modificación al plan de acción lacustre (…) luego de formalizada la saturación del lago Villarrica”.
El Sernapesca, en sus documentos de fiscalización, no identifica las transgresiones que descubre durante las fiscalizaciones. Ello sin contar un monitoreo deficiente a los centros de cultivo de peces -donde se usan productos químicos- y solo se guía por la información entregada por las empresas.
Bienes Nacionales, en tanto, carece de manuales y metodologías de procedimientos, entre otras anomalías, para fijar “accesos a playas de mar, ríos o lagos”. Lo anterior responde a una práctica común adquirida con los años por el servicio, más que por un proceso formal para este tipo de labores”.
Iratus natura
En los informes finales de investigación, la Contraloría detectó otras irregularidades en los municipios de Villarrica y Pucón.
Para el caso del primero, 168 recintos habitables del borde costero carentes del permiso de construcción , lo que implica el 28% de las 605 inmuebles fiscalizados.
No es todo, la sede comunal ha dejado de percibir más de $96 millones por derechos municipales y multas. Estas últimas deben ser ejecutadas por el Juzgado de Policía Local.
Quienes vacacionan en la zona enfrentan peligros reales. Tan reales que si la naturaleza desata su ira incontrolable, corren riesgo de aluviones y un “alto peligro de ser afectadas por ríos de lava (…) durante las erupciones del lago Villarrica originadas en el cono y cráter principal, tales como las ocurridas en los siglos XIX y XX”, detalla el informe.
Lo detectado por la entidad de control, es que existen construcciones fuera de las normas dictadas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
¿Doce metros?
Pucón enfrenta los mismos problemas que Villarrica, dejando de percibir más de $121 millones por no cursar multas y derechos municipales, también a cargo del Juzgado de Policía Local.
Además, 78 construcciones carecen de la recepción definitiva, “por lo que ninguna de esas obras puede ser habitada o destinadas a uso alguno. Hay 51 casos donde no se hallaron las autorizaciones de la Seremi de Salud para construir alcantarillados. Eso sin contar obras erigidas en zonas de protección forestal.
El proyecto “El Refugio”, que ofrece departamentos de lujo, sobrepasa los 12 metros autorizados, tal como establece el Plan Regulador Intercomunal Villarrica-Pucón. “Su permiso de edificación no se ajustó a derecho”. Misma situación ocurre con los condominios Punta Pucón y Alwe Lafquén.
Del trabajo realizado por la Contraloría, se colige que en la zona para los municipios y la Armada de Chile, las normas no están para ser cumplidas y se han convertido en letra muerta.