La violencia narco se ha vuelto un fenómeno habitual en los sectores de menos recursos en distintas regiones de Chile, en particular la Metropolitana, seguida por el Norte Grande, Concepción y Valparaíso. Enfrentamientos armados a cualquier hora, proyectiles que perforan los techos de las viviendas, pistolas Glock modificadas para cambiar la cadencia de tiro, secuestro, quitadas de droga, sicariato y narco funerales, son palabras que se han vuelto costumbre y normalizado las reglas del juego que imponen los traficantes en su control territorial. Allí quienes no trafican callan por temor o bien aprovechan los recursos o alimentos que aporta el traficante comprando silencio y lealtad.
Solo en los últimos dos años, el OS7 de Carabineros ha realizado 62.931 operaciones antinarco, más de 11 mil entradas y registros a domicilios y desactivado 159 organizaciones criminales y 1.660 bandas.
Entre las mismas anualidades, la policía uniformada requisó más de 3.500 millones de pesos en dinero efectivo, mientras que el decomiso de cocaína supera los 4.700 kilos y la pasta base suma casi 22 toneladas. Eso sin contar autos y propiedades, producto del lavado de activos.
En 2020 la PDI ha requisado 11.500 kilos de distintos tipos de drogas que suman 116 mil millones de pesos.
El Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional estableció que los imputados por tráfico en los últimos diez años superan las 220 mil personas. Y desde 2015 a este año se han dictado más de 72.500 condenas por Ley de Drogas. Estas últimas están centradas en las regiones de Tarapacá, de Valparaíso y las zonas sur y centro de la Metropolitana, que se ubican en los primeros lugares.
La ciudadanía se queja porque es común que tras la detención de un grupo de traficantes -el transportista o distribuidor- el jefe de la operación rara vez enfrenta la justicia.
Tanto la fiscalía como las policías reconocen el hecho, pero indican que el “gran traficante” no toca la droga, actúa compartimentado y el resto de los participantes rara vez lo conoce.
El hecho implica que las técnicas investigativas están cambiando con los tiempos.
Difícilmente el “gran narco” entrega información por celular, usan aplicaciones imposibles de intervenir y no viven en las poblaciones. Han cambiado de barrio, evitando los enfrentamientos entre bandas rivales, narcosepelios, bienes que llamen la atención y cualquier situación que afecte el negocio.
Sucede que el tráfico de drogas es una empresa y funciona como tal. Por eso, la segunda parte de la cadena implica que las organizaciones criminales están obligadas a lavar el dinero. Tratan de ingresarlo al sistema formal bajo apariencia de legalidad. Usan testaferros y están contratando asesoría legal, contable y crean sociedades de fachada, pero aún están lejos de las organizaciones extranjeras.
Los invisibles
Desde la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente del Ministerio de Hacienda, aseguran que la situación puede escalar. Desde 2007 a 2019 se han dictado 175 condenas por blanqueo de capitales que implicó la recuperación de $31.730 millones. De esos dictámenes judiciales, 20 están asociados al tráfico de drogas.
La misma UAF estima que la crisis económica provocada por el Covid-19, es un caldo de cultivo para el narco y otro tipo de crimen organizado, ya que las necesidades financieras de empresas y personas, podrían abrirse a blanquear activos, pero manteniendo sus niveles de vida sin despertar sospechas.
Les llaman “inversionistas ángeles” que pueden trabajar con “los invisibles”; abogados, contadores, ingenieros comerciales que llevando una vida normal, trabajan para criminales que producen dinero sucio.
La pandemia y el estallido social cambiaron el escenario de la narcoactividad. Hoy venden la mercancía vía delivery y están usando con mayor frecuencia rutas marítimas. De hecho el pasado miércoles la fiscalía de San Antonio, en conjunto con Aduanas, la PDI y la Armada, incautaron un cargamento de 3.505 kilos de marihuana, avaluada en más de 17 mil millones de pesos. A diferencia de otros cargamentos de origen colombiano, en esta oportunidad provenía de Manzanillo, una localidad del Estado de Colima, México. Allí opera el sangriento cartel conocido como la Nueva Familia Michoacana.
En Chile las armas en manos del narco aumentan. Los vendedores de droga no las trafican, sino que las compran a quienes se dedican al rubro. El catálogo es amplio: robadas a sus dueños, importadas desde Argentina o Estados Unidos, entre otros mecanismos.
Carabineros reconoce el aumento, porque en el último tiempo ha requisado 999 armas de distinto tipo y calibre solo en causas por tráfico de drogas.
Los pertrechos de nada sirven si no hay munición. En el mercado negro una caja de balas cuesta 60 mil pesos, cuando su precio original son 10 mil en cualquier tienda del ramo.
El Estado en peligro
Cocaína, pasta base, marihuana y drogas de diseño lideran el mercado nacional.
El éxtasis ha tenido un aumento “explosivo” reconocen en el Ministerio Público porque es cada vez más común encontrar laboratorios. Y en ellos tableteras que adquieren por AliExpress por pocos dólares.
Las empresas que han implementado el mecanismo de prevención del delito miran al crimen organizado de forma lejana y no como un grupo que podría infiltrarse fácilmente, reconocen los expertos antilavado.
Paulatinamente, el narco está buscando nuevos nichos de negocios. En el último tiempo se ha diversificado dependiendo de las condiciones del mercado ilegal.
Por esta razón, cambian de rubro y se dedican al contrabando desde Bolivia -principalmente de cigarrillos- que se comercializan en el Norte Grande, Santiago y en algunas regiones a solo $1.000 la cajetilla.
Pese a ser el hermano menor de los traficantes, menos violento y con penas más bajas, el contrabando lava más dinero que el narcotráfico.
Así lo demuestran las estadísticas de la PDI. Al primero le incautaron -entre 2018 y lo que va de 2020 más de $8.500 millones, mientras que al segundo 3.500.
El jefe de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo, asegura que el crimen organizado está a las puertas del Estado. Eso sin contar -insiste- que el sistema judicial está fallando en la aplicación de la ley y otorga rebajas de penas que permiten a los traficantes salir en poco tiempo de la cárcel, y reinventarse rápidamente.
“Si no reaccionamos (…) se nos puede ir el Estado de las manos. La penetración del narcotráfico y sus redes de corrupción (…) en el servicio público, en el financiamiento de la política, es un tema que no está tan lejos (…) perder el Estado en esto no es tan difícil. En méxico no se demoró tanto. Unos quince años”, advierte Toledo.
Desde la UAF consideran que es primordial quitarles la droga, pero también dejarlos sin plata para evitar que se reinventen.
El mapa del neo narco y lavador que emergió de la pandemia, lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Droga y celulares
Dos jóvenes colombianos llegaron a vivir a Iquique, hace un par de años. Para ganarse la vida eligieron el robo de celulares. Como el negocio resultó mejor de lo que esperaban reunieron capital, iniciaron contactos con su país de origen y en cosa de meses internaron su primer cargamento de marihuana creepy. El emprendimiento tuvo tan buenos réditos, que a poco andar transportaban droga a La Serena y dieron el salto a Santiago. Cuando fueron detenidos, su patrimonio ascendía a casi $400 millones. Para juntarlo tardaron poco más de un año.
Sus identidades sobran, como también si los detuvo Carabineros o la PDI. Como ellos hay chilenos, peruanos, bolivianos y colombianos que engrosan las estadísticas del Ministerio Público y las policías. Cada año aumentan no solo en imputados y condenados, sino también los kilos y kilos que se transforman en toneladas, divididas principalmente en marihuana creepy, cocaína, pasta base y drogas de diseño.
Por esta razón, jerarquizar cuál es la operación policial más importante en la lucha contra el narco resulta inoficioso.
La normalización del fenómeno permite que nadie recuerde que el mayor decomiso de la historia chilena -hasta ahora- ocurrió en octubre de 2019 cuando la PDI, junto a la Armada, detuvieron en alta mar frente a las costas chilenas, un barco con 4.200 kilos de marihuana creepy, avaluada en más de 20 mil millones de pesos. ¿Su origen? El Valle del Cauca, Colombia. ¿El destino? El llamativo mercado nacional, donde abundan consumidores.
Las estadísticas del OS7 de Carabineros revelan que entre 2018 hasta noviembre de 2020 han realizado 62.931 “intervenciones” antinarco; 11.107 ingresos a domicilios, desactivado 159 organizaciones criminales y 1.660 bandas.
Esta es solo una muestra mínima respecto de las 269 millones de personas que consumen algún tipo de droga a nivel mundial, de acuerdo al último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de junio de 2020. La cifra supuso el aumento de un 30% en relación a 2009. La marihuana lleva la delantera.
“Las consecuencias adversas para la salud por el consumo de drogas están más extendidas de lo que se pensaba”, establece una de las conclusiones del documento.
El viaje
El narco no usa mapas. Lo guía el dinero. Es una empresa. Y como tal, su producto se distribuye en Santiago, Arica, Iquique, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Osorno, Talca, Valparaíso, La Serena, Rancagua, Talca y el resto del país de manera cotidiana gracias a una cadena logística que funciona como reloj.
Las estadísticas del Observatorio del Narcotráfico preparadas por la Fiscalía Nacional son reveladoras. Entre 2010 y 2019 los imputados por tráfico superan las 220 mil personas. En tanto, para quienes lo están por delitos asociados a la Ley de Armas, la cifra se eleva por sobre las 163 mil.
Vea el informe
La números de la PDI son igual de alarmantes. Hasta mediados de 2020 se han incautado 11 mil 500 kilos de drogas divididos entre marihuana, cocaína y pasta base. Convertidos a moneda nacional ascienden a $116 mil millones. Es decir, poco menos de la mitad de los recursos que vía Ley de Presupuesto recibe el Ministerio Público.
Entre enero y junio de 2019 la incautación sumó 9.174 kilos que se transforman en más de $96 mil millones. En relación al presente año, hubo un alza de 19%.
Parte del aumento ocurrió en abril de este año, cuando arreciaba el Covid-19, cuarentena incluida. Allí el decomiso aumentó 81,5%, desgranado así: al mismo mes de 2019, la PDI sacó de circulación 1.861 kilos y en esta anualidad, 3.300
En la misma línea, según el OS7 de Carabineros, solo la incautación de dinero en efectivo supera los 3.300 millones de pesos. Y entre 2018 a noviembre de 2020 la cocaína decomisada supera los 4.700 kilos; la pasta base 6.594 y la marihuana elaborada casi 22 toneladas.
Los guarismos de la Fiscalía Nacional auscultan una realidad más profunda. Entre 2015 a 2019 se han dictado en total 72.508 condenas por Ley de Drogas.
Lideran las regiones de Tarapacá, Valparaíso y las jurisdicciones de las fiscalías Centro Norte y Sur.
Narcoestética
Los porcentajes revelan tendencias, pero también realidades. De unos años a esta parte las drogas han aumentado la violencia, el sicariato, el secuestro, el control territorial en los barrios más pobres en distintas regiones del país. El fenómeno se convirtió en regla, que de tanto repetirse dio paso a una norma: quienes no trafican callan por temor.
Quienes están detrás de los tiros a pleno día, tarde o noche, los narco funerales, la ostentación en las redes, las joyas, autos de alta gama, residencias narcoestéticas en medio de la población, son el primer destino de la mercancía. Y más abajo el narcomenudeo donde la cocaína, a veces aumentada con antinflamatorios para animales, llega al consumidor.
Pero el “gran narco”, el que maneja millones y millones, que tiene los contactos en los países vecinos y productores como Perú, Bolivia y Colombia es difícil de encontrar. No toca la droga y compartimenta la información en distintos niveles para no ser detectado en caso de que un envío caiga en manos de la autoridad.
“Es difícil detectarlo. Los medios habituales de investigación no sirven (…) el teléfono celular es un tema en franca decadencia y tenemos que ir olvidándonos que nos va a entregar la información que nosotros queremos. Entonces, hay que usar otro tipo de técnicas en el terreno, como son vigilancias; y esas vigilancias por sí solas tampoco demuestran nada, porque solamente vamos a encontrar a dos personas que se reúnen. Entonces, hay que ir modificando las técnicas investigativas y las formas de hacerlo, pero en cuanto a que no se detiene a los líderes yo creo que es más difícil, pero sí se les detiene”, reconoce el fiscal jefe de Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Fiscalía Sur, Alex Cortéz.
Es común que la ciudadanía se queje, porque muchas veces el jefe de la red se libra del brazo de la ley.
Así lo reconoce el jefe de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo.
“ (…) estoy hablando de una autocrítica de capacidad investigativa. Son escasas las oportunidades en que hemos podido llegar al jefe de la operación. Y eso es un tremendo desafío para la persecución penal, porque tiene relación con dónde cortas la cadena. Es decir en el trayecto, en la entrega controlada internacional, pues muchas veces nos quedamos con el camionero y el que la recibe. Eso es lo más habitual”, explica Toledo.
El traficante de las grandes ligas ya no vive en la población, ha mejorado su situación socioeconómica y se preocupa de lavar el dinero y contrata asesoría legal. Es un profesional del rubro, reconocen las policías. Por eso la ostentación, la representación de fuerza con pistolas modificadas para que su cadencia de tiro la convierta en una subametralladora es la peor publicidad.
El jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana (Briant), Harold Mackay, perfila: “Es ese narco que aprovecha ese poderío económico para tener movilidad social y salir del territorio de origen, es el que va a surtir. Y al hacerlo se aleja de los problemas y todo lo que representa (…) la violencia, el enfrentamiento entre bandas rivales. Se inserta en otro lugar donde su patrimonio, su fachada es más acorde. Su auto no va a ser el único de la población. La casa no será la mejor del pasaje, sino que estará más acorde a su vida empresarial”.
Unido a lo anterior, Toledo critica al sistema judicial, en relación a cómo se aplica la ley en contra de los traficantes.
“En Chile quien trafica tiene una pena mínima de 5 años y un día. Pero eso es falso, porque no va a pasar en la cárcel si no tiene antecedentes prontuariales. Es decir, ese narco que detiene la policía va a ir preso (…) pero a los pocos meses va a estar en libertad porque tendrá beneficios. Entonces hay una suerte de desazón, de desaliento no solo en la ciudadanía, sino también en la persecución penal, porque no hay certeza del rango de condenas”, dice Toledo.
Inquirido si el delito asociado al tráfico de drogas debiera carecer de beneficios procesales, contestó: “Es un despropósito que no exista certeza de la pena en crímenes, en violaciones, en homicidios. Es decir, en un país desarrollado como Estados Unidos, Europa, tú sabes que vas a estar preso. Es decir, en Chile hay un rango de pena legal que suele ser inefectivo, falso. Lo que dice la ley no se cumple. Y esto ocurre por las comisiones de rebaja de pena, por la concurrencia de atenuantes que rebajan la pena en un grado, por dificultad de prueba. Entonces, claro, la gente que denuncia eso, finalmente termina callándose. Porque la lógica les indica: este narco me ofreció seguridad, me dio alimento. ¡Más que el Estado!”.
Javier Cruz Tamburrino, director de la UAF, explica que más allá de quitarle las drogas a los traficantes, existe un elemento crucial: dejarlos sin plata.
“Esa es la única manera de terminar con el real poder de los narcos. Quitarles la droga es fundamental, pero si no le quitas la plata el dinero va a seguir mucho más rápido de lo que te imaginas. Es increíble cómo logran reconstruir el negocio, ya sea la misma banda u otra, porque tienen la plata ahí. Entonces, afectándoles su dinero, los sacas del negocio y se les hace mucho más difícil partir otra vez”, dice Cruz.
Narcocrédito
El traficante avezado es astuto. Es posible que pase años en la cárcel, pero puede que no. A veces el crimen no paga.
Comprar y trasladar la droga desde el extranjero a Chile es un arte. El narco que comienza en el rubro debe tener un padrino que lo apañe para llegar al proveedor y crear lazos de confianza y acceder así al narcocrédito.
“La droga se paga después que se vende. O sea, acá tenemos relaciones de confianza extrema. Yo pido 100 kilos y no voy a pagar de inmediato. Lo que hacen es que se vende los 100 kilos y posteriormente remiten el dinero de distintas formas: personas que viajan con mochilas llenas de plata (…) la dejan en la casa de cambio en Santiago y en la sucursal de Iquique se la entregan en dólares. Hay muchas formas, pero la droga casi en el 100% de los casos se paga después”, asegura el fiscal Cortéz.
Pero la cocaína, la pasta y la marihuana no son las únicas drogas que han elevado su consumo y producción. El éxtasis ha creado su propio nicho con un aumento “explosivo”, asegura Toledo.
Al mismo tiempo, también reconoce la existencia de nexos con mafias europeas altamente compartimentadas en su actuar.
“Hemos visto un crecimiento exponencial en los últimos cuatro años en Chile. Al punto que estamos encontrando en forma regular laboratorios de producción de éxtasis (…) con máquinas tableteras compradas a través de Aliexpress. Así de sencillo”, asegura.
“Eso te da cuenta de un neo narco, de un fenómeno nuevo. En los últimos dos o tres años muy masivo, que todavía no vemos sus implicancias globales, pero que vinculan a grupos organizados de España, Argentina, Holanda y Bogotá. Hemos hallado múltiples conexiones entre estos narcotraficantes. Son grupos muy cerrados relacionados con chilenos”, agrega.
Los números de la policía uniformada le dan la razón. En los últimos dos años no llegaron al consumidor final más de 187 mil dosis, seguido por la Dimetiltriptamina (DMT) con más de 170 mil unidades. Le llaman “la molécula de Dios”.
Toledo asevera no ser un agorero, pero cree firmemente que el crimen organizado está a las puertas de la estructura estatal.
“Si no reaccionamos oportunamente, se nos puede ir el Estado de las manos. La penetración del narcotráfico y sus redes de corrupción (…) en el servicio público, en el financiamiento de la política, es un tema que no está tan lejos. De lo contrario el cambio de era se nos va a venir encima. Perder el Estado en esto no es difícil. En México no se demoró tanto. Unos quince años”, advierte.
Para muestra un botón. En agosto pasado fue detenido Javier Challapa, concejal de Camiña, Región de Tarapacá, con 79 kilos de drogas y armamento. Era conocido como “el rey del norte”.
Para evitar los controles durante la pandemia utilizaba su credencial y enviaba la droga a Santiago. El negocio lo realizó durantes años, aprovechando 27 millones de pesos en viáticos del erario público cuando viajaba a Bolivia a comprar la coca, en cada una de las 8 camionetas inscritas a su nombre.
Challapa se presentaría como candidato a jefe comunal en 2021.
Aún cuando no está probado judicialmente, la Fiscalía Sur mantiene abierta una investigación en contra del jefe comunal de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (exmilitante del PS), sin que hasta ahora haya sido formalizado.
Informaciones de prensa dan cuenta de sus vínculos con sujetos condenados por tráfico y otros ligados a él que trabajaron en su última campaña, de acuerdo a un reportaje publicado por Ciper Chile. (Léalo aquí)
Entre otros hechos, también se descubrió que el actual candidato por el Partido Radical a la alcaldía de Paine, Ramón Sandoval, fue condenado por tráfico de municiones que habrían ido a parar a un narcotraficante de la zona sur.
Según Patricio Caro, experto antilavado y vicepresidente de la World Compliance Association, la corrupción en la política tiene prontuario en Sudamérica y el resto del mundo.
A su juicio, hoy los partidos políticos pueden ser un vehículo interesante para el narcotráfico y así lavar el dinero.
“Si revisamos lo atractivo que puede significar fragmentar grandes cantidades de dinero (de origen ilícito) en múltiples aportes, y disfrazarlo para ingresarlos al financiamiento de un determinado candidato o partido, se podría generar un sistema para solicitar reembolsos y excelente forma lavar y ocultar bienes de dudosa procedencia”, explica Caro.
“Mientras no exista en la normativa actual la exigencia de verificar por parte de los candidatos y de los partidos políticos la legalidad u origen de los fondos; y que los mismos sean los responsables ante la ley de reportar aquellas contribuciones que presenten un grado de duda razonable, los esfuerzos de transparentar dichos aportes seguirán siendo débiles, y no se tendrán un resultado positivo”, recalca.
Monstruo de dos cabezas
El narco y el lavado de activos están unidos. El primero es una cadena de compra, transporte y venta, mientras que el segundo busca cómo resolver que el dinero obtenido ingrese al sistema financiero formal bajo una apariencia de legalidad.
Como el resto del mundo, Chile no está libre del fenómeno y en los últimos años los traficantes han mejorado y sofisticado sus estrategias de blanqueo.
Si bien el país no está en los niveles Europa, Asia, África y Oceanía, donde las organizaciones ampliaron el giro al tráfico de armas, de personas, entre otros delitos, lo cierto es que para la fiscalía, las policías y la Unidad de Análisis Financiero, el tema es una preocupación central. Las cifras sustentan.
Entre 2007 y 2019, los tribunales han dictado 175 condenas por lavado de activos que afectaron a 260 hombres y 108 mujeres, según refiere un reciente informe de la UAF. La sumatoria de todas las sanciones penales implicó que el Estado incautó más de 31 mil 730 millones de pesos, entre propiedades y otros bienes.
Lea el informe completo
Lo llamativo es que 49 del total de sentencias en 2019, respecto del año anterior, implicó un 145% de aumento y casi la mitad de los condenados. Desgranando, 20 de esos dictámenes judiciales estuvieron asociados al delito de tráfico de drogas, la cifra más alta desde 2011.
El director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, reconoce que las cifras son preocupantes, pero asegura que en los últimos años la coordinación de los actores públicos y privados para detectar señales de alerta, ante la existencia de organizaciones que pretenden infiltrarse en distintas áreas de la economía, ha mejorado.
Tal como Toledo de la Fiscalía Nacional, Cruz concuerda en que el blanqueo es un peligro para la estructura estatal, porque el narco no quiere hacerse cargo del país, sino hacer surgir la empresa.
“En general, lo que busca el narco en los países es tener un sutil equilibrio con el Estado, en el cual ellos desarrollan su negocio y que no los entorpezcan en demasía. Y esos equilibrios son más notorios en otras partes del mundo. Lo que no podemos hacer en Chile es llegar a ese equilibrio. Evitar que se normalice el narcotráfico y el lavado como un elemento que sea parte del paisaje”, explica.
Inversionistas ángeles
La Brigada de Lavado de Activos de la PDI (Brilac) es la que se relaciona directamente con la fiscalía en las investigaciones por este delito.
De acuerdo a sus propias estadísticas se logró incautar al narco, entre 2018 y lo que va de 2020 más de 3.500 millones de pesos entre automóviles, propiedades y otros bienes.
Las cifras aumentarán, ya que se trata de investigaciones de dos tipos que apuntan a un mismo hecho. La primera patrimonial y la segunda financiera, asociadas a casos en curso que sustancia el Ministerio Público.
“Si tuviéramos que establecer un patrón de cómo se lava en Chile en general, el narcotráfico local, es un poquito tradicional (…) particularmente, las inversiones en propiedades, vehículos, pero a través de testaferros”, indica el jefe de la Brilac, Johnny Fica.
De todos modos, reconoce una evolución: “nos vamos encontrando que estos grupos se están preocupando de crear empresas, sociedades a través de las cuales justificar inversiones con dinero sucio; empresas de fachada y eso habla del conocimiento que están adquiriendo”
Cruz Tamburrino advierte que la crisis económica provocada por la pandemia, abre un caldo de cultivo hasta ahora desconocido. Este hecho podría derivar en la aparición de nuevos sujetos que podrían dedicarse solo a lavar el dinero de organizaciones criminales, entre ellas el narco.
El fenómeno se inició en Colombia, con una nueva generación de traficantes hace poco más de dos años, conocidos como “los invisibles”. No se visten de Armani, no son multimillonarios, y mantienen un perfil bajo. Y los otros invisibles”, son sujetos que tienen una vida alejada del delito, sin antecedentes: pueden ser profesionales, pero que blanquean la plata del crimen organizado.
En Chile podrían ser lavadores asociados a las profesiones liberales, tales como abogados, contadores, ingenieros comerciales.
“Y esto porque hay empresas necesitadas de capitales para poder sobrevivir. Y eventualmente pueden aparecer ‘inversionistas ángeles’ dispuestos a invertir en un hotel, una empresa de transportes que tenga algunos años de prestigio en el mercado, con cuentas abiertas. Para ellos es un paraíso”, asegura Cruz.
Empresas, narco y pandemia
La dinámica puede afectar a las empresas privadas, incluida la banca y otras instituciones financieras que si bien han mejorado sus sistemas internos de prevención del delito, continúan mirando con distancia la sola posibilidad de ser infiltrados por organizaciones criminales.
El abogado Rodrigo Reyes, experto en antilavado de la firma Prelafit, explica que todavía el mundo de los negocios suele mirar el presente y no el potencial.
“La organización criminal si bien se ve algo lejana, ninguna empresa quiere verse vinculada con ella. Pero esto también tiene que ver con los sesgos. Si le preguntas a la gente ¿cuál es el riesgo que tiene actualmente? siempre tiende a mirar el presente. La gente en general no percibe que hay un riesgo de vinculación con organizaciones criminales (…) hasta que ocurren los eventos, los incidentes. Pero ciertamente si eso sucede le tendría terror, sobre todo en un país como Chile, donde la opinión pública es bastante sensible a las conexiones de una empresa con una organización criminal”, apunta Reyes.
Y si se trata de mecanismos colaborativos para investigar el lavado, la banca tiene mala nota.
“El problema de la eficacia (…) tiene que ver con la mirada que tiene el Estado, que privilegia mucho el sector privado y la banca que tiene un enorme poder. Ha sido difícil coordinar con la banca el acceso a la información, de recibir datos concretos para mejorar la estrategia de persecución penal”, indica Toledo de la Fiscalía Nacional.
Y cierra: “Muchas veces nos llega la información de los clientes en papel físico; que llegue en planillas excel es muy difícil o bien los tiempos de respuesta no son los esperables (…) en general diría que eso se repite con otros sectores productivos del país”.
Golpe duro
Cuando se desordena el Estado de Derecho, el narco sufre un embate, porque las estructuras de persecución penal y policial adoptan nuevas formas de manera abrupta.
La primera de ellas fue el estallido social que se inició en octubre de 2019. En esa oportunidad el país estuvo bajo excepción constitucional lo que derivó en una supuesta mayor vigilancia. Le siguió la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, cuando fueron cerradas las fronteras.
Como siempre ocurre, el narco se adaptó y profundizó la entrega por delivery, muchas veces irrastreable por la autoridad, reconoce el coronel Manuel Cifuentes, jefe del OS7 de Carabineros.
“Han tenido que evolucionar para vender la droga que tienen, ya que los productores, valga la redundancia, siguen produciendo y no se quedan con stock inmóvil en bodega. Adoptan entonces nuevas tendencias. Una es el delivery que no era muy común antes de la pandemia y el estallido social. Hoy tiene un aumento exponencial. No solo las drogas tradicionales como la marihuana, la pasta base y el clorhidrato de cocaína, sino que lo vemos mucho en las drogas sintéticas”, agrega Cifuentes.
El jefe de antinarcóticos metropolitano de la PDI explica en la misma línea: “La pandemia (…) provocó un quiebre de stock de droga. Esto derivó en más violencia, porque unas bandas tenían y otras no”.
“(…) respecto de qué ocurría antes de la pandemia (…), el narco ingresaba pequeñas cantidades por un aspecto netamente comercial. Por ejemplo, envíos de 50 kilos. Eso significa un menor costo, menos riesgo y en la escala logística menores gastos. (Entonces) se optó por alargar los periodos de ingreso de droga, pero apostar por mayores cantidades. Por ejemplo, hace dos meses tuvimos una incautación de 600 kilos de cocaína base en un solo envío. Con esta droga aseguran el año (…). En suma, tenemos más cantidad de droga incautada con menos procedimientos y con menos detenidos”, explica el jefe de la Briant.
El fiscal Cortez asegura que la carencia de drogas aumentó las muertes.
“Durante la pandemia (…) hubo un periodo de tiempo entre mayo-junio-julio que era brutal la cantidad de homicidios que estaban relacionados con el narcotráfico, pero eso también tiene que ver con la escasez que en su momento tuvimos de droga. (…) empezamos a ver dónde se produce la mayor cantidad de homicidios y los tenemos bien concentrados en La Pintana, en el sector de El Castillo, en La Legua, en el límite entre La Pintana y San Ramón (…)”, explica.
El oficial de la PDI recalca, en todo caso, que el tráfico mejoró sus estrategias con la migración de ciudadanos colombianos dedicados al rubro.
“Los colombianos llegaron a efectuar toda la cadena de distribución con colombianos. Es decir, proveen la droga, la transportan, la reciben y la distribuyen entre colombianos y finalmente, surten a algunos traficantes locales. (…). La historia criminal de los colombianos versus la chilena, es mucho más fuerte. Han existido episodios donde hay mayor uso de la violencia”, reafirma.
Más y mejor
En los últimos años las armas en manos de los traficantes han aumentado en cantidad, calidad y poder de fuego reconocen las policías y el Ministerio Público. Las pistolas Glock, por diseño y la facilidad de modificarlas en su cadencia de tiro -convirtiéndolas en subametralladoras- son una de las preferidas de los traficantes. Es un símbolo de estatus.
Coincidencia negra, la música rap que se canta en los Ángeles, California, dedica una parte no menor de sus canciones a la pistola Glock de origen austríaco.
El fiscal jefe de Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Fiscalía Sur, Alex Cortéz, establece una relación inherente entre narco y armamento.
“Cuando hablamos de tráfico, hablamos de armas. El traficante que (…) está en las poblaciones y que se está moviendo con drogas y distribuyendo tiene armamento. Tiene que ser así porque debe (…) protegerse de otros narcotraficantes. Necesitan que la gente de la población los vea con armas para infundir temor y decir: yo soy quien tiene el poder, el que maneja esta población”, señala Cortéz.
“Entonces, la inversión que ellos hacen en armas es alta, y las armas que están comprando son también de alta gama. Estamos viendo muchas más subametralladoras, muchos más fusiles, armas de grueso calibre, y también la adaptación de la típica pistola con cargadores tipo tambor que pueden tener 50 municiones; o sea una brutalidad, una guerra”, apunta.
Las estadísticas de Carabineros lo refrendan. Entre 2018 y hasta noviembre de 2020 han recuperado 999 armas, divididas entre pistolas, revólveres, fusiles, entre otros, solo asociadas a casos de tráfico. Estos delincuentes, en todo caso, las adquieren a terceros dedicados especialmente a ese rubro. Las hechizas, en tanto, desaparecieron del mapa. Son parte de la historia pasada de un tipo de narco que hoy mejoró su estándar criminal.
En tanto, el último informe de la ONU publicado en junio de 2020 sobre el tráfico de armas a nivel mundial, revela incautaciones superiores al medio millón.
En África y Asia la escopeta fue la más decomisada. En Oceanía los fusiles son los preferidos, mientras que en Europa son las pistolas y los rifles.
El continente americano tiene lo suyo. Estados Unidos es donde más secuestros legales suma 320 mil. Continúa Colombia (25.600), Argentina (19.600) y México (7.200). En Guatemala, Brasil, Paraguay, entre otros, la venta también afecta, pero en menor cantidad.
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/narcos-bonaerenses-buscaron-acceder-fusiles-usados-tropas-nid2299921
Según la ONU, desde 1990 hasta 2017 464 mil personas han sido víctimas de armas de fuego, hechos ligados al crimen organizado.
En octubre de 2019, la policía de Buenos Aires incautó a un grupo narco dos fusiles chilenos producidos por la Fábrica de Maestranza del Ejército (Famae) con silenciador. El hecho llamó la atención en ambos lados de la cordillera, pero de nuevo nada se supo.
Camino de pólvora
Cinco son las vías por las que el narco se hace de armamento.
La primera, las que provienen del extranjero. Uno de los países es Argentina y según la PDI, Perú y Bolivia.
Sin embargo, han existido importaciones desde Estados Unidos. Ese hecho quedó al descubierto en 2018 en una investigación que sustanció la Fiscalía Occidente, donde se detuvo y formalizó a una organización criminal compuesta por 12 personas.
En conjunto, los individuos intentaron ingresar a Chile por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, fusiles, pistolas, más de dos mil municiones y modernos comunicadores.
Al año siguiente, en Iquique, fue interceptado un contenedor con un verdadero arsenal; pólvora especial, más de 15 mil municiones, cientos de cartuchos de escopeta, cañones para fusiles, cargadores para AK-47, entre otros pertrechos.
La segunda son las robadas a dueños legítimos en territorio nacional y cuyo número de serie está borrado para evitar la trazabilidad, reconoce el fiscal Cortéz.
La tercera, a través de testaferros.
“La mayor parte de las armas están siendo compradas a través de palos blancos. “(…) tenemos varias investigaciones vigentes en donde hay sujetos que compran tres armas el mismo día y se las van robando paulatinamente y al día de hoy ya no tienen ninguna”, aclara el fiscal Cortéz.
“Otros que tienen 20 años, que carecen de capacidad económica para adquirir tres armas el mismo día, armamento que vale 800 mil pesos. (…) evidentemente ahí tenemos un problema que está relacionado con la legislación en cuanto a cuáles son los requisitos para adquirir armas de fuego (…) que son más bien formales”, insiste.
La cuarta y poco conocida es el “combo”.
“Este año se detuvo a un cargamento que venía desde Perú que tenía armas. Se está haciendo más común (…) que el nicho más territorial se ha dado cuenta que la utilización de las armas de una manera convencional para proteger su zona ya no basta. Entonces han modificado la cadencia de tiro. Y ahí han preferido la pistola Glock, porque esta tiene una forma de ser modificada semiautomática a automática”, aclara el oficial de la PDI.
La quinta, agrega el policía civil, es cuando “hay personas que por inexperiencia compraron un arma y le ofrecieron realizar los trámites y al final le inscriben 5 ó 6 y nunca supo, mientras que estas eran comercializadas sin su conocimiento”.
Otra vía fue revelada en 2018 por el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, cuando reconoció que efectivos de la institución compraban armas para su uso personal, pero en realidad eran para venderlas al narco. En casos como este también aparecen Gendarmes y Carabineros.
Las armas necesitan balas para ser disparadas. Una caja de 50 tiros vale diez mil pesos en el mercado formal y tiene límite de compra.
“Pero esa misma caja puede venderse entre 50 ó 60 mil pesos en el mercado negro. Esos son los valores actuales. Este nicho se produce en torno a las armerías, clubes de tiro (…) pero para el uso deportivo, se consume más munición”, añade.
Las nuevas rutas
Chile convive con dos de los principales productores de cocaína: Perú y Bolivia y posee 4.000 kilómetros de costa.
Para que la droga llegue a los distribuidores, suele ser usada la vía terrestre a través de camiones o camionetas adaptadas. Algunas veces los alcaloides son entregados en el desierto.
Sin embargo, en el último tiempo el narco está prefiriendo la vía marítima, buscando evitar los controles de las policías, la Armada y Aduanas.
“Con la pandemia y el estallido social se presentaron restricciones de movilidad, restricciones de ingreso al país; los narcotraficantes se dan cuenta de que la vía marítima, que es la principal vía del narcotráfico en el mundo, también puede ser usada para surtir el consumo interno de Chile. Aun cuando en años anteriores habíamos detectado drogas por vía marítima para comercializarla en Chile, en la actualidad se ha descubierto que hay mayor uso de forma de ingreso por mar”, recalca el jefe de antinarcóticos de la PDI.
El jefe del OS7, coincide: “Se han perfeccionado algunas rutas transnacionales para ingresar la marihuana creepy de origen colombiano vía tráfico marítimo para burlar los controles formales. (…) el país tiene una costa enorme, de 4.000 kilómetros, por lo tanto implica un mayor grado de permeabilidad”.
El contrabando
En la zona norte de Chile la frontera no puede ser controlada en su totalidad. Si un sujeto es detenido, todo indica que puede pasar un número indeterminado un par de kilómetros más allá, reconocen las policías.
Si bien es cierto el delitos de narcotráfico es una parte importante de esas detenciones, desde hace unos años a esta parte se ha instalado un nuevo tipo de crimen organizado: el contrabando, especialmente de cigarrillos traídos desde Bolivia.
El asunto es palpable en Arica, Iquique y Antofagasta y en el comercio ambulante, persas y ferias libres de Santiago, donde las cajetillas son vendidas a $1.000.
Tanto ha sido su avance que superó al narco, en relación a lo que incautan en bienes por blanqueo de capitales.
Menos violento que el traficante de drogas, mueve más dinero cuando se trata de incautaciones y lavado de activos. Incluso se han detenido funcionarios de Carabineros prestando colaboración a estas organizaciones.
La detención más reciente ocurrió en septiembre pasado cuando la Fiscalía de la Región de Tarapacá detuvo a 11 funcionarios de la policía uniformada que proporcionaban seguridad y logística para el contrabando de cigarrillos desde Bolivia, acusándolos junto a otros 11 civiles de asociación ilícita y blanqueo.
El jefe de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, Johnny Fica, explica el fenómeno: “Los últimos 3 años nos demuestran, sin perjuicio que se realizan investigaciones de lavado de dinero orientadas al tráfico de drogas, también se han realizado indagatorias donde el delito ha sido el contrabando, que es un tema relevante, porque estos grupos están actuando de manera super coordinada, con una logística o mecanismo muy parecido a cómo operan los traficantes”.
“Con rutas, métodos de ocultamiento y particularmente porque es una actividad sumamente lucrativa; o sea, se ha demostrado que la inversión que ellos realizan sobre todo en el contrabando de cigarrillos, versus la ganancia que logran al poder vender en el mercado negro, la verdad es que son sumamente atractivas”, indica.
En los últimos dos años, de acuerdo a los guarismos de la Brilac, al contrabando le han quitado más de $8.500 millones, mientras que al narco $3.500 millones.
Pese a que se trata de delitos distintos y mercancías diferentes, en el norte del país existe una tendencia preocupante, porque el negocio de estas organizaciones varía según las condiciones.
Toledo, de la Fiscalía Nacional, asegura que existe “vinculación entre narcotráfico y contrabando (que) está a la orden del día. Por ejemplo, desde Bolivia entran de pronto señoras con billetes, dólares y esa es una forma de lavado (conocido como pitufeo)”. Y agrega: “El que está en la marihuana, ketamina, éxtasis, hay solo una multiplicidad de negocios, incluso puede estar en el contrabando de cigarros”.
Diversificación
El jefe de la UAF, Javier Cruz, apunta en la misma línea: “Está el narco y todas sus características, pero el contrabando, en particular en la frontera norte, las policías aseguran que ha aumentado.
¿Cómo están enfrentando este nuevo fenómeno?
El contrabando es un delito base de la ley desde 2015. Desde ese momento comenzamos un trabajo muy fuerte con el Ministerio Público, en recopilar información de nivel nacional y comparar casos que habían existido desde distintas facetas. De ahí generamos líneas de investigación para buscar indicios y enviarlos a la fiscalía.
¿Pero aumentó?
Desde 2015 tenemos al menos 6 o 7 casos de contrabando con lavado de activos asociado y desde un punto de vista de la tipología es de cuidado. Ocurre que si las personas involucradas tienen antecedentes por la Ley de Drogas, por ejemplo, comienzan a dedicarse a otros rubros como el contrabando de cigarrillos. Para nosotros es una gran luz de alerta, porque indica que estamos en presencia de grupos que se diversifican.
¿Amplían el giro?
Exactamente. Debemos estar atentos a esas pequeñas luces de advertencia, porque es donde debemos atacar. No podemos permitir mayor sofisticación en los rubros. Esto es esencial. Parte de la investigación financiera es buscar la forma de romper esa conexión que les permita esta diversificación. De hecho la pena por el delito de contrabando tiene una pena mucho más baja que el tráfico de drogas y en el último tiempo hemos visto cómo ha tenido un aumento importante el contrabando de cigarrillos.
Recursos y herramientas
En la literatura que explica cómo perseguir al crimen organizado hay una máxima: los delincuentes siempre van más adelante que la ley. Como este hecho se cumple siempre a cabalidad, lo cierto es que los recursos estatales son siempre limitados. Nadie lo reconoce públicamente, pero la plata no alcanza para que el gato atrape al ratón.
Toledo asegura que no es un problema de recursos, “sino de perfeccionamiento del sistema procesal penal para la investigación del crimen organizado. Eso es urgente”.
“El tema tiene que ver con que son investigaciones de largo aliento. Porque cuando quieres llegar más allá, las herramientas son más complejas y difíciles de implementar para ejecutar la penetración de la red criminal completa. Por ejemplo, conseguir agentes encubiertos con completa doble identidad, con una cuenta corriente bancaria, con un pasaporte extranjero. Hacerle una doble identidad completa, eso no está aceitado en Chile”, reclama.
Cruz Tamburrino de la UAF lo explica con un ejemplo: “Si le preguntas a cualquier regulador o policía del mundo, te dirán siempre que el lado oscuro tiene más plata y más disponibilidad. Y es que la cantidad de hipótesis que se deben enfrentar siempre se hace indispensable contar con una mayor cantidad de recursos, pero también veo que se subestima el elemento colaborativo con otras entidades”.
“Por ejemplo con la policía, que permite mitigar en ciertos aspectos alguna falta de medios. Y más aún debemos extremar esa coordinación atendida la situación que vive el país. Además, las normativas antilavado a nivel internacional van cambiando con una velocidad increíble. Año a año el Grupo de Acción Financiera (GAFI) , que entrega los parámetros para todos los países del mundo, genera en promedio tres o cuatro cambios importantes, ya sea en materia antilavado y financiamiento del terrorismo. Y es angustiante, porque una norma que salió hace dos años, ya la están cambiando. Eso te demuestra cómo avanza el mundo delictual”.
La historia indica que los delincuentes se mueven más rápido que la ley.
Eso es un hecho, lo que nos obliga a estar alertas y coordinados. Suena obvio que lo estemos, pero no lo es. Principalmente uno de los problemas a nivel continental de las unidades de inteligencia financiera, las fiscalías y las policías pasan peleados, porque muchas veces las mismas normativas no les permiten tener claridad dónde empiezan o terminan sus facultades.
¿Pasa lo mismo en Chile?
Afortunadamente no. Parte importante de lo que se nos ha destacado a escala internacional es el nivel de coordinación que hemos ido logrando.
¿Qué es lo más difícil cuando se persigue a un lavador?
Generar a un profesional, un analista de la UAF, un policía, lo que sea para que tenga conocimientos en materia de investigación financiera es un tema. Porque decir investigación financiera no es ir a pedir un papel al Registro Civil con los autos, eso es investigación patrimonial básica. Después viene la financiera, que eso es lo difícil. Cómo logró comprar ese auto, esa casa, quiénes participaron, por dónde pasó la plata, las cuentas, en fin. Es decir, las venas por donde circula la plata es por donde hay que investigar.
¿Durante la pandemia la autoridad está literalmente ciega?
No diría ciega, sino coordinadas con otros agentes internacionales, intercambiando las tipologías y lo que vayamos viendo para ir previendo escenarios. Y como han avanzado las tecnologías de la información, también podríamos ver avances en materia delictual que nunca antes habíamos visto.
En Chile existen muchas organizaciones sin fines de lucro y que no están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas. ¿Qué ocurre allí?
Hay muchísimas. Miles de miles de miles. Y de los más distintos tipos. Desde juntas de vecinos a grandes fundaciones, religiosas, deportivas, en fin. Hemos iniciado ya investigaciones de nivel estratégico para entender bien cómo se ha ido creando esta pléyade de organizaciones, que respecto de las cuales la ley chilena es bastante abierta. Por ejemplo, armar una corporación no es particularmente complejo. Y la puedes armar para auxiliar un problema social, pero no te limita a que tenga otro tipo de fines. Y puede existir el riesgo de que en malas manos se produzcan movimientos de dinero que resulta muy difícil auscultar o rastrear. Por ejemplo, las donaciones.
Actualmente todo el Estado de Chile es un sujeto obligado a informar operaciones sospechosas. ¿Cómo les ha ido?
Bastante mejor de lo nuestros primeros augurios presentaban. Que la gente reporte es difícil, porque el ámbito del Estado tiene unas particularidades bien especiales. Al principio pensamos que primaba la lógica de que era una delación entre compañeros, pero fue todo lo contrario. Hay gente que no es corrupta y que quiere hacer las cosas bien.
Cruz Tamburrino, cierra con un lamento: “En Chile, la última reforma a la Ley de Lavado se hizo en 2015 y demoró ocho años”.