Una nueva polémica enfrentan las autoridades sanitarias, luego de que la Contraloría detectara una serie de irregularidades en el arriendo del Hotel Radisson por parte del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) para habilitarlo como residencia sanitaria.
Las anomalías se remontan a junio de este año, cuando en medio del peak de contagios por coronavirus, el organismo público no respaldó “con documentación íntegra y exacta” los más de $134 millones que desembolsó en favor de Gestora Hotelera SpA, firma controladora del inmueble.
Dicho monto estuvo calculado en base a la cancelación diaria por cada uno de los 2.453 usuarios por los que cobró el hotel, quienes estaba divididos en 2.206 residentes principales y 247 residentes adicionales, es decir, acompañantes que compartían habitación con uno principal. Por los primeros se fijó una tarifa de $50 mil y $12 mil para los segundos, más IVA.
Sin embargo, según determinó la Contraloría, los números no cuadran. De la revisión de los antecedentes entregados por el servicio, es decir, la planilla de pacientes de ese mes y fichas clínicas de los mismos, “se detectaron situaciones que impiden trazar y reconstruir la información” y, por otra parte, “verificar el cumplimiento de las exigencias para los pacientes que hicieron ingreso a la residencia sanitaria”.
En efecto, la planilla proporcionada por el SSMN -mediante correo electrónico el 14 de agosto de 2020- detalla que la cantidad de pacientes registrados diariamente durante junio de 2020 asciende sólo a 1.994 usuarios y no a los 2.453 por los que pagó el servicio.
“En dicha planilla no se define el monto pagado diariamente por paciente, así como tampoco la calidad de residente principal o adicional, dato que tampoco se informa en las fichas clínicas, lo que impidió corroborar la exactitud del monto sancionado por el referido acto administrativo”, complementa el informe de la Contraloría.
El documento detalla también que en la planilla de respaldo de pago aparecen registrados pacientes con datos que no son asimilables a un número de identificación (RUN, numero de pasaporte, etc.) y, por consiguiente, no vinculables a una ficha clínica.
También se detectaron ruts mal anotados y aparecen pacientes repetidos (ver tabla).
Por todo esto, la Contraloría dio 60 días hábiles al Servicio de Salud para “acreditar con la respectiva documentación de respaldo la información íntegra y exacta asociada a las habitaciones utilizadas en el Hotel Radisson durante el mes de junio de 2020, servicios ya pagados a Gestora Hotelera SpA, con el fin de esclarecer los hechos”.
Contratos y selección del Radisson
Los problemas, sin embargo, no terminan ahí. La Contraloría cuestionó que “no consta que el Servicio de Salud Metropolitano Norte haya analizado y evaluado sobre la base de criterios técnicos, la selección y contratación del Radisson para el funcionamiento como residencia sanitaria; para la definición de las condiciones pactadas y el resguardo del patrimonio público”.
Y peor aún, se acreditó que el SSMN no suscribió un contrato con la empresa por los servicios que prestó el hotel como residencia sanitaria, para el período comprendido entre el 4 y el 30 de junio de este año.
Dicho de otro modo, aceptaron por casi un mes las prestaciones sin firmar documento alguno y sin haber regulado anticipadamente las condiciones del convenio.
A juicio de la Contraloría, la situación “expuso a la administración a riesgos por eventuales vicios en las contrataciones” e implica, además, la carencia de cláusulas que estipulen eventuales sanciones o exigencias de garantías por incumplimientos por parte del proveedor.
Esto último cobra relevancia, pues el servicio ya se encuentra en medio de la polémica por el arriendo del Espacio Riesco, firma que le acusó de adeudarle más de $2.900 millones.
Desde el Servicio de Salud Metropolitano Norte confirmaron a BioBioChile la apertura de un sumario para determinar las responsabilidades por las irregularidades antes señaladas.
Según apuntaron, la investigación interna comenzó por cuenta propia en agosto de este año y debería concluir antes del 31 de diciembre, por lo que declinaron referirse al informe del organismo de control hasta entonces.