Camiones de 20 metros de largo en promedio que podrían ser “elefantes, sin control, en las carreteras”, apuntan.

Cada carga de madera se vende entre 1,5 y dos millones de pesos, según informes.

Si se divide la pérdida por año por el valor de cada carga de madera robada, arroja que son casi seis mil los camiones por año que circulan con el producto obtenido de manera ilícita. Es decir, alrededor de 16 camiones, promedio diario, con el material robado.

Para dimensionarlo, en ruta, la cantidad de camiones con madera robada cubriría, uno tras otro, la distancia entre Santiago y Rancagua y le sobra. Más de 100 kilómetros.

“Son elefantes blancos que pasan, día y noche”, a la vista de todos, autoridades, instituciones y de la policía que, según ironizan los empresarios, al final, no son fiscalizados y sin son parados, al final, pasan igual con papeles falsos. “Se hace vista gorda”, dicen molestos.

¿Por qué es tan fácil transitar por carreteras con camiones que promedian poco más de dos decenas de metros de largo, sin ser descubiertos? ¿quién debe fiscalizar o por qué no se fiscaliza? ¿de quién es responsabilidad? ¿por qué se puede talar un predio sin temor a ser descubierto?

Todas preguntas que cualquier persona puede hacerse sobre esta ilegalidad y que, al parecer, son ya varias las instituciones que están en deuda.

Circuito delictual

Carabineros desde hace varios meses les siguen la pista a este ilícito que se desplaza por un mismo circuito en forma constante. No es audacia delictual. Es casi una burla.

Talas ilegales que se originan, principalmente, en predios en conflicto por reivindicación étnica, sea por una superposición de títulos de dominio de un mismo territorio, donde hay documentos que prueban la propiedad de forestales y la merced respecto de comunidades, simultáneamente, o también en propiedades de empresas que son vecinas de territorios reivindicados, los cuales también cuentan con sus respectivos títulos de propiedad.

Pero, según fuentes policiales, quienes originan la cadena delictiva, un tercer actor que pasa a ser el principal, son empresas de transportistas, que se ubican en el círculo, entre la tala ilegal y la venta de la madera usando facturas falsas.

Algunos que ahora estarían en proceso de ser identificados, les pagarían a las comunidades alrededor de 500 mil pesos por la carga de un camión y luego los mismos transportistas venderían a un tercero, que puede ser mercado local o también internacional, posterior exportación, de la madera a un valor de 1,5 a 2 millones por carga, dependiendo de su calidad.

Se privilegia tala de troncos de 5 metros de largo y 25 centímetros de diámetro, la que se vende mejor, la que se va para el exterior.

¿Por qué podría asociarse al conflicto mapuche? Según la policía, generalmente, cuando ocurren atentados incendiarios tienen que ver con una investigación de robo de madera en curso o es porque se han generado detenciones: les cortan caminos y la pesquisa se vuelve peligrosa, literalmente al rojo, a balazos, como en el Lejano Oeste.

Así también ha opinado el Ministerio del Interior, en diversas declaraciones, aunque en esta oportunidad no habló.

Dicho de otra forma, aunque no está aún corroborado, habría un nexo entre ataques incendiarios y el robo de madera. Cuando materializa este ilícito, generalmente -según la indagación policial- se genera la tala ilegal de bosques y hay una especie de “blindaje”, mediante vehículos todo terreno, en caminos rurales que permiten actuar en impunidad.

¿Cómo? Dando aviso entre sí, si los efectivos policiales quieren acceder a los lugares de la tala ilegal, se le cortan los caminos con motosierra en mano y son emboscados y la peligrosidad aumenta. Es decir, se crea, de hecho, una especie de territorio sin ley.

Así es como la carga ilegal se escurre por caminos rurales, a través grandes terrenos lo que complica aún más su captura, a lo que se suman facturas ideológicamente falsas, con información tergiversada de predios autorizados para la tala, hasta con los planes de manejo respectivos, instrumentos que luego les permiten conectarse con las carreteras asfaltadas, transitar con libertad, hasta ser adquiridos por aserraderos locales, a un 40% menos de su valor real, o exportadas fuera del país, principalmente, según empresarios afectados, desde Puerto Coronel.

Esta cadena del delito hace difícil su detección, ya que incluye una especie de “blanqueo” de la madera.

Corma desespera

Dos camiones forestales son los últimos incautados, el martes, en Laraquete (Arauco), con extracción ilegal de madera de un predio de Forestal Comaco en Rinconada de Llico, a lo que se suma el freno de una tala ilícita en Los Álamos, con incautación de una especie de aserradero móvil, que habría generado, posteriormente, el ataque incendiario a tres camiones este miércoles en la misma comuna. Les molestó la acción policial.

Mientras tanto, avanza la investigación de los quince camiones quemados en Angol este viernes.

En el primer caso, en rl procedimiento en carretera, la firma logró demostrar, con fotografías y con video en mano, que la madera había sido robada desde su predio y, con orden de Fiscalía, se incautó el producto y fue devuelto. No así el camión, que no se afecta.

Estos hechos mantienen en alerta a la Corma, quienes representados por su presidente Juan José Ugarte, aclara que el delito se ha extendido incluso hasta las regiones del Maule y Los Ríos, ahora más allá de Bío Bío y La Araucanía.

“Es muy lucrativo esto y van por más”, dice.

Ugarte agrega que el robo de madera es organizado por asociaciones delictuales que operan con medios muy sofisticados, que reclutan a civiles de las distintas localidades como guardias armados, obstruyen acceso de la policía y los atacan a balazos muchas veces, los superan.

“No es que salten un cerco, se instalan con camiones, grúas, teléfonos satelitales, planificación y permanecen en los predios por varios días”, sostiene Ugarte respecto del modo de operar de megaladrones de madera.

Corma asegura que este es un delito que se ha ido incrementando y ya en el año 2019 la venta ilegal rondó los 15 millones de dólares, con opciones ciertas de aumento para el 2020.

“Con la débil legislación existente hoy, además, se actúa en impunidad”, acusa Ugarte.

“También se ha incrementado la violencia, hoy es una práctica habitual de estas bandas el uso de armas, cortas y larga, incluso usan Armas de guerra, en ocasiones”, añade el mismo Ugarte.

La corporación calcula entre 8 y 10 las bandas organizadas que operan en las regiones, en un delito que afirma que permanece en la impunidad por la falta de sanción y falta de capacidad investigativa y es por lo anterior que la tramitación del proyecto de ley que subsanaba esos problemas y fue rechazado este año en el Senado resulta clave que se reponga.

¿Vista gorda?

No sólo Corma apunta a “vista gorda” respecto de la circulación libre de camiones con carga ilegal, también la Asociación Nacional de Contratistas Forestales opina lo mismo, e incluso, los camioneros se suman a la misma crítica.

“Nos hemos reunido con Fiscalía, Carabineros, PDI, Conaf y el diagnóstico común es que ante la falta de capacidad investigativa la posibilidad de construir la prueba y llegar a sanciones que generen un freno a esto, en que un mismo camión lo hemos sorprendido hasta 10 veces más en lo mismo. Causa impotencia”, se queja Ugarte.

Agrega que hoy hay un desequilibrio de fuerzas que favorece a los delincuentes, ya que la policía es interceptada en el camino para evitar llegar a los lugares donde se comete el delito y no se puede hacer más.

Por su parte René Muñoz, presidente nacional de los contratistas forestales, descarta que sus asociados estén inmiscuidos en el delito.

“Eso no quita que otros particulares mapuches y no mapuches se dediquen a este ‘negocio’”, destaca Muñoz.

“El Estado debe preocuparse, porque cuando se ve que hay entre 20 a 25 cargas que circulan sin control, es el Estado responsable. ¿A quién acuden los buenos cuando el Estado falla? y al final esto nos afecta a nosotros porque mucho de lo que se obtiene va a financiar actividades terroristas. Ese el círculo”, precisa Muñoz.

José Villagrán, presidente de los camioneros de Fedesur, también descarta la presencia de sus socios transportistas en el negocio y también responsabiliza al Estado, pero también a forestales, porque asegura que talan árboles y no se llevan toda la madera.

“Las grandes forestales cuando hacen sus cosechas siempre dejan un porcentaje sin talar. No sabemos por qué, dejan un porcentaje como tierra de nadie. Entonces, ¿qué hacen esas personas que se compran camiones? van y cosechan. Después, no sé cómo lo hacen para conseguirse las guías de despacho y después se las venden a las mismas forestales”, sostiene Villagrán.

“Al gremio nuestro no pertenecen, son delincuentes transportistas”, dice.

¿Quién compra la madera robada?

Desde Corma confirman que la madera robada alcanza mercado local e internacional, lo que arriesga a Chile respecto de su certificación de transacción libre de delito.

“Nuestros asociados de aserraderos del Maule nos relatan de manera dramática cómo ellos en el mercado, en cadenas ferreteras, porque llegan vendedores de madera robada, que ellos no alcanzan ni siquiera a cubrir el costo”, dice Juan José Ugarte.

“Hay canchas de acopio; se ha detectado hacia la exportación de madera aserrada o astillas tenemos también la presencia de madera robada. Hay casi 800 empresas que exportan productos forestales en Chile, el volumen es grande. Las veces que se ha llegado a resultados es porque se logró la trazabilidad”, destaca.

Ugarte descartó, eso sí, que la gran empresa forestal compre madera robada, debido a que tienen la capacidad para revisar la trazabilidad, además de adquirirla a despachadores conocidos.

“No sabemos quién compra la madera robada, si supiéramos iríamos directamente sobre ellos”. cierra el ejecutivo forestal.

Así, empresarios forestales, contratistas y camioneros niegan vínculo con el ilícito.

Entonces, ¿quién compra la madera?

Es la tarea pendiente que no puede esperar más, porque es un cáncer que se fortalece, crece y ahora, ya mata a trabajadores forestales y a camioneros honrados en las rutas de Arauco y la región de La Araucanía, extendiéndose al Maule, Los Ríos y Los Lagos, en la cara de las autoridades encargadas de impedirlo.

A estilo “Pilatos”

El Ministerio del Interior responsabiliza al Congreso por no aprobar la iniciativa de ley que aumenta penas y fortalece la investigación policial.

La policía apunta a una descoordinación en la labor investigativa y fiscalizadora de las instituciones estatales cuya labor en conjunto debe frenar el delito.

Desde el Servicio de Impuestos Internos del Bío Bío aseguran que han desarrollado un trabajo mancomunado con la Fiscalía, autoridades del Gobierno Regional y las policías de la zona.

“Como resultado de ese trabajo, el SII ha presentado 12 querellas contra 119 contribuyentes con montos involucrados de más de 4 mil millones de pesos por eventuales delitos tributarios. La mayoría de estas causas se encuentran terminadas con condena y en tramitación hay tres”, dijo Jorge Lara, director del SII del Bio Bío.

El uso de facturas falsas en el robo de madera ha sido un foco relevante del trabajo de fiscalización que hace el SII en la zona forestal, desde el 2013, dado que el objetivo final de este esquema fraudulento sería la obtención indebida de la devolución de IVA a la exportación”, agrega.

Conaf apunta a que toda la información sobre predios con planes de manejo autorizados para cosecha lo tiene la policía, tras reuniones de coordinación.

Desde la Prefectura de Malleco de Carabineros, el teniente coronel Maximiliano Núñez destacó que “trabajamos en varios aspectos este delito. Acogemos denuncias de los afectados y con el Ministerio Público realizamos investigaciones correspondientes para ubicar a los autores. Pero también hacemos labor preventiva, nos instalamos en las rutas, realizamos controles, a camiones que transporten madera, además pedimos colaboración al SII, el SAG y Conaf para que nos puedan cooperar con revidar las guías de despacho, roles, orígenes de la madera, destino y naturaleza. Pero, lo más importante es prevenir que se realicen los hurtos”.

Fiscalía, pese al requerimiento de BBCL, declinó referirse al tema.

Finalmente, desde Puerto Coronel, uno de los últimos eslabones en territorio nacional de la madera robada que es exportada, se negaron a entregar la lista de empresas que exportan madera o sus derivados desde sus instalaciones.

“En relación a la consulta de Radio Bío Bío, Puerto Coronel informa que debido a condiciones contractuales no puede entregar información individualizada de sus clientes. De igual manera, considera oportuno precisar que es atribución de las autoridades verificar la licitud y otros requerimientos de las cargas que circulen por sus instalaciones”, dijeron.

Sin embargo, si todos hacen la pega, ¿por qué se sigue robando madera? La pregunta necesita una respuesta urgente.