La Clínica Las Condes, controlada hoy por Cecilia Karlezi, interpuso una querella por el delito de “administración desleal” en contra del exgerente general, Jaime Hagel y solicitó a la Fiscalía Oriente que interrogue al tenor de la acción legal al empresario Andrés Navarro, quien hasta fines de 2019 fungió como presidente del directorio.
El libelo, ingresado en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, acusa que, mediante el ejercicio abusivo de sus facultades de administración, Hagel permitió que la CLC sufriera un deterioro patrimonial de $2.800 millones. Sin decirlo directamente, se colige que, sin la acción de Navarro, la operación no hubiera sido posible.
Esta nueva disputa legal se instala en medio de las pérdidas del recinto asistencial privado cercanas a los $10.000 millones y el duro litigio que enfrenta en la Corte de Santiago con los médicos del recinto, por el alza del arriendo en las consultas del edificio ubicado en Estoril.
La presentación, revela una pugna soterrada con el directorio anterior a Karlezi, por un crédito de 4.000 millones que realizó la CLC al Centro de la Visión (CEV) una sociedad relacionada que solo tuvo pérdidas y millonarios aumentos de capital desde que se creó en 2016.
Lea la querella completa
Básicamente, los nuevos controladores de la clínica, imputan que existió un abuso en la administración, que adoptó decisiones “dolosas” destinadas a que los nuevos dueños se quedaran con una deuda que no les corresponde.
En la querella, patrocinada por el abogado Marcelo Sanfeliú y que será tramitada por la Fiscalía Oriente, se solicita que declare no solo Hagel y Navarro, sino también Herman Chadwick, primo del Presidente Sebastián Piñera.
Una danza de millones y recovecos empresariales; créditos entre compañías relacionadas, reuniones de directorio ad portas de que la CLC cambiara de propiedad en noviembre de 2019, se mezclan en una historia financiera hasta ahora desconocida.
Un negocio ocular
La historia detrás del presunto delito de administración desleal, comenzó a mediados de 2016 cuando un grupo de oftalmólogos le propuso a la CLC crear un centro del rubro, pero fuera de las dependencias donde opera la clínica.
El negocio sonaba por entonces suculento, porque obtendrían ingresos anuales por $9.235 millones y una rentabilidad del orden de $3.675 millones.
Fue así como el 21 de diciembre de 2016 CLC constituyó la Sociedad Anónima Cerrada Centro de La Visión (CEV) en conjunto con la Inmobiliaria e Inversiones Pro Visión. Las platas estaban ordenadas: Clínica Las Condes sería la controladora con el 50,1 de participación y el restante (49,9) lo aportaría la Sociedad Médica de Oftalmólogos (SMO).
El capital societario alcanzó a $2.633 millones en 2016, pero a poco andar las cifras se elevaron exponencialmente. Y esto porque entre enero de 2017 y junio de 2018 hubo tres aumentos de capital por más de $7.719 millones.
Junto a lo anterior, la sociedad CEV abrió una línea de crédito por $2.691 millones con el BCI en julio de 2017 para solventar gastos y capital de trabajo.
La línea de crédito sería renegociada en octubre de 2018 a un plazo de cinco años y al mismo tiempo, la aumentó en otros $1.368 millones. En otras palabras, CEV tenía como deuda a pagar $4.000 millones de acuerdo a la querella de la CLC.
Follow the money
Un año después, Cecilia Karlezi lanzó una agresiva Oferta Pública de Acciones, por lo que Andrés Navarro debió informar a la Comisión para el Mercado Financiero que la noticia la había expuesto la Bolsa de Santiago.
Por entonces para nadie era un secreto las diferencia entre Karlezi y Navarro respecto del destino de la CLC.
Este último hizo pública su crítica en La Tercera, cuestionando que la OPA no internalizaba “los cambios implementados en la (…) operación del negocio”.
Aún cuando la OPA vencía el 4 de noviembre de 2019, -señala la querella-, el directorio de CLC se reunió el 24 de octubre para adoptar “decisiones estratégicas y relevantes”. Y así fue, porque se revisó la aprobación de un crédito entre partes relacionadas: Clínica Las Condes le prestaría plata al CEV para amortizar la deuda (o leverage financiero) de 4.000 millones que mantenía con el BCI. En la decisión estuvo de acuerdo también Andrés Navarro, según la acción legal.
“Es decir (…), mientras transcurría un proceso de OPA – es más, pronto a finalizar – con una alta probabilidad de éxito, lo que implicaba un cambio de controlador en la sociedad anónima, se dispone y ejecuta un acto que tiene efectos relevantes, materiales, sobre el patrimonio social”, se lee en el documento.
Básicamente, los querellantes indican que, en vez de un crédito entre partes relacionadas, habría sido mejor vender un terreno ubicado en Avenida Las Condes con Lo Fontecilla, pero no se consideró viable en esa oportunidad.
Golpe a la cátedra
El 5 de noviembre de 2019, la empresaria Karlezi de seguro estaba contenta, porque logró el control de la Clínica Las Condes, a través de su sociedad Lucec Tres, adquiriendo el 50,5% de las acciones. Pues bien, ocurrió que ese mismo día se aprobó de forma definitiva el préstamo de 4.000 millones antes mencionado. La sesión fue presidida también por Andrés Navarro e implicó el pago anticipado de la deuda que mantenía con el BCI.
Previendo que el entonces directorio de la CLC pudiera adoptar decisiones en contra del capital social -señala la querella- los nuevos controladores enviaron sendas cartas para llamar a una junta extraordinaria y ejecutar los cambios pertinentes en la administración. Por esta razón, Andrés Navarro presentó -el 11 de noviembre- su renuncia al cargo junto al director Alejandro Quintana.
La junta de accionistas quedó convocada para el 5 de diciembre y así se informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), pero de todas formas el crédito de 4.000 millones que mantenía el CEV con el BCI fue pagado 5 días más tarde.
Ni un solo peso
A principios de 2020, la nueva administración de la CLC encabezada por Karlezi, comenzó a tener serias diferencias con Pro Visión, la sociedad con la que habían creado el CEV. El crédito de $4.000 millones se sumaba al “complejo escenario económico” dejado por el estallido social y los primeros indicios de la pandemia, derivó en que el 9 de junio del mismo año separaran aguas.
En todo caso, pese a la disolución CLC asegura que perdió 2.800 millones.
“Las conductas denunciadas se refieren claramente a una actuación dolosa, por cuanto, (…) existieron actuaciones que demuestran que el objetivo de esta operación fue perjudicar no sólo el patrimonio de CLC, sino que dejar a la nueva administración con un déficit financiero de $4.000 millones de pesos (…) que, en definitiva, ha provocado un perjuicio económico al patrimonio social de CLC ascendente a la suma de $2.800 millones de pesos”, se lee en el libelo.
Según los querellantes la empresa sufrió un “ataque desde adentro”, apuntando a Hagel como el único responsable, quien “aprovechándose” de su cargo, la dañó financieramente.
La querella también está dirigida en contra de quienes resulten responsables. Y si bien no menciona directamente a Navarro como un partícipe necesario para ejecutar la supuesta operación dolosa, es el primero en la lista de personas a interrogar en la Fiscalía Oriente.
En otras palabras, si Hagel era el gerente general y Navarro el director, se produce una relación directa para la supuesta comisión del delito, de acuerdo a la querella.
Otro de los citados es Hernan Chadwick Piñera, que también formó parte del directorio antes de que se iniciara la etapa Karlezi.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío requirió la opinión de Marcelo San Feliú, el abogado patrocinante de la CLC, pero indicó que no haría comentarios, ya que el libelo se tramita en sede penal y por tanto es secreto.