Raúl Mera: la carta a la suprema de Piñera se defiende de los cuestionamientos en materia de DDHH

La plaza que dejó Hugo Dolmestch en la Corte Suprema ha sido, probablemente, un dolor de cabeza para el Gobierno. Esto, luego que el candidato del Presidente Sebastián Piñera para ocupar el puesto, el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Raúl Mera Muñoz, generó reacciones adversas en parlamentarios de oposición, quienes no quedaron conformes con el nombre e hicieron público su rechazo. Un nombramiento que demoró 90 días y que ha generado duras tensiones.

El motivo de los cuestionamientos apuntan a antiguos fallos del juez Mera en torno a causas de Derechos Humanos (DD.HH.) y medioambientales en los cuales se les ha criticado su forma de resolver. Ante esto, y en pro de poder hacer frente a las críticas, se elaboró un escrito, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, titulado “Cinco actuaciones y sentencias suyas procesos en causas de Derechos Humanos”, en los que se da cuenta de fallos en los que explican que Mera resolvió impartir justicia a favor de denunciantes de violaciones a los DD.HH. y en contra de uniformados.

El primer hecho al que se alude en el documento ocurrió el 26 de febrero de 1984, en plena dictadura. Ese día el general Augusto Pinochet Ugarte viajó a la ciudad de Punta Arenas para participar de un acto conmemorativo en su honor en la Plaza Muñoz Gamero. Lo que sería una jornada de festejo para el régimen, se transformó en la primera manifestación contra Pinochet fuera de la Región Metropolitana. “¡Asesino, asesino!”, le gritaba la multitud agolpada en las cuadras aledañas a la plaza a un atónito general que miraba la escena incrédulo.

El “Puntarenazo”, como se le denominó al hecho, terminó en una disputa entre manifestantes y Carabineros. Los primeros, ante la represión policial, se refugiaron en la Catedral de Punta Arenas, para no ser detenidos. No obstante, la situación terminó con 16 personas privadas de libertad. Con el paso de los días “la autoridad política de la época interpuso un requerimiento invocando al efecto la Ley de Seguridad del Estado, designándose como ministro en visita a don Jaime Rodríguez Espoz. Éste sometió a proceso a varios detenidos”, señala el escrito.

Al cerrar el sumario, Rodríguez Espoz confirió el “traslado al Ministerio Público judicial” de la causa y esta llegó a las manos de Raúl Mera Muñoz, quien desempeñaba funciones en ausencia del fiscal titular, Juan Escobar Zepeda. En un informe elaborado el 21 de agosto de 1985, “Mera estuvo por rechazar el requerimiento (…). Todos los manifestantes fueron favorecidos con un sobreseimiento definitivo”, situación que aseguran cercanos a Mera era complejo en tiempos de dictadura.

Pero en el escrito en que se busca hacer frente a las críticas de la oposición, se explican otras decisiones del candidato a la Suprema. En diciembre de 1990, Raúl Mera Muñoz se desempeñaba como juez del Primer Juzgado de Letras de Iquique. Habían pasado nueves meses, aproximadamente, desde el término de la dictadura y el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso “dictó un auto de procesamiento” en contra de Mario Acuña Riquelme, “quien fuera magistrado en Iquique y miembro de la justicia militar en 1973”.

A Acuña se le vincula al caso de Isaías Higuera Zúñiga, quien fue tomado detenido por un grupo de personas “sin orden ni autorización de ninguna autoridad” y fue trasladado al campo de prisioneros políticos de Pisagua, lugar en el que, según la presentación, “le proporcionaron golpes que le ocasionaron un infarto cardíaco y posteriormente uno de los hechores le negó la atención médica sugerida por el facultativo a cargo de la enfermería del campo, todo cual ocasionó la muerte del ofendido”.

Este hecho abrió una investigación por “secuestro con resultado de homicidio” por el cual Mera llevó a la justicia a Acuña. “Acuña Riquelme años después fue sometido a proceso por el ministro Juan Guzmán Tapia, y falleció en 2000 a consecuencia de una insuficiencia renal. Con posterioridad, en esa causa, derivada a la Corte de Iquique, la Corte Suprema mantuvo la sentencia que condenó a penas de 10 años y un día de presidio que los tribunales del fondo impusieron a los miembros del Ejército en retiro Miguel Aguirre Álvarez y Blas Barraza Quintero, por su responsabilidad en el delito de homicidio del funcionario de Gendarmería Isaías Higuera Zúñiga, ilícito perpetrado el 17 de enero de 1974”.

En la crónica de vivencias del juez Mera, y que sería la base de presentación que expondrá frente a los senadores, se da cuenta de cómo su carrera profesional fue en ascenso. Mientras se desempeñaba como ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, el documento consigna “dos sentencias que vale la pena mencionar”.

La primera de ellas es un sumario que instruyó como ministro en visita para investigar la muerte de Cecilia Magni Camino y Raúl Pellegrin Friedmann, ambos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ocurrida en octubre de 1988.

Luego de 12 años del hecho, y en un fallo de primera instancia, Raúl Mera absolvió a los Carabineros (r) “Julio Verne Acosta, Mauricio Bezmalinovic, Juan Ernesto Rivera y Walter Soto Medina (imputados como coautores de homicidio calificado) por no existir elementos de convicción, más allá de toda duda razonable, que permitan determinar que estos últimos tuvieron participación en los fallecimientos mencionados”, señaló el documento por aquel entonces. Punto que por estos días es duramente cuestionado por senadores de la otrora Nueva Mayoría.

La segunda sentencia que según el documento “vale la pena recordar”, tiene relación al cumplimiento “efectivo de lo resuelto por la Corte Interamericana de Justicia” en materia de DDHH, mientras era ministro en la Corte de Apelaciones de Rancagua, en el caso “Almonacid Arellano y otros contra Chile”. En esta causa se demandó internacionalmente al Estado por el “incumplimiento de la obligación de investigar el asesinato por efectivos de Carabineros de Luis Alfredo Almonacid Arellano profesor y militante del Partido Comunista”, consigna en su sitio web el Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH).

En 1997 la justicia chilena ordenó el sobreseimiento de la causa por “encontrarse extinguida la responsabilidad penal”, por lo que Mario Márquez Maldonado y Elvira Gómez Olivares, esta última viuda de Alfredo Almonacid, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos por el asesinato del militante comunista.

En marzo de 2005, la comisión concluyó que el “Estado violó derechos consagrados en la Convención Americana, no sólo en perjuicio de Luis Almonacid sino también de sus familiares”. En julio del mismo año, la comisión presentó la demanda ante la Corte Internacional de Derecho Humanos.

En un fallo histórico para el periodo, la Corte dictó sentencia en contra del Estado por la aplicación de la Ley de Amnistía a favor de los uniformados. A Mera le correspondió aplicar el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el escrito.

Finalmente, el quinto hecho aconteció en la Corte de Apelaciones Valparaíso. A Mera le tocó dictar sentencia, según expone, “en otra causa de derechos humanos que vale la pena mencionar, en la cual la Corte de esa ciudad impuso una pena de diez años y un día a Aníbal Ramón Luis Raúl Schaffhauser Camposano, en calidad de autor del delito de homicidio calificado en la persona de Jean Eduardo Rojas Arce, perpetrado el 10 de octubre de 1973 en la comuna de La Calera”.

Cuestionamientos

Los cuestionamientos al ministro Raúl Mera Guzmán no se hicieron esperar. Desde la bancada del PPD fue el senador Guido Girardi quien consideró como un “error” la nominación. “Es un error del Gobierno proponer a Raúl Mera para integrar la Corte Suprema, pues tiene severos cuestionamientos por sus fallos en casos de DDHH y medioambientales. Rechazaré su nominación, pensando en dos decisiones de Mera que ponen en duda su idoneidad para el cargo”, escribió en su cuenta de Twitter el parlamentario.

El médico hizo mención al caso “Los Queñes”, uno de los fallos más cuestionados por por la oposición. “Absolvió a cuatro carabineros acusados de violar, torturar y asesinar a Cecilia Magni y Raúl Pellegrin. Ambos fueron lanzados moribundos al río Tinguiririca”, escribió Girardi.

Respecto a este mismo caso, según consignó un reportaje publicado por BíoBioChile: “En esa oportunidad, al momento de dictar sentencia de primera instancia, en octubre de 2010, el ministro Mera pasó por alto los Informes del Servicio Médico Legal, el Informe pericial de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, los dichos de testigos y demás que daban cuenta del crimen”.

En ese mismo artículo, la hermana de Raúl Pellegrin Friedmann, Carla, cuestión que dentro de la quina propuesta por la Corte Suprema se haya incluido el nombre Mera, lo que calificó como “una burla” y un “insulto” para las familias de las víctimas de la dictadura.