A fines de 2015 un grupo de funcionarios profesionales del Servicio Médico Legal (SML) anunciaron una paralización de funciones, si es que no se mejoraban sus remuneraciones.
Desde el Ministerio de Justicia, apoyados en ese entonces por la subsecretaría del Interior bajo el gobierno de Michelle Bachelet, se iniciaron acercamientos para evitar el problema y se armó una mesa de negociación, donde se acordó pagar un suple al sueldo que fue conocido como “el gesto”. Los dineros alcanzaron a empleados de todo el país y para ello se debía emitir una boleta de honorarios, previa firma de un contrato. El hecho, sin embargo, revestiría un delito que podría involucrar a una serie empleados del servicio y eventualmente a las autoridades de época.
La información aparece en una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de fraude al Fisco, ante el Séptimo Juzgado de Garantía en contra de quienes resulten responsables, a la que accedió la Unidad de Investigación de radio Bío Bío.
“(…) los contratos de trabajo (…) y la emisión de las boletas de honorarios, solo son una forma de aparentar la licitud de la conducta defraudatoria” (…) estamos en presencia de un grupo de funcionarios que acuerdan e implementan una maquinaria defraudatoria en perjuicio fiscal”, se lee en el libelo del CDE.
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El ilícito, de acuerdo al CDE, se produce de dos maneras: una parte ejecutada por funcionarios que usan su cargo para ello, mientras que un segundo grupo “directamente defraudan al Fisco”.
Testimonios
En la investigación que sustancia la Fiscalía Centro Norte, declaró el doctor Claudio Roberto Lobos Gálvez, funcionario del SML desde hace 25 años. Este último reconoció que “el gesto” nació “para resarcir peticiones gremiales desatendidas por años y evitar un paro de funciones”. Detrás de la iniciativa, señala el profesional, el entonces titular del organismo Patricio Bustos, hoy fallecido, fue quien negoció con la cartera de Justicia esa salida.
“Estimé que era irregular la manera en que fue propuesto (…) no es posible tener que generar una boleta de honorarios para recibir un bono, pues (…) todas las prestaciones asociadas al trabajo público, deben ser imputadas a un presupuesto (…) en el fondo nos estaban pidiendo que entregáramos boletas por un trabajo que realizamos dentro de nuestras labores”, aseguró el Lobos ante la fiscalía.
Su colega Gladys Brunetto coincidió: “a mí me parecieron que eran boletas ideológicamente falsas, porque se trataba de boletas por servicios que eran los mismos por los cuales estaban trabajando contratados y debidamente remunerados”.
El presidente de los funcionarios del SML, José Morales, añadió que la figura operaba como una mejora en el ingreso para lo cual se entregaban “boletas falsas, porque (…) no hacen nada más adicional”.
“No tengo certeza que esos fondos provengan del presupuesto del Servicio, o bien vengan directamente del Ministerio de Justicia”, añadió el dirigente.
Autoridades al ruedo
En su oportunidad la Contraloría estimó que aún cuando muchos de los funcionarios favorecidos con “el gesto” aseguraron haber realizado labores adicionales a sus trabajos, estos no fueron suficientemente acreditados.
El CDE solicitó al Ministerio Público que se acredite si 17 profesionales del SML efectivamente ejecutaron labores anexas a sus funciones, que implicó un monto superior a los $272 millones de gasto para el Fisco chileno.
En la misma línea pidió que el abogado Ignacio Suárez Eytel, entonces subsecretario de Justicia de la administración Bachelet, explique cuál fue su rol en la entrega de “el gesto”, para que individualice “a los otros partícipes en estas reuniones”. Y también si fue mandatado por alguna autoridad superior, es decir la entonces ministra de la época, Javiera Blanco.
Respecto de esta última, recordemos que el CDE se querelló, pero en otra investigación, en que se le imputa del uso de gastos reservados entregados de Carabineros como un “suple” a su sueldo. Todo esto después que Javiera Blanco dejó el cargo en el Consejo.
El organismo, entre otros, también pidió que la fiscalía interrogue a Eduardo Paredes, quien al momento de los hechos fungía como jefe de los asesores en el Ministerio de Justicia.
Paredes deberá explicar qué trámites presupuestarios se realizaron dentro del Estado para obtener las platas de “el gesto”.
Por último, se le encargó a la PDI un informe pericial para determinar en cuánto se afectó las arcas fiscales.