Los permisos de circulación ilegales que municipio dio a esposa del alcalde, concejal y funcionaria

Al Ministerio Público fueron derivados los antecedentes obtenidos por la Contraloría en una extensa investigación que destapó una serie de irregularidades en la Municipalidad de Calera de Tango. Las anomalías terminaron beneficiando a un concejal, a la entonces directora (s) de Administración y Finanzas y a una persona que el alcalde conocía de cerca: su esposa.

Las pesquisas apuntaron a los permisos de circulación otorgados por la casa edilicia y se descubrió que de los casi 52 mil documentos que extendió entre 2016 y 2018, unos 4 mil fueron a parar a manos de automovilistas que registraban infracciones. Dos de los favorecidos, incluso, registran más de mil multas, por un total que supera los 100 millones de pesos.

Todo ello, pese a que la ley señala expresamente lo contrario.

En efecto, la legislación vigente contempla que los municipios no podrán renovar los permisos de circulación de aquellos vehículos que mantengan anotaciones vigentes en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas. Pero en este caso eso no se respetó.

A simple vista varios de los permisos irregulares no revestían gravedad, pero el uso de herramientas por parte de Contraloría -a través de inteligencia de datos- fue clave para revelar la irregularidades.

En buenas cuentas, el ente de control analizó y cruzó variables descubriendo que algunos de los documentos se extendieron a funcionarios de la Municipalidad y a la actual cónyuge de Erasmo Valenzuela (DC), el alcalde de la comuna.

Así, en el informe aparece mencionado el concejal Marco Jofré (PS), quien registra multas impagas por más de $5 millones y la entonces directora (s) de Administración y Finanzas (actualmente fuera de la administración local), Francisca Castro, con anotaciones que superan los $2 millones.

Más atrás aparece Marianela Rocuant, esposa del jefe comunal ($102 mil); Gloria García, secretaria abogada del Juzgado de Policía Local ($75 mil); y Tatiana Bustos, jefa de Recursos Humanos ($51 mil).

El usuario fantasma, la querella

En medio del entuerto, la Contraloría descubrió un perfil fantasma en el sistema digital para otorgar los permisos que podía levantar, girar y reasignar las multas.

Puesto en simple, el usuario -identificado como “Permisos”- estaba facultado para eliminar temporalmente una anotación del sistema, generar el documento para proceder al supuesto pago de ésta y reactivar o volver a ingresar la multa antes levantada. Todo ello, desde luego, sin que se pudiera individualizar quién operaba el software.

Ante las irregularidades, el alcalde se adelantó y estampó una querella en contra de Ricardo Acuña, exfuncionario municipal, que -según se señala en la acción legal- emitió un permiso de circulación sin exigir el cobro de
conformidad a la ley ni registrar en el expediente la acreditación del pago de las multas impagas.

“El querellado abusando del sistema y en uso fraudulento respecto del sistema (…) saneaba transitoriamente las
multas impagas y emitía permiso 2019 y pagado el permiso, poblaba nuevamente el sistema con las multas impagas, defraudando así las arcas fiscales”, se lee en el documento ingresado ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Pese a ello, en ninguna parte se explicaba qué ocurrió con los permisos entregados de manera ilegal a la esposa del propio querellante, esto es el alcalde, ni al concejal, los otros funcionarios beneficiados o del resto de los casi 4 mil permisos otorgados irregularmente.

La acción legal fue acogida a trámite hace más de un año y aun sigue en tramitación sin conocerse resultados.

¿Y los $260 millones?

Pero eso no es todo. La Contraloría también se encontró con anomalías por casi $260 millones en el Fondo de Terceros para Fines Habitacionales.

Los dineros ahí contenidos corresponden a ahorros de vecinos, que serían unidos a subsidios estatales y otros aportes adicionales. Todo debía redundar en beneficios en programas de viviendas sociales.

Sin embargo, se descubrió que no existía normativa alguna en el municipio que regulara el ingreso de los aportes particulares y se desconoce bajo qué procedimiento legal se recaudó la plata.

Por ello, la Contraloría ofició a comienzos de 2019 a la casa edilicia, alertando que no existían los convenios que la facultaran para resguardar los fondos de vecinos en una cuenta municipal. En respuesta, la autoridad comunal instruyó a la Unidad de Vivienda congelar la recaudación de los recursos y se dedicó a suscribir los acuerdos para poder volver a cautelar el dinero.

No obstante, hasta el cierre de la fiscalización, el municipio no entregó los convenios firmados, pese a que existen fondos en su cuenta y a que hay proyectos habitaciones comprometidos.

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el informe, se identificaron registros que dan cuenta de depósitos de vecinos desde 2004, lo que deja en evidencia que la administración local ha gestionado informalmente los fondos por al menos 16 años.

Lejos de terminar con las irregularidades, el organismo de control se encontró con otra incongruencia: la base de datos interna de la casa edilicia señalaba que el fondo de los aportes ascendería a poco más de $504 millones, sin embargo, la cuenta corriente donde supuestamente eran depositados esos dineros sólo tenía unos $246 millones. Una diferencia que bordea los $260 millones, de los cuales poco o nada se sabe.

Lo que sí se conoce es que hubo 449 retiros de dineros de la cuenta -no asociados a vivienda- denominados “egreso por programa”, lo cual no permite determinar el destino de esos recursos. El municipio no cuenta con el análisis en detalle de los fondos entregados por la comunidad, con sus correspondientes aportes y retiros.

Consultada por Contraloría durante la fiscalización, desde la municipalidad no aclararon la diferencia advertida y tampoco acreditaron si posee o no los fondos suficientes en caso de que se solicite devolverlos.

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Las anomalías detectadas, tanto en los ahorros de los vecinos como en los permisos de circulación, llevaron al ente fiscalizador a poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público.

Consultado este último organismo, indicaron que aún no se inician pesquisas respecto de lo detectado por Contraloría, sin embargo, fuentes de BioBioChile confirmaron que existe otra investigación vigente. Se trataría de la entrega de honorarios y horas extras irregulares en el municipio, en una causa que está en desarrollo, a cargo de la Fiscalía de San Bernardo.

En tanto, el alcalde Erasmo Valenzuela sostuvo que “el número de permisos de circulación objetados por la Contraloría no superan el 8 por ciento del total de los tres años auditados”.

“La situación, absolutamente reprochable e irregular, está circunscrita a una investigación penal en la que hay imputado un exfuncionario del municipio”, agregó.

En cuanto a la situación de su esposa, aseveró que “es necesario aclarar que llevo casi 10 años de cese de convivencia con ella y que la situación la desconocía, de la misma manera que lo ocurrido con el concejal Marco Jofré Muñoz y la ex Directora de Finanzas (S)”.

“Respecto a los reparos a la plataforma informática y la vulnerabilidad de su manejo, agradecemos la gestión de la Contraloría, nos hicimos cargo de la falencia y ya es un tema que está zanjado a nivel de operaciones”, añadió.

En cuanto a los fondos de terceros para fines habitacionales, sostuvo que “la Contraloría sólo objeta y hace mención al ‘riesgo de perder el control’ respecto de los dineros puestos en custodia por los vecinos que participaron de los cuatro proyectos habitacionales que lideró con éxito el municipio”.