Cuando en 2017 el concejal Gabriel Mendoza, fue consultado por Contraloría porqué no existían respaldos de los servicios que supuestamente prestó en las escuelas de fútbol de la Municipalidad de Viña del Mar, a cambio de 26 millones de pesos, su respuesta fue simple: dijo que cumplió con todo lo que se le pedía en su contrato -a pesar de las dificultades que puedan existir para acreditarlo-; que entregó a la casa edilicia administrada por Virginia Reginato y al organismo de control todos los antecedentes que darían cuenta de las actividades que llevó a cabo; y que todo eso, sumado a su buena fe, le parecía suficiente para zanjar el entuerto.
Pero el campeón de la Libertadores con Colo Colo 91, quien entonces iniciaba su incipiente carrera política, estaba equivocado. ¿La razón? El organismo de control había descubierto que gran parte de las pruebas presentadas por el Coca para zafar de la devolución de los dineros -percibidos entre 2014 y 2016, a cambio de descubrir talentos y enseñar en los centros de formación- eran irregulares.
En efecto, el exlateral derecho presentó 82 declaraciones juradas de padres y apoderados de sus alumnos en las escuelas repartidas por toda la ciudad. Pero poco a poco comenzaron a desmoronarse. Varias de ellas estaban a nombre de personas que resultaron no tener vínculo con los menores y otras 30 eran de jóvenes que jamás aparecieron en los registros que mantenía el municipio.
La Contraloría siguió buscando, se entrevistó con apoderados y terminó encontrando que el único testimonio que afirmaba que el Coca cumplió con el 100% de los servicios pactados era de una persona que él conocía muy de cerca: la madre de su hijo, quien declaró a nombre del menor.
A ello, se suman declaraciones de vecinos que jamás lo vieron en la cancha y fotos en ceremonias que nada comprobaban, lo que terminó abriendo no sólo las interrogantes, sino también un proceso judicial que se mantiene hasta la actualidad, luego de que la Contraloría derivara entonces los antecedentes al Ministerio Público.
La denuncia fue seguida rápidamente por una querella por fraude al Fisco, y pese a que recientemente fue rechazada la solicitud de formalización del concejal, esta semana se presentó una ampliación de la acción legal, en la que se pide investigar a la alcaldesa Reginato, a Mendoza y a quienes resulten responsables por los delitos de perjurio, falsificación de documentos públicos y contrato simulado en perjuicio de terceros.
Se pide aclarar si los dineros fueron a parar o no a su campaña política.
El inicio de todo
El 5 de abril de 2017, la Contraloría entregó su informe final de la investigación especial que llevó a cabo en la Municipalidad de Viña del Mar. La conclusiones eran claras: Gabriel Mendoza debía devolver íntegramente los $26.090.477 percibidos los años 2014, 2015 Y 2016, por el desarrollo del programa Escuelas de Fútbol Gratuitas.
A lo largo de las pesquisas, el organismo de control determinó que no habían pruebas claras de que había cumplido sus obligaciones. Y no sólo eso, sino que el municipio tampoco detalló en forma precisa las labores que éste debía ejecutar, dejando a las escuelas en una nebulosa y contraviniendo la ley.
Para llegar a esa conclusión, la Contraloría empleó un método simple, aunque efectivo: llegó a los sectores de Reñaca Alto, Glorias Navales, Achupallas y Gómez Carreño, donde estaban emplazadas las escuelas y comenzó a entrevistar a los vecinos. 18 en total.
El desglose de las respuestas no favoreció al ahora concejal, pues ninguno de ellos dijo haberlo visto que se quedara durante toda la actividad; cinco aseguraron haberlo visto en todos los entrenamientos, pero que sólo pasó a saludar; otros dos sostienen que visitó la escuela una vez al mes, seis ocasionalmente y tres que sólo participó en eventos o campeonatos (ver imagen para el detalle completo).
Consultada al respecto, la municipalidad se defendió en esa oportunidad y aseguraron que Mendoza Ibarra sí prestó efectivamente sus servicios y cumplió con las labores que le fueron encomendadas. Sus argumentos se basaron en notas de prensa y un cuaderno en el que el acusado llevaba un registro de sus actividades realizadas “en terreno” y una breve descripción de éstas.
Sin embargo, cuando la Contraloría lo hojeó se percató que no estaba firmado y que se desconocía el autor de las anotaciones, en las que solamente se identificaron visitas a diversos encuentros deportivos, en los que se habrían observado jugadores, sin que se consignaran mayores detalles.
Esto cobra relevancia, puesto que parte de las funciones de Mendoza era precisamente “cazar” talentos, para luego enviarlos a un entrenamiento especial que debía ser planificado por él mismo. Pese a ello, jamás se conocieron los nombres que permitieran identificar a dichos jugadores ni tampoco los avances de éstos. A su vez, la información antes referida debía ser dada a conocer mediante un formulario que contemplaba una casilla especialmente para aquellos datos. Pero no hubo nada de eso.
En ese contexto, la Contraloría ordenó a la municipalidad exigir la devolución total de los dineros, sin embargo, la determinación del organismo de control no fue acatada por el Coca.
Las declaraciones, el Registro Civil, el hijo
En lugar de eso, el exlateral derecho contraatacó al presentar una reconsideración de su caso. En la petición, solicitaba que se dejara sin efecto el retorno de los 26 millones de pesos a las arcas municipales.
En su argumentación expuso -en síntesis- que ejecutó todos los servicios para los que fue contratado, a pesar de las dificultades que puedan existir para acreditarlo. Agregó que en su oportunidad entregó al municipio los antecedentes que darían cuenta de las actividades por él llevadas a cabo, los que fueron recibidos sin observaciones, cuestión que, sumada a su buena fe, configurarían a su respecto la legítima confianza de haber dado cumplimiento a su contrato.
Pero, por si las dudas persistían, adjuntó una serie de antecedentes que a su juicio demostraban la efectiva ejecución de las actividades contratadas, consistentes en planillas con el programa de actividades de fútbol para los años 2014, 2015 y 2016 y sets de fotografías.
También presentó 82 declaraciones escritas de apoderados de algunos de los menores que habrían participado de los cursos, de alumnos y exalumnos. Justamente esos testimonios más tarde se convertirían en pieza clave de la querella en contra de Mendoza, pues cuando la Contraloría comenzó a hojear nuevamente las pruebas presentadas por él se encontró con más irregularidades.
Lo primero que hizo el organismo fiscalizador fue solicitar a la municipalidad los listados de alumnos matriculados en las escuelas y la fichas respectivas, para contrastarlos con los antecedentes que hizo llegar Mendoza.
De los 82 testimonios, 30 fueron inmediatamente desechados, pues los supuestos alumnos allí mencionados no figuran en ninguna lista de las escuelas.
De los 52 restantes, sólo dos estaban incluidos en las nóminas de participantes, pese a no contar con matrícula para esos periodos; 15 fueron alumnos durante dos años, pero no cuentan con el documento de inscripción; 28 asistieron por un año, de los cuales sólo seis sí tenían matrícula; otros seis estaban matriculados, pero no aparecían en los listados; y uno no pudo ser validado por contar con sólo un apellido.
En buenas cuentas, un desorden administrativo que ya le jugaba al Coca una mala pasada. Sin embargo, la Contraloría continuó con su trabajo y comparó las declaraciones presentadas por el acusado en las bases de datos del Registro Civil. ¿El resultado? 10 de ellas fueron suscritas por personas que no tenían vínculo con los supuestos alumnos, pese a que -recordemos- habían sido firmadas en calidad de padres de ellos.
La misma pesquisa permitió descubrir que uno de los testimonios aparece firmado por Alejandra Pérez Lizarde, quien alude en su declaración a su hijo menor de edad, de iniciales V.E.M.P., el que tiene el carácter de hijo en común con el propio Mendoza.
Reconsideración: rechazada
Las diligencias, una vez más, no terminaron ahí. Personal del organismo llegó a los domicilios de parte de los declarantes, encontrándose y entrevistándose con ocho de ellos.
Los resultados, otra vez, pusieron en jaque a Mendoza, ya que seis de los consultados aseguraron que él no efectuó clases en ninguno de los periodos y que sólo se desempeñó como supervisor; otro de los entrevistados dijo que Mendoza hizo clases sólo en 2014; mientras que la única persona que aseveró que Mendoza hizo clases todos los años para los que fue contratado fue… la misma Alejandra Pérez Lizarde, quien -tal como se señaló- tiene un hijo en común con el Coca.
Y para terminar, se descubrió que cuatro de los ochos entrevistados negaron haber asistido a la notaría de Francisco Fuenzalida Rodríguez, donde se suscribieron las declaraciones juradas que entregó Mendoza.
Caso aparte son las fotografías adjuntas entre las pruebas. Ellas también levantaron dudas, porque efectivamente muestran a Mendoza, pero no acreditan que haya prestado funciones de profesor en las escuelas.
En efecto, en las mismas imágenes donde aparece el Coca figuran otras personas que sí habrían desempeñado ese rol, quienes vestían tenidas deportivas, con el logo del municipio, en circunstancias que el exfutbolista aparece con vestimentas diferentes, sin identificación institucional, y que no tienen el carácter de deportivas.
Llama la atención que varias de las escuelas donde Mendoza debía cumplir labores funcionaban de manera simultánea, en lugares completamente diferentes. Así ocurrió en 2016 en los casos del Complejo Municipal Botafogo, del Estadio Español, de la cancha del Club Deportivo Villa Dulce, del Estadio Miraflores, de la Cancha Isla Dawson, de la Cancha Villa Independencia de Achupallas, de la Cancha Atlético Agua Santa, de la Cancha Villa Dulce Crav y del Estadio Municipal Lomas de Chorrillos.
Todas ellas tenían clases durante los días miércoles entre las 15:30 y las 17:30 horas.
A raíz de estos hechos, la Contraloría no sólo rechazó la reconsideración, sino que también terminó remitiendo los antecedentes a la Fiscalía de Viña del Mar.
Vínculo con Reginato
A la información entregada por el organismo fiscalizador se sumó una querella presentada por el abogado Javier Gómez, de la fundación Viña Transparente. En la acción judicial -de la que se restó el Consejo de Defensa del Estado, a través de un escueto oficio donde no aclara sus razones- se le acusa a Mendoza por fraude al Fisco.
Y esta semana fue ingresada una ampliación en la que se agregan otros delitos, entre ellos la falsificación de documentos públicos, perjurio (dar falsos testimonios) y emisión de boletas ideológicamente falsas, la que también golpea a la alcaldesa Virginia Reginato, a quien se le imputa haber firmado “un contrato simulado en perjuicio de terceros es decir, de la Municipalidad de Viña del Mar, afectando su patrimonio”.
Según consta en el documento ingresado ante el Segundo Juzgado de Garantía de la ciudad jardín, “es de suma gravedad que este contrato no sólo se haya firmado, sino que mantenido su vigencia durante dos años, hasta el mes previo de las inscripciones de candidaturas a concejales en que participó en concejal Mendoza”.
“La máxima autoridad (Reginato) no puede excusarse una vez más en no tener conocimiento de hechos que la Ley Orgánica de Municipalidades, entrega a su competencia y tutela, siendo la responsable de dichos actos, en este caso administrar y cautelar el patrimonio Municipal, siendo garante por la adecuada tutela y uso de los fondos públicos”, expresa el querellante en la acción judicial.
Recientemente desde el Ministerio Público denegaron la formalización de Mendoza al aún existir diligencias pendientes, pero sí se accedió a la petición de citar a declarar a funcionarios claves de la municipalidad.
Entre ellos aparece Paulina Vidal, directora de la Dideco y superior responsable de Mendoza en las escuelas de fútbol, a quien la parte querellante le pide aclarar si los contratos fueron para financiar la campaña electoral del Coca y si realizó alguna acción para recuperar los dineros.
También deberá comparecer Javier Aravena, director de la Casa del Deporte de Viña del Mar (y cónyuge de la jefa de gabinete de Reginato, María Angélica Maldonado) para explicar si recomendó o propuso firmar contratos con Mendoza y si los dineros percibidos por éste salieron de la repartición que él encabeza.
Asimismo, para aclarar el entuerto, se citó a declarar a las 82 personas que firmaron las declaraciones juradas que presentó el concejal a su favor, pero que tal como se señaló, varias de ellas levantaron sospechas.
La Fiscalía declinó referirse a la investigación, al ser un proceso en curso. Lo propio argumentó el concejal Mendoza.
También se preguntó a la Municipalidad de Viña del Mar si ejerció las acciones para recuperar la millonaria suma, pero rechazaron emitir una declaración.
Consultado el Consejo de Defensa del Estado porqué rehusó hacerse parte de la acción judicial, no entregó una respuesta.
Actualmente, Contraloría lleva un juicio de cuentas contra el concejal. Los dineros no han sido restituidos hasta la fecha.