Las millonarias boletas de garantía debían ser custodiadas por la Tesorería Municipal de Valparaíso, pero una orden llegó desde la Dirección de Obras: los documentos a nombre de Bancard y de Inversiones Santa Isabel se devuelven.
¿La razón? Un tecnicismo que más tarde obligaría a abrir un sumario en la casa edilicia porteña por irregularidades por más de 210 millones de pesos que nunca llegaron a tener castigo y que terminarían beneficiando a Participaciones Futuro S.A., empresa ligada al Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, aunque bajo la figura del fideicomiso ciego.
Los hechos se remontan a 2010 e implican un entramado que comenzó a ser desenredado en la investigación interna de la municipalidad -entonces liderada por Jorge Castro (UDI)-, cuya realización tuvo un problema no menor: las pesquisas concluyeron cinco años después, cuando la principal acusada de las anomalías, la directora de Obras, Adriana Germaín, estaba retirada.
BioBioChile tuvo acceso exclusivo al sumario, declaraciones, correos de los involucrados y pronunciamientos de Contraloría respecto a la devolución improcedente de las garantías, cuyos documentos -que ya no existen en las arcas municipales- serían utilizados para mejorar dos de las vías de mayor importancia de Curauma. Precisamente los caminos y la alta congestión vehicular son hoy el mayor problema que enfrentan los vecinos del sector.
La compra
Todo comenzó en 1998 con la compra del lote FC-13 de Curauma, un terreno de unas 135 hectáreas que fue adquirida en julio de ese año por Participaciones Futuro S.A., firma que -según consta en la declaración de patrimonio de 2010 de Sebastián Piñera publicada por Ciper– es controlada en un 50% por Bancard, holding que agrupa el grueso de las empresas de la familia del mandatario.
La sociedad había sido constituida un año antes por dos cercanos al Presidente: Juan Luis Rivera Palma, quien llegó a ser gerente de Bancard de acuerdo a El Mostrador y Gustavo Javier Valdés Valenzuela, esposo de Magdalena Piñera, hermana menor de Sebastián.
Por ley, Participaciones Futuro estaba obligada a la urbanización de una parte de Avenida Las Tablas y Cardenal Samoré, ambas consideradas como vías estructurantes pues cruzan Curauma y podrían convertirse en alternativas de acceso al lugar mediante la Ruta 68.
Así, la empresa tenía dos opciones: ejecutar las obras que le correspondían o garantizar dichos trabajos mediante la emisión de boletas. La firma se decantó por la segunda preferencia y entregó los documentos a nombre de Bancard y de Inversiones Santa Isabel.
La lógica era simple. Si la empresa no comenzaba los trabajos, la municipalidad tenía la facultad de continuar renovando la garantía o simplemente pasar por caja y cobrar las boletas (por 5.049 UF cada una, lo que en total equivale a unos $210 millones a 2010) para iniciar por cuenta propia las mejoras.
La orden
La directora de Obras Municipales de la época, Adriana Germaín, era finalmente quien tenía poder absoluto para decidir qué pasaba con los documentos. Así, durante su gestión renovó en varias oportunidades las boletas de Participaciones Futuro hasta que en 2010 recibió una carta de Augusto Vergara, gerente general de Inversiones Industriales Valparaíso S.A.
Esta última firma era controlada en un 33,3% por Inversiones Santa Cecilia S.A., otra de las principales sociedades manejadas por los Piñera-Morel, aunque por ese entonces el jefe de Estado no tenía participación directa en ella, al entregar en 2009 sus sociedades a un fideicomiso ciego, control que recuperó una vez terminado su primera administración.
En el escrito fechado el 22 de enero de ese año solicitaba la devolución de las garantías, argumentando que “el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso, recientemente aprobado, no contempla áreas de extensión urbanas en el sector” (ver archivo adjunto) .
La petición enfrentó a Miguel Dueñas, asesor urbano de la municipalidad, con la directora de Obras. El primero de ellos, al ser requerido en abril de 2010 respondió categórico: “No corresponde la devolución de garantía”.
La situación del terreno perteneciente a Participaciones Futuro “es similar a la de todos los demás lotes vendidos (…) ¿Solo a éste se le devuelve la garantía? Parece no atendible”, se lee en el documento.
Por contraparte, Adriana Germaín estimó que dicha garantía sí debía ser devuelta, al aceptar los argumentos de Augusto Vergara.
Quien inclinó la balanza finalmente a favor de la empresa fue Vladimir Mondaca Díaz, jefe de la Dirección de Asesoría Jurídica de la época, al considerar procedente acceder a la petición formulada, “basado en el informe técnico”, que -tal como se señala y según se desprende del sumario- sólo contó con las visiones opuestas de los dos funcionarios antes referidos.
Con el documento de la DAJ ya emitido, la directora de Obras da finalmente la orden a Tesorería: “Devuelva todas las boletas de garantía que se refieren a la vía VS-12 tanto las de Inversiones Santa Isabel Ltda como la de Bancard”.
Así las cosas, el 16 de junio de 2010, Augusto Vergara llegó a Tesorería, donde se le devolvieron las boletas, según quedó anotado en el libro de registros de Garantías.
Lo que hasta ahí no se sabía, era que los argumentos esgrimidos tanto por la Dirección de Asesoría Jurídica, como por el ejecutivo de Participaciones Futuro y la directora de Obras, Adriana Germaín, carecían de sustento legal y desligaron así de responsabilidades a la empresa con la comunidad.
Germaín cuenta con una larga trayectoria en el rubro. Es arquitecta, socia de la Cámara Chilena de la Construcción y a lo largo de su carrera ha estado en el ojo del huracán en al menos dos oportunidades.
En 1999, por ejemplo, debió pasearse por los tribunales de justicia, luego de que la noche de Año Nuevo se desplomara la Pasarela Portales de Valparaíso. La profesional dejó su cargo en la DOM pues se le “atribuyó el no haber fiscalizado la estructura”, según consigna un artículo del periódico local La Estrella.
Precisamente ese mismo hecho la hizo dudar cuando sus servicios fueron requeridos en 2008 para reemplazar al entonces jefe de la dirección, Luis Sbarbaro, quien fue alejado del cargo al ser detenido por manejar en estado de ebriedad.
Finalmente y pese a su indecisión, Germaín terminó aceptando el puesto en mayo de ese año, en los últimos meses de la administración de Aldo Cornejo. Más tarde, bajo la gestión de Jorge Castro (2008-2016) volvería al centro de la polémica al otorgar ilegalmente el permiso de edificación del Mall Plaza Barón en 2013.
El funcionario clave
La devolución de las boletas había pasado desapercibida al interior de la administración comunal. Pero en 2014, mientras realizaba un catastro de las garantías en poder de la municipalidad, Orlando Palma Feliú, quien entonces se desempeñaba como coordinador de Inspección Técnica de Obras de la DOM, descubrió que simplemente los documentos a nombre de Bancard y de Inversiones Santa Isabel no estaban.
Por ello, inició gestiones para conocer qué había pasado. En un oficio enviado el 24 de marzo de ese año a Tesorería, Palma escribió: “Se nos informa, de modo extraoficial, que las garantías singularizadas en el párrafo anterior (es decir, las vinculadas a Participaciones Futuro) no obrarían en su poder por instrucciones de la DOM”.
“Consultado el profesional a cargo de la materia tampoco ofrece respuesta acerca de estas garantías”, reclamó.
El 18 de julio de 2014, con el panorama ya más claro, el coordinador emite un nuevo oficio. Esta vez a la Dirección de Asistencia Jurídica, donde señaló que “el libro de registro de Garantías de Tesorería Municipal registra que la boleta (…) fue retirada por el urbanizador, el argumento sería que habría caducado el gravamen”.
“A nuestro entender correspondería requerir la reposición de las garantías en plazo perentorio y, de no cumplirse con ello actuar a través de las acciones que permita la legislación vigente”, añadió.
Paradójicamente ante la consulta del profesional, la DAJ, misma repartición que había visado la devolución de las boletas en 2010, cuatro años después -bajo la gestión de un nuevo director- emitía un juicio totalmente diferente.
No existió “causa legal para haber devuelto las boletas”, por lo que “corresponde que la Dirección de Obras Municipales exija al mismo (la empresa) la entrega de nuevas boletas destinadas al financiamiento de las obras no ejecutadas y le fije un plazo para la ejecución de las mismas”, consigna el escrito firmado por Christian Paz.
Quien también participó de las gestiones fue el encargado de Tesorería, Hernán Acevedo. En 2014 envió un correo al gerente, Augusto Vergara, consultando porqué había retirado las boletas. Éste le responde que se debió a una orden municipal (ver archivo adjunto).
Lo curioso es que en su declaración del 25 de septiembre de 2015 Acevedo explicó que su consulta a la empresa fue enviada cuatro años después de la devolución, puesto que cuando se entregaron las boletas él estaba fuera de sus labores.
“Yo me encontraba de vacaciones, ya que normalmente, cada cuatro años, con motivo de los mundiales de fútbol, me pido vacaciones en esa fecha (…) Por eso el mail que acompaño es de fecha 17 de julio de 2014″, contó.
Asimismo se desligó de una eventual responsabilidad, al explicar que en Tesorería “sólo somos custodios de las boletas, no nos corresponde analizar el mérito de su devolución”.
“Como recibimos la orden de custodiarlas, recibimos la orden de devolverlas, lo que ocurrió el 16 de junio de 2010”, detalló el funcionario.
Consultado por BioBioChile, Orlando Palma asegura que “aquí hay serios rasgos de corrupción de alguna naturaleza”.
Según acusa, lo ocurrido podría deberse a la cercanía entre la Dirección de Obras y la empresa: “Podría ser un caso de tráfico de influencias“, afirma.
“Lo encuentro un acto completo de corrupción”, sentencia Palma en relación a las autoridades “actuales y pasadas” que no han hecho esfuerzos reales tendientes a recuperar los dineros.
Sin responsables
Paralelamente a las gestiones, Palma estampó una denuncia ante Contraloría, organismo que instruyó a la Municipalidad de Valparaíso iniciar un sumario.
La investigación, sin embargo, no estuvo exenta de polémica. Primero, porque al requerir información de las irregularidades denunciadas, la administración de Castro no respondió en el plazo estipulado y luego, por la lentitud con la que se llevó la indagación interna.
“En lo que se refiere al sumario administrativo que la municipalidad dispuso (…) deberá concluir a la brevedad dicha investigación, puesto que ha excedido latamente el término”, consigna el dictamen emitido en 2015.
Precisamente, la demora en hallar responsables fue lo que finalmente llevó a la municipalidad a sobreseer a los involucrados y ató de manos a Contraloría para liderar eventuales sanciones, pese a que en un nuevo dictamen publicado en 2016 tras el cierre de las pesquisas catalogó como “devolución improcedente” la operación entre el municipio y Participaciones Futuro.
“La acción para perseguir la responsabilidad administrativa de los involucrados se encuentra prescrita, y además que la responsabilidad de quien se desempeñaba como Directora de Obras Municipales a esa data, se encuentra igualmente extinta”, detallan. Esto último se debe a que cuando terminó la investigación, Adriana Germaín ya se había retirado de su cargo.
Orden de papel
Pese a que no se logró hallar responsables, lo que sí hizo Matías Valdés, el reemplazante de Germaín en la dirección de la DOM, fue emitir un oficio a Participaciones Futuro para que reingresara las boletas que se les habían devuelto de manera improcedente.
En la resolución de 2014, exige que dichos documentos sean incorporados en un plazo de cinco días (ver archivo adjunto). Pero la empresa nunca devolvió las garantías.
Según explica el gerente de Participaciones Futuro S.A., Augusto Vergara, se reemplazaron las boletas por “un compromiso formal” con el director de Obras para restablecerlas “cuando el predio se enajenara o se resolviera lotearlo”.
“Ello es un procedimiento perfectamente normal y legal y no ha sido objeto de observación alguna por las diferentes administraciones de la Municipalidad de Valparaíso ni ninguna entidad en los últimos diez años”, añade, pese a que la Dirección de Obras le entregó en 2015 un plazo de cinco días para devolverlas y a que la ley señala que los lotes sin urbanización ni garantía no pueden ser vendidos ni tampoco prometer su comercialización.
Vergara también sostiene que “las relaciones profesionales con todas las entidades públicas y privadas relacionadas con los proyectos en que participo se realizan cumpliendo estrictamente las normativa vigente”, en referencia a la acusación de Orlando Palma respecto de un posible tráfico de influencias.
El director de Obras Municipales, Matías Valdés, declinó entregar declaraciones. Lo mismo ocurrió con su antecesora, Adriana Germaín, quien aseguró no recordar el caso, antes de colgar el teléfono.
Drama vial
Curauma vive un crecimiento inmobiliario que está lejos de terminar. Desde la década del noventa hasta la actualidad se han levantado en la zona barrios residenciales, colegios, un outlet, supermercados e incluso un campus de la Pontificia Universidad Católica.
De ahí que numerosas sociedades hayan puesto los ojos en el sector. Según explica una fuente experta de la municipalidad, varias compañías dedicadas a la compra de terrenos han adquirido superficies con el propósito de luego venderlas a inmobiliarias a un precio mayor.
Sin embargo, -añade la misma fuente- varios de los responsables de la urbanización han decidido no ejecutar las obras, apostando a que la municipalidad continúe renovando las boletas de garantías y que éstas no sean cobradas. Todo ello, mientras los valores de los lotes van al alza.
Efectivamente, según un estudio de la consultora Amaureira, emitido a fines de 2018, “la expansión de Curauma elevó los precios del sector”.
“Entre 1985 y 1995 los precios se incrementaron en un 40% para luego mantenerse constantes hasta el año 2002, coincidente con la crisis asiática (1996-2001) en Chile. Luego comienza un nuevo incremento de precios que se relaciona, principalmente, con el aumento de población en Curauma. En este segundo período los precios vuelven a incrementarse un 40% adicional para los últimos quince años”, consigna el informe.
Así, según explica Hori Delgadillo, uno de los vecinos del sector, quienes residen allí deben lidiar con el vaivén de camiones de alto tonelaje que trabajan en los proyectos inmobiliarios que ahí se construyen, los que dejan muy a mal traer las calles del sector.
“Hay bastantes baches, bastantes cosas que arreglar ahí (…) Hay bastante por hacer ahí”, comenta.
“Es un caos salir de Curauma (…) En un caso de emergencia ¿cómo salimos? Es preocupante”, dice, en tanto, Ilsia Inostroza, otras de las vecinas.
“Sería fantástico, súper bueno, porque así tendríamos esa salida expedita a la Ruta 68”, añade en relación a la posibilidad de que se urbanicen las vías que debían estar garantizadas por Participaciones Futuro.
En un tono más duro, Patricio Hermann, presidente de Defendamos la Ciudad, dice que en el ámbito de las Obras Públicas las irregularidades son un tema muy recurrente en Chile, poniendo como ejemplo lo ocurrido con el caso Hasbún-MOP, en la que se denunciaron coimas para recibir favores de parte de la repartición estatal.
“Siempre los perjudicados son las comunidades. Los directores de obra tienden permanente a favorecer a los actores privados que lucran con la explotación del recurso suelo. Eso es siempre”, sentencia.
Así, a 10 años de la devolución de las boletas, los residentes siguen esperando por obras que irían en directo beneficio a su calidad de vida, pero que aún están en entredicho por una irregularidad cometida al interior de la casa edilicia porteña.
Consultada la Municipalidad de Valparaíso declinó emitir una declaración al respecto.