El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, envió el cuestionado informe que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) recibió al jefe del Ministerio Público Sur, Héctor Barros, para que lo integre a la carpeta de investigación que sustancia por los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social.
La información consta en una respuesta a una solicitud por Ley de Transparencia ingresada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, en donde se solicitó copia del documento, atendido que fue preparado con “fuentes abiertas” por la empresa española Alto Data Analitycs.
Vea la respuesta
Hay que recordar que cuando a mediados de diciembre el director de la ANI Gustavo Jordán y el Ministerio del Interior le entregaron la información, fue el propio Abbott, quien señaló que la documentación no podía ser integrada a una causa penal.
Abbott indicó que la vaguedad de los datos obtenidos por medio del sistema Bigdata, solo hace referencia a un barrido de las redes sociales para llegar a conclusiones y se debía levantar el secreto por medio de la Ley de Inteligencia. Todo indica que la cartera dirigida por Gonzalo Blumel habría hecho lo propio.
El mentado informe de 112 páginas fue duramente criticado, luego que La Tercera revelara su contenido, en donde figuraban como grupos de peligro los seguidores del K-pop. Junto a lo anterior también se destacaban la influencia extranjera en el estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre.
Se sumaban los canales Telesur de Venezuela y Actualidad RT, actores del kirchnerismo argentino, el artista “Residente”, la cantante Mon Laferte y la comediante Paola Molina, entre otros como “influencers” de Twitter, entre muchos otros.
En el gobierno, fue calificado como un informe que contaba con información “extraordinariamente sofisticada”.
Actualmente, el fiscal Héctor Barros, luego de ser designado por Abbott para llevar adelante la indagatoria, formalizó a principios de diciembre pasado a Jeremy Ramírez por su vinculación con el incendio ocurrido en la estación del Metro La Granja.
Otro al que se imputaron cargos, fue al profesor Roberto Campos, por delito de daños en la estación San Joaquín en el tren Santiaguino.
