El nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), el vicealmirante (r) Gustavo Jordán, despidió al agente coordinador del organismo en Punta Arenas.
La decisión de Jordán de no renovar el contrato de “Juan” para 2020, se basó en que el trabajo que desarrollaba en la Región de Magallanes, no se ajustaba a los estándar de calidad requeridos por el mando.
La información consta en la resolución exenta Nº 1.857 fechada el 26 de noviembre pasado y enviada a la Contraloría para su toma de razón. Una copia del documento lo publica íntegramente la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
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“En definitiva, su trabajo, en términos generales es metodológicamente precario, superficial e impreciso (…) requiere constante supervisión y corrección (…) sus carencias hicieron inviables el cumplimiento del objetivo institucional descrito en esa plaza”, detalla el documento.
Lo particular de la resolución adoptada por Jordán, es que “Juan” fue calificado entre 2015 al 1 de septiembre de 2018 en lista uno.
Por esta razón, el afectado envió una carta a José Mauricio James, exoficial de Carabineros y actual jefe de la División de Asuntos Sectoriales (DAS). Esta última es la que, entre otras labores, tiene a cargo la producción de inteligencia del conflicto mapuche.
En su misiva, reclama que Jordán no habría realizado ninguna evaluación directa de su trabajo.
“Nunca recibí un llamado telefónico o correo electrónico de parte suya (Jordán) o de Mauricio Serrano, jefe de departamento, en que se cuestionara mi trabajo, o se me llamara la atención por algún error conocido, ni menos relativo a atrasos en la entrega de información, la que siempre destacó por ser veraz y oportuna”, señaló.
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A fines de 2018 dos exfuncionarios de la ANI presentaron sendos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, luego que fueran desvinculados. Uno de ellos era el agente del organismo en la Araucanía. Ninguna de las presentaciones prosperó.
Cambios
La llegada de Jordán a la ANI -el 15 de noviembre- se produjo en medio de serios cuestionamientos al trabajo del organismo al que se responsabiliza de no prever el estallido social que comenzó el 18 de octubre.
Quien recibió las primeras críticas fue su antecesor en el cargo, el abogado Luis Masferrer, quien no logró establecer una relación diáfana con La Moneda, convirtiéndose en los últimos meses en la crónica de una muerte anunciada.
Parte de los problemas que enfrentó Masferrer, como los directores anteriores, es que la ANI carece de facultades para desarrollar inteligencia operativa. Quienes realizan esas labores son los otros miembros del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE). Es decir, las ramas de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad. Todos los anteriores, para realizar medidas intrusivas, deben solicitar autorización judicial a uno de los dos ministros de Corte que existen en cada tribunal de alzada a nivel nacional.
Big data
La semana pasada el gobierno entregó al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, un informe de 112 páginas preparado por la ANI, donde a juicio del Ejecutivo se establecía la presencia de elementos extranjeros como agitadores del conflicto social.
Abbott aseguró que el documento no servía para iniciar una investigación, máxime cuando este último fue preparado con fuentes abiertas, a través de los cruces hechos con el sistema de big data en la internet.
El domingo pasado La Tercera reveló el contenido del informe. Entre sus resultados destaca la presencia de grupos que siguen el K-Pop coreano, como parte de un elemento importante en el estallido social. Le siguen cuentas de Twitter como Vagabundo Ilustrado, el sitio de noticias rusas RT en español, el cantante Ismael Serrano, entre otros.
Conocidos los antecedentes del documento, se convirtió de inmediato en trending topic. Los internautas no tardaron en calificar al informe como liviano, infantil, caricaturesco, entre otras ironías.
La vocera de gobierno Karla Rubilar defendió la producción de la ANI, pero en concreto el big data solo analizó posteos en la red.
Rubilar insistió de todos modos en que el informe detalla injerencia extranjera “para incitar a la incentivar la protesta violenta”.
El experto en Ciberseguridad, Claudio Casado, dijo a Radio Bío Bío que la información entregada al Ministerio Público, carece de peso que permita llegar a conclusiones que deriven en una investigación penal.
“Este análisis lo único que está diciendo es cómo se está protestando a través de las redes sociales, más que establecer o ayudar a establecer una conclusión de tipo judicial”, indicó.
Y agregó: “Me cuesta el poder encontrar información que sea realmente relevante para establecer conclusiones sólidas de comportamientos delictuales que estén detrás del movimiento social”.
Lo particular de la polémica, es que desde la cartera dirigida por Gonzalo Blumel, hubo un giro radical. Primero se avaló el análisis y luego se deslindaron las responsabilidades. El trabajo, se indicó, estuvo a cargo la ANI y no de Interior y no se gastaron recursos públicos. En otras palabras, alguien lo entregó al organismo de inteligencia, pero nadie quiere decir quién fue.
El diputado Diego Ibáñez, miembro de Convergencia Social, anunció que oficiará al Ministerio del Interior para transparentar cuánto se gastó en el informe.
(*) Con el trabajo de Nicolás Espinoza
