El 25 de septiembre se cerró la millonaria licitación para la mantención de áreas verdes de Concepción, pero al día siguiente ya habían dos reclamos contra el procedimiento. ¿La razón? A dos empresas participantes llamó la atención que la municipalidad permitiera corregir antecedentes a otras firmas una vez iniciada la evaluación.

El episodio terminó en sendas demandas de Solo Verde y Núcleo Paisajismo en contra de la administración de Álvaro Ortiz y con el proceso suspendido hasta nuevo aviso por orden del Tribunal de Contratación Pública (TCP).

Las acciones legales -a las que accedió BioBioChile- se remontan a mediados y a fines de octubre, cuando ambas compañías solicitaron la impugnación de la licitación -que contempla 174 millones mensuales por las labores de cuidado-, denunciando un actuar ilegal y arbitrario de la casa edilicia. Esta última ingresó el informe requerido por el TCP con 14 días de retraso.

Y no sólo eso. Una de ellas, Solo Verde, deslizó la posibilidad de que la medida de la municipalidad se dio “posiblemente por favorecer a su proveedor histórico Preserva Ltda., cuya oferta debió indefectiblemente ser declarada inadmisible”.

El lío

Las quejas comenzaron el 26 de septiembre de este año. Según consta en ambas iniciativas legales, las demandantes cuestionaron ese mismo día la omisión de un programa de gestión de riesgos en el trabajo de parte de cinco empresas: Arcon SpA, OHL Servicios Ingesan S.A. Agencia en Chile, Servicios Marsan, Servicios Himce Ltda., y Preserva Ltda.

A juicio de Solo Verde y Núcleo Paisajismo, dicho requerimiento -establecido por ley- corresponde a un “requisito de admisibilidad”, por lo que “su omisión acarrea el rechazo o declaración de inadmisibilidad de las ofertas” de esos proveedores.

“Su respuesta se encuentra en proceso”, respondió cuatro días después la municipalidad.

Pero, el 2 de octubre de 2019 la casa edilicia solicitó a las empresas que adjuntaran el programa de gestión de riesgos que habían omitido, pese a que la licitación ya se encontraba en manos de la comisión evaluadora.

Puesto en simple, de acuerdo a la demanda de Núcleo Paisajismo, el actuar de administración penquista permitió que los oferentes pudiesen cumplir con los requisitos fuera de plazo, en una etapa diferente del proceso.

La situación motivó un nuevo reclamo de Solo Verde. La respuesta fue calificada por la propia empresa como “artificiosa” y “sorprendentemente creativa”, pues ésta señala que lo esencial es que las empresas cuenten con un programa de riesgo, pero que la presentación de dicho plan es sólo una cuestión formal. De ahí que se diera la posibilidad de solicitar el antecedente posterior al cierre de ofertas.

“Lo que postula la Municipalidad de Concepción es derechamente artificioso, es decir, basta contar -aunque sea al margen de la oferta- con trabajadores suficientes y un programa de gestión de riesgos, siendo su presentación opcional, por cuanto es una exigencia formal sin sanción”, cuestionó la demandante mediante el escrito presentando ante el TCP.

Consultados por esta situación, desde Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Concepción indican que “a juicio de la comisión evaluadora, el documento faltante era factible de solicitarse a través del portal, toda vez que no incidía en la evaluación de las ofertas”.

“Además, la Ley de Compras Públicas faculta para solicitar documentación de forma, cuando esta se hubiere omitido, debiendo descontarse puntos en la evaluación, y así se procedió”, añaden.

Así las cosas, la pugna -que hasta ahí había tenido lugar en el sistema de Mercado Público- estaba lejos de terminar.

Suspensión

El Tribunal de Contratación Pública tomó cartas en el asunto. Casi una semana después del ingreso de la primera demanda, la de Núcleo Paisajismo, se ordenó la suspensión de la licitación y se requirió un informe a la Municipalidad de Concepción. Lo propio ocurrió para la acción legal presentada por Solo Verde.

“Atendido el mérito de los antecedentes (…) ha lugar a la suspensión del procedimiento administrativo”, dictó el TCP.

La orden se repetiría más tarde en dos oportunidades. En efecto, la última resolución del tribunal mantiene el proceso paralizado por 30 días hábiles a contar del pasado cuatro de diciembre.

En medio de esa discusión, la municipalidad debía presentar el informe solicitado, con el objetivo de aclarar ante el órgano jurisdiccional lo ocurrido durante la licitación. Pero no había nada de eso.

“Informe en rebeldía”

Ante el silencio de la casa edilicia, ambas empresas demandantes -con un día de diferencia- presentaron un escrito para que se tenga el informe “evacuado en su rebeldía”. Es decir, dar por hecho que se había entregado, pese a que en la práctica jamás se presentó.

El argumento era claro: la municipalidad tenía 10 días hábiles para emitir el documento, con un plazo fatal determinado para el 15 de noviembre, pero éste se ingresó finalmente con 14 días de retraso y el TCP no se pronunció ante la solicitud.

Según explican desde la Asesoría Jurídica penquista, se coordinó con el mismo tribunal mediante comunicación directa una prórroga.

“Se privilegió el contenido jurídico de la respuesta más que cumplir dentro de plazo, sabiendo que el no cumplir el plazo no afectaría la tramitación de la causa”, aclaran.

Trato directo con antiguo proveedor

En medio de la disputa legal (y ante la suspensión de la licitación) las áreas verdes de Concepción no podían quedar sin mantención. Para evitarlo, la municipalidad recurrió -mediante trato directo- a su antiguo proveedor, Preserva Ltda.

El primer contrato se firmó en julio de este año, antes incluso que se llamara a la licitación de la discordia. El acuerdo contemplaba tres meses: desde el 1 de agosto al 31 de octubre, por un monto total de 546 millones de pesos.

El segundo, en tanto, tuvo lugar el 13 de noviembre, para cubrir desde el 1 de ese mes hasta el 31 de enero por 551 millones de pesos. Esta vez, la unión comercial no contemplaba la poda, tala ni reposición de árboles en la vía pública.

¿Por qué el cambio? Desde la municipalidad aseguran que se debe a que “a través de su Dirección de Gestión del Riesgo y Emergencia (se) asumió esta obligación, para lo cual se cuenta con el equipamiento necesario para ejecutar esta labor”.

La empresa elegida para estas labores es la misma a la que apuntó Solo Verde en su demanda. Tal como se indicó, esta última firma deslizó la posibilidad que el actuar de la municipalidad durante la licitación se dio “posiblemente por favorecer a su proveedor histórico”, es decir, Preserva Ltda., “cuya oferta debió indefectiblemente ser declarada inadmisible”.

Desde la administración de Ortiz descartan de plano esa imputación: “No es efectivo, ya que por aplicación del principio de igualdad de los oferentes y de libre concurrencia, ampliamente reconocidos por la Contraloría a cuyos dictámenes estamos obligados, se solicitó el mismo documento por el portal, a 6 empresas que estaban en la misma situación”.