El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), desarrolló una estrategia para “cerrar y transformar” el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), lo que implicará la desvinculación de más de 200 personas, entre ellos los que realizan labores para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La información consta en un documento preparado por el Ministerio, al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, donde se agrega que la cartera busca reducir 1.850 millones de pesos, equivalente al 22% del presupuesto 2019.

La propuesta ya fue analizada en la Cámara de Diputados y aprobada, en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional. Ahora bien, será el Senado el que confirme si el Injuv desaparecerá o no.

Entre las razones que entrega la Secretaría de Estado, dirigida por Sebastián Sichel, es que el Injuv hace un una trabajo “de manera pobre”.

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La decisión, se enmarca en el contexto de las protestas sociales y la necesidad de generar mayores recursos atendida las medidas adoptadas por La Moneda que generarán sí o sí un gasto exponencial de recursos que derivará en la reducción del número de empleados estatales. Por eso, indican en Palacio, no se descarta que otros programas que no están bien evaluados puedan desaparecer o transformarse.

Mediocridad

En el análisis interno, el ministerio formula las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del organismo. Respecto de estas últimas, se menciona que el Injuv es mediocre, intrascendente, cuyos funcionarios son altamente politizados.

De acuerdo al documento, la idea es incluir al Injuv dentro de la Subsecretaría de la Niñez, agregándole a esta última la palabra “juventud”. El tema, dice la propuesta ministerial, permitiría usar la institucionalidad existente y el tema en cuestión elevarlo al rango de subsecretaría.

En el análisis, el ministerio asegura que el Injuv presenta también otras “debilidades”. Entre estas destaca la “mala reputación” y ofertas programáticas “de baja calidad”.

Costo político

EL MDSF, también reconoce que llevar adelante este proyecto, le generará conflictos con parlamentarios y la Asociación de Empleados Fiscales (ANEF). Ello, según la presentación, significará una pérdida de protagonismo y costo político para el gobierno, entre otros puntos.

Para desvincular a funcionarios, la idea de la cartera es un plazo de dos años, entregando incentivos para las contratas y plantas.

¿Cómo se enfrenta públicamente?

La estrategia comunicacional, debiera ser anunciada en “un hito de prensa con el ministro Sichel, junto a otros tres subsecretarios”, se lee en la propuesta.

Lo particular es que a nivel nacional se enviaría información con “una gráfica explicativa”. Sin embargo, se busca “no hacer referencia a las desvinculaciones”.

El ministerio también reconoce que “existe un gran número de militantes políticos (se entiende de oposición) y alto nivel de coordinación”. En ese sentido “habría que asumir un costo por las desvinculaciones”.

En la misma línea la estrategia comunicacional busca “encapsular” la reformulación del Injuv y evitar que se abran “otras aristas”.

“Es mejor mantener un perfil bajo (…) y evaluar si es que escala o no. Ir evaluando en función del impacto que pueda generar”, se lee en el documento interno.