La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por delitos de corrupción, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y que vincula a las redes del fallecido exmandantario argentino Néstor Kirchner y su viuda Cristina Fernández actual vicepresidenta electa.
La acción legal por delitos de fraude al fisco y malversación de fondos refiere al desarrollo -en el Estrecho de Magallanes- de un millonario proyecto para aumentar la producción de gas y crudo en conjunto con YPF Argentina, cuyo costo supera los 354 millones de dólares.
Lea la querella completa
La iniciativa que unió a YPF y ENAP -a través de su filial Sipetrol- fue llamada PIAM (Proyecto Incremental Área Magallanes). Para su ejecución y administración se generaron una serie de contratos con empresas del país vecino, cuyo costo hasta ahora, supera los 170 millones de dólares.
El hecho no tendría nada de particular, salvo que un informe de auditoría forense encargado por ENAP a la consultora internacional KPMG, reveló que en Sipetrol-Argentina se contrataron una serie de empresas vinculadas a casos de corrupción.
Una de esas compañías es Pecom que recibió entre 2015 y 2018 un total de 119 millones de dólares “con ocasión de supuestas obras ejecutadas durante la gestión del proyecto PIAM”.
Pecom, a su vez, es parte de la empresa Skanska Argentina, ligada al pago de millonarios sobornos a funcionarios públicos a través de facturas falsas, cuyo juicio se inició en octubre pasado, indagatoria respecto a la ola de sobornos de los primeros años del Kirchnerismo.
Los amigos
La acción legal menciona a Martín Cittadini, quien se desempeñó como gerente general del proyecto de ENAP en Argentina (ESA). Este último, de acuerdo al libelo, habría sido el articulador para que empresas relacionadas entre sí obtuvieran los contratos.
Otra de las firmas que aparecen vinculadas al proyecto es Techint. Se trata de un grupo multinacional ítalo argentino, que estuvo a cargo de la administración del proyecto PIAM y tercerizó servicios a sociedades vinculadas a casos de corrupción.
Una de ellas es Fainser, propiedad Juan Carlos Lascuraín, relacionado con el caso “Cuaderno de las Coimas” donde se descubrió que durante la última administración de Cristina Fernández se pagaron más de 200 millones de dólares en sobornos a empresarios de distintos rubros.
Faisner está representada por Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, hermana del fallecido expresidente. Alicia ocupó en dos períodos distintos el cargo de ministra de Desarrollo Social, fue senadora y actualmente es la gobernadora de la provincia de Santa Cruz.
Esta firma recibió, según ENAP, casi 3 millones de dólares por labores que no está claro si se realizaron.
Le sigue Termipol, que también fue investigada por emisión de facturas falsas en el país vecino y habría recibido, más de 2 millones de dólares. En tanto, Panalpina Transportes, ligada al pago de coimas en México, una cifra superior al millón de la moneda americana.
Fantasmas
No es todo. La auditoría encargada por la estatal, descubrió a seis proveedores argentinos que no están registrados en la Administración Federal de Ingresos Públicos del país vecino. Según el libelo, “no poseen declaración de empleados o dotaciones registradas y que recibieron importantes sumas de dinero”.
Esta acción judicial, patrocinada por los abogados Cristián Muga, Rodrigo Ávila y Luis Ortiz Quiroga, será parte de la investigación que sustancia el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Felipe Sepúlveda.
La querella, también da cuenta de una revisión a los contratos hechos por la ENAP, en otros ámbitos. Entre ellos, asesorías de profesionales externos.
