El Ministerio Público Centro Norte investiga una denuncia por un supuesto espionaje telefónico presentada por un juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien ha vigilado el accionar de agentes del Estado y violaciones de DDHH, como ha denunciado el INDH.
Se trata del magistrado Daniel Urrutia quien prestó testimonio la semana pasada ante el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Jaime Retamal, oportunidad en la que detalló una serie de hechos anómalos en sus comunicaciones.
Por esta razón entregó el teléfono que le proporciona el Poder Judicial, como también su aparato personal, para que sean periciados íntegramente.
De acuerdo a los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Urrutia solicitó al organismo perseguidor una serie de diligencias.
Destacan entre ellas que los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago -que resuelven las peticiones por Ley de Inteligencia a los organismos policiales y Fuerzas Armadas- informen si los números telefónicos de los celulares que entregó a la fiscalía, aparecen dentro de peticiones para ejecutar medidas intrusivas.
En esa línea, también solicitó conocer si la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) posee una carpeta de análisis y recopilación de información con su nombre y determinar de esta forma la existencia de revisión del trabajo de los jueces.
En la presentación, dijeron las mismas fuentes, Urrutia habría solicitado que también se oficie al Ejército y a Carabineros para establecer si han mantenido la misma conducta.
Según supo este medio, el perseguidor Jaime Retamal, ya habría dictado diligencias, solicitando información a distintos organismos estatales.
Urrutia fue uno de los jueces que debió llegar hasta la exposta Central para que su director permitiera el ingreso de funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ya que habían personas heridas por disparos de cartuchos antimotines de Carabineros.
El fiscal a cargo del caso, es el mismo que sustancia una indagatoria por las intercepciones que realizó el Ejército en contra de ex militares que denunciaron corrupción dentro de la institución, las que fueron autorizadas por magistrados del tribunal de alzada capitalino.
