El pasado 29 de octubre -a través de un oficio enviado al fiscal nacional Jorge Abbott- la diputada Marcela Hernando (PRSD) pidió investigar por el delito de cohecho a la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo. Básicamente, porque se entregarían terrenos en la región de Antofagasta, a cambio que los futuros beneficiados adhirieran en al partido en formación Nueva Clase Media (NCM). Se trata, precisamente de la colectividad que busca inscribirse en esa zona del país y cuyo presidente es Eduardo Salas, marido de Bravo, ex militante DC y ex PRI, al igual que su esposa. En síntesis, todo en familia.
La información fue confirmada a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío por la propia parlamentaria, quien aseguró que entregará también de manera personal al titular del Ministerio Público los antecedentes con que cuenta.
De acuerdo al documento -que publica íntegramente este medio- Hernando recibió una conversación de WhatsApp donde se da cuenta de los hechos. Sumado a lo anterior, también accedió a dos registros de audio que revelan un encuentro en Calama, donde participan pobladores autodenominados Agrupación Atardecer Campesino, que buscan obtener un título de propiedad. En la grabación se les indica que deben inscribirse en la nueva tienda política, porque Bravo quiere postular a diputada por la zona. Recordemos que los comicios parlamentarios están fechados para fines de 2021.
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La dinámica es, para muchos, la clásica: convencer y pedir algo a cambio. Para esto en la denuncia se establecen reuniones entre las partes que ahora están bajo la lupa. Ejemplo uno de ellos, al cual asistieron Mario Antonio González Rubio, jefe de gabinete de Bravo. Le sigue Óscar Marín, quien aparece en la plantilla de funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales y al mismo tiempo pertenecen a NCM de Antofagasta y Aliro Araya, un operador local.
Los argumentos
González les indicó a los asistentes que debían cumplir con los requisitos para obtener un terreno, que tenían chances, que debían ser “prudentes”, que la reunión debía “quedar allí”, que no debía filtrarse, que habían compromisos, que Bravo estaba al tanto de todo y que si se “descarrilaban”, se enteraría, según consta en la denuncia.
Marín fue otro que aleonó a los postulantes: “se van a acordar de mí, se van a acordar de nosotros. Se van a acordar de Alejandra (Bravo), de Mario (González), del que habla (Óscar Marín). Se van a acordar”.
Y sigue: “(…) tenemos que ser muy agradecidos que don Mario (González) esté acá (…) porque en realidad está empeñado en solucionar esto, les pido que acudan a la invitación que les está haciendo la subsecretaria. Vayan a la oficina más importante de Bienes Nacionales, donde les van a solucionar sus problemas”.
“No pidamos, pidamos, pidamos…”
A continuación siguieron las “invitaciones” de una dirigenta a firmar -en ese mismo instante- la ficha partidaria de NCM. Le dicen a los pobladores que los llevan y los traen de la notaría, que consigan más gente, pueden ser amigos, familiares, conocidos; que la subsecretaria Bravo busca lanzar su candidatura por la zona, que les pide “la cooperación” para lograrlo.
La misma voz explica: “¿Se acuerdan ustedes que nosotros les pedimos un favor? (…) que la subsecretaria necesita inscribirse para ser diputada ¿cierto? … de partido, (…) Nueva Clase Media. ¿Quién de ustedes tiene la clave única? Aquí el apoyo tiene que ser mutuo. No pidamos, pidamos, pidamos, y… ¿qué entregamos?”.
Escuche el audio donde se piden las firmas
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Se oye a otra persona: (…) a los que no tengan clave única (y) quieren ir a la notaría, ¿hasta cuándo hay plazo?”
Otra dice: “Nueva Clase Media, así se llama el partido. Ahora, ¿quién está dispuesto ir -ahora ya- a la notaría? Los llevamos y los traimos (sic)”.
Una mujer pregunta: “¿Y qué pasa si uno no quiere renunciar a su partido?”
No puede anotarse, le responde la dirigenta.
La misma mujer: ¿Pero no puedo anotarme para qué?
Le responden: “No (se) puede anotar… inscribirse al partido. Tienen que pertenecer solamente a uno. Pero mire… uno puede hacerlo, yo también estaba en otro. Uno se borra, se renuncia al este y se inscribe en este otro”.
Un hombre explica: “Es el módulo dos… yo ya fui ya. Sí. La niña atiende altiro (…)”.
Sigue el audio: “(…) es para formar un nuevo partido. La subsecretaria (…) se va tirar diputada pero pa’l nuevo partido, entonces necesita… y los (sic) pide la cooperación a nosotros (…) Ella nos pide la firma y nos va a apoyar, ese es su compromiso (…) le pide la firma. Ella ya nos está apoyando (…) tenemos que firmar (…) apoyarla”.
Gente clave
Al encuentro, de fecha reciente, asistieron tres personas ajenas al comité de pobladores que postulan a un terreno. Uno de ellos es Mario Antonio González Rubio, jefe de gabinete de Bravo, pero que aparece encuadrado en la subsecretaría de Bienes Nacionales como “agente público”.
Gana poco más de 4 millones 480 mil pesos mensuales y de acuerdo al portal Infolobby, solo este año ha viajado en más de 6 oportunidades a la región, cuatro de ellas con Bravo. Esta última lo ha hecho más de 10 veces, según se lee en las redes sociales del ministerio, donde también se muestran fotografías.
En la sección de transparencia activa de la cartera, en tanto, González Rubio no revela su declaración de patrimonio e intereses ni menos los viáticos que recibe, porque funge con “grado no asimilado”. No fue posible establecer si en gobiernos anteriores ocurría lo mismo, ya que en la web ministerial todo comienza en 2018.
Casos especiales
En el audio el jefe de gabinete de Bravo le señala a los presentes: “Yo acabo de hablar con la abogada (del MNB) que estamos trabajando, porque (a) esto (les) pusimos ‘casos especiales’ (…) que no pueden ser tratados ni en Calama, ni en Antofagasta (…) Y para esto yo les pido (…) prudencia, porque hay que ser prudentes ahora (…) Prudencia ¿ya? porque lo que viene es una cuestión delicada (…) Por ejemplo, esta reunión se queda aquí. Muchas veces las cosas se caen por la imprudencia”.
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Y sigue: “(…) yo vine calladito la última vez, no les dije a ustedes que estaba acá. Yo salí a visitar los terrenos, la subse (subsecretaria) me dijo ‘anda a ver tú mismo. No mandes a los funcionarios’. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué estoy diciendo… vayan a Santiago?”, refiriéndose a la necesidad de reunirse con Alejandra Bravo.
“No quisimos siquiera llamarlos por teléfono para esto. Yo he estado resolviendo cosas. (…) Son otras cosas allá (Santiago), que también la subsecretaria dice (que hay que hacerlo) ‘directo’”.
Los operadores
Otro de los presentes que aleona a los pobladores es Óscar Marín. Se trata de un funcionario del mismo ministerio, contratado de la misma forma que el jefe de gabinete, es decir, con “cargo no asimilado”. Su situación es particular, porque a septiembre de este año aparece operativo en la sección de transparencia activa de la secretaría de Estado, pero su contrato solo tiene vigencia hasta el 30 de junio pasado.
Pues bien, Marín es parte de Nueva Clase Media que busca inscribirse en la región de Antofagasta, tal como se lee en una nota publicada por el portal SoyChile, en donde la información es confirmada por el jefe de la tienda y marido de Bravo, Eduardo Salas (lea la crónica ). En otras palabras, convertirse en la plataforma que permita a Bravo postular por la zona en las elecciones parlamentarias de 2021.
¿What’s up Isamit?
En el documento enviado por la diputada Hernando, se incluyen varios pantallazos de la aplicación de mensajería WhatsApp. Este medio se reserva la identidades que allí aparecen, pero que están en manos de la justicia.
“(…) la subsecretaria de Bienes Nacionales (…) nombre Alejandra es la señora que los ayuda con todos los trámites (…) ella necesita de nuestro apoyo para su candidatura (…) el día lunes a las cinco de la tarde los (sic) podemos juntar en mi casa para después ir a la notaría a firmar, tiene que ser mayor de 18 años, también puede ser su grupo familiar y amigos todas las personas que puedan apoyar, espero contar su apoyo”.
Lea los whatsapp
A renglón seguido otro miembro del chat le escribe: “(…) quisiera saber cómo la subsecretaria de Bienes Nacionales Alejandra Bravo cumplirá con su apoyo para que salgan nuestros terrenos, después de firmar la ficha de su nuevo partido Nueva Clase Media, de ser así yo renunciaría a mi partido para firmar la ficha por ella”.
De vuelta le respondieron: “(…) las carpetas están en curso gracias a todos ellos que an (sic) trabajando con nuestras carpetas se ven el avance (sic), no son promesas los echo (sic) están a la vista”.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío contactó ayer a la unidad de comunicaciones de la subsecretaría del ramo, pero se indicó que no habría comentarios. De parte del gabinete ministerial tampoco hubo respuesta.
También se requirió la versión del presidente nacional de Nueva Clase Media, Eduardo Salas, quien indicó que opinaría apenas conociera la totalidad de los antecedentes.
El Ministerio de Bienes Nacionales está bajo fuego amigo. La semana pasada la Unidad de investigación de radio Bío Bío, reveló que el recién asumido titular de la cartera, Julio Isamit (cercano a la UDI), debía ocho facturas por poco más de 3 millones de pesos a una empresa que lo había demandado en tres oportunidades. La información por cierto, nunca se la comentó a la Presidencia antes de asumir.
Isamit, luego de consulta de este medio, recién resolvió pagar la deuda.
SQM otra vez
Salas, desde mediados de 2019 a la fecha ha trabajado para inscribir Nueva Clase Media a nivel nacional, esto luego de ser expulsado del Partido Regionalista Independiente por abiertas diferencias con su presidente Hugo Ortiz de Philippi.
Como político tiene trayectoria ligada al fallecido DC Adolfo Zaldívar, quien creó el PRI a mediados de la década 2000, luego de una fuerte pugna con la dirigencia falangista.
Salas apareció mencionado en el caso de las boletas ideológicamente falsas pagadas por Soquimich (SQM) a gran parte de la clase política chilena. El monto suma 74 millones de pesos por trabajos, que según el sitio Ciper Chile, fueron plagiadas (lea el reportaje) .
Como sea, el único condenado de la tienda que en 2014 pasó a formar parte de Chile Vamos, fue Humberto de la Maza su entonces presidente.
La sentencia, conocida en 2017, estableció que este último desde 2010 a 2013 se concertó con Zaldívar para entregarle a SQM documentos tributarios, los que fueron autorizados por el segundo hombre de la minera no metálica, Patricio Contesse. Esos dineros, junto a los aportados por el Grupo Angelini, superan los 385 millones de pesos.