El borrador para la nueva Constitución entregado por la Comisión Experta fija, entre otras relevantes normas, paridad electoral transitoria, la regla del 5% para partidos políticos y el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas.
Sobre este último punto, se reconoce a los pueblos indígenas “como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”.
Además, garantiza la participación política de representantes de pueblos originarios en el Congreso, según los “mecanismos” que serán establecidos por la ley, aunque el oficialismo no logró incluir escaños reservados.
Por su parte, la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado estableció la regla del 5%. Es decir, se fijó un umbral del 5 % de los votos para que un partido pueda “participar en la distribución de escaños” del Congreso para evitar la actual fragmentación política, solo con la excepción de que la formación “tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios”.
A modo de transición, y solo para las primeras elecciones parlamentarias tras la aprobación de la nueva Carta Magna, la barrera se rebajará al 4 % (o la obtención de 4 parlamentarios).
De aprobarse esta norma tal y como está, varios de los actuales partidos –algunos de ellos históricos como la Democracia Cristiana o el Partido Radical, el más antiguo de Chile– serían excluidos de la representación parlamentaria.
Paridad transitoria
La misma subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, despachó una norma sobre paridad en la que fija, de forma transitoria, un equilibrio de sexos en que ninguno puede superar la proporción 60 %-40 %. Además, ordena a los poderes Ejecutivo y Legislativo tramitar una ley que la regule en el plazo de un año.
El borrador también contempla fórmulas para promover la participación ciudadana como la iniciativa popular de ley, que podrá ser presentada al Parlamento con un apoyo ciudadano del 4 % del último padrón electoral. De igual forma, se propuso una iniciativa derogatoria de ley, para derogar total o parcialmente una norma y someterla a referendo.
Para fortalecer al Poder Ejecutivo y su relación con el Congreso, los expertos diseñaron un mecanismo a través del cual el presidente podrá escoger un máximo de tres proyectos de ley, como parte de su agenda legislativa prioritaria, que deberán tramitarse en un año, de lo contrario, “se pondrán en votación en la sala en su última versión aprobada”.