Fraude en Serviu: cómo funcionarios traspasaron a familiares y amigos terrenos premium de Algarrobo

En 2017, cuando en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Valparaíso realizaban trámites para legalizar terrenos, uno de los funcionarios que debía efectuar el procedimiento administrativo encontró una carpeta. En ella se hallaban varias escrituras que contenían un secreto: el Serviu había otorgado ocho parcelas del loteo irregular “Aurelio Catalán” de Algarrobo a particulares.

La zona donde estaban ubicadas no era cualquiera, menos su precio. A unos 400 metros de la playa y a pasos de la carretera que conduce al condominio San Alfonso del Mar, su valor superaba los 481 millones de pesos, en un área de alta plusvalía que aumenta con los años.

A medida que avanzó la revisión, se percataron que algunos de los beneficiados ni siquiera estaban vivos cuando se asignaron los terrenos, y que ninguno había demostrado ser heredero de alguien que hubiera participado del proceso.

Escarbando entre los archivos aparecieron una serie de resoluciones fechadas en 2015, con las que el Serviu dividió y repartió el terreno, tras haberlo arrebatado a un particular.

Hasta ese momento todo poseía un aura de legalidad, pero quienes recibieron las tierras tenían vínculos coincidentes: eran amigos y familiares de altos funcionarios de la Unidad de Regularización de Loteos Irregulares (URLI) del Serviu porteño.

Los abogados Juan Toro Garrido y Carolina Morales, además del arquitecto Eduardo Sandoval, quienes se desempeñaban en esa repartición, habrían sido los cerebros que aprobaron y legalizaron documentación de manera irregular, sin que nadie se percatara.

Cuando la autoridad descubrió el hecho en 2017, presentó una querella por el delito de fraude al Fisco y estafa calificada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en contra de los tres funcionarios y “quienes resulten responsables” de los ilícitos.

El caso quedó en manos del Ministerio Público local y este año fue asignado a la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), pero hasta ahora no hay formalizados pese al tiempo transcurrido.

En tanto, el Serviu realizó un sumario administrativo en contra de los tres funcionarios respecto de quienes existían sospechas, el que no llegó a buen puerto porque los dos abogados ya habían renunciado y el arquitecto trabajaba bajo la modalidad de honorarios, por lo que no fue posible recurrir en su contra.

La historia del loteo Aurelio Catalán parte hace más de 40 años, cuando el Estado resolvió administrarlo.

Gran plusvalía

De acuerdo a las facultades que le daba la Ley 16.741 o de Loteos Irregulares, en 1970 el presidente Salvador Allende declaró “en situación irregular” el loteo Aurelio Catalán.

Bajo esta norma legal se buscaba urbanizar y entregar títulos de dominio definitivos a quienes hubieran acreditado sus derechos sobre un terreno –porque habían comprado al dueño­–, o a quienes lo hubiesen ocupado, que debían pagar una suma de dinero a la entonces Corporación de Servicios Habitacionales. Ante ella debían recurrir los llamados “verificantes”, para obtener sus títulos de dominio.

En el caso del Aurelio Catalán, se elaboró un plano de 15 lotes. En El Mercurio de Valparaíso del 3 de octubre de 1975 se publicó parte de la resolución exenta Nº 1.138, que daba cuenta de la asignación de las parcelas.

De acuerdo al Serviu, posteriormente los lotes 3 y 3-A fueron asignados según una resolución de 1976, mientras que otros cuatro correspondían al dueño original, Aurelio Catalán, los que él transfirió.

Pero aún quedaba un resto del loteo, de 2,96 hectáreas, el que se denominó parcela 7. Ese terreno en 2004 fue inscrito por los herederos de Aurelio Catalán –los propietarios legítimos– en el Conservador de Bienes Raíces de Casablanca, y después fue traspasado en dos ocasiones, la última a Juan Avilés Esquivel, en 2011.

El sector demostró una gran plusvalía a lo largo de los años, por la expansión de la ciudad. Los terrenos se ubican en camino a Mirasol, a un costado de la ruta G-98-F. Apenas 350 metros al oeste está la playa Algarrobo Norte.

Esto es lo que habría llamado la atención a quienes hoy son investigados por la justicia.

Documentos ficticios

Con la excusa de que existían nuevos verificantes que no habían sido considerados, los funcionarios crearon documentación ficticia para transferir los terrenos a amigos y familiares.

Sin que hubiera existido un proceso de acreditación de derechos previo, en el que los verificantes justificaran con antecedentes que eran herederos de alguien que había sido beneficiado por la asignación de terrenos en 1975, el 4 de agosto de 2015 el Serviu, con la firma de la directora del Departamento Jurídico, Daniela Barbosa, ingresó ante la Dirección de Obras de la Municipalidad de Algarrobo una solicitud de recepción provisoria del loteo Aurelio Catalán.

En el expediente presentado a dicha repartición, se incluía una minuta explicativa elaborada por la abogada Carolina Morales Villalón, encargada de la Unidad de Regularización de Loteos Irregulares, y el plano URLI 113, dibujado según el Serviu por el arquitecto Eduardo Sandoval, quien era el jefe del equipo técnico de la misma unidad.

El URLI 113 creaba en las 2,96 hectáreas de la parcela número 7, que estaban inscritas a nombre de Juan Avilés, siete lotes que promediaban los mil 340 metros cuadrados y otro de 2 mil 590 metros cuadrados.

Los trámites se hicieron más rápido de lo común. Sin que siquiera se contara con la recepción provisoria, el 8 de agosto de 2015, mediante la resolución exenta Nº 5.200 elaborada por el jefe del equipo jurídico de la unidad, Juan Toro Garrido, y visada por Carolina Morales Villalón, el Serviu aprobó el URLI 113 y dio luz verde para que fuera inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Casablanca.

Los cinco beneficiados, que aparecieron después de 40 años, firmaron las escrituras correspondientes entre noviembre de 2015 y enero del 2016.

Posteriormente, se ingresó una minuta rectificatoria, que según el Serviu fue elaborada por Juan Toro Garrido, al Conservador de Bienes Raíces de Casablanca. Con ella se pidió que se anulara la cesión de derechos realizada por los herederos de Aurelio Catalán en 2005 a un particular y todas las posteriores, argumentando que el terreno se encontraba bajo la prohibición que contempla la Ley de Loteos Irregulares.

Finalmente, entre febrero y abril de 2016 se realizaron las inscripciones el Conservador de Bienes a favor de los cinco beneficiados.

El procedimiento fue tan limpio que en el Serviu recién se dieron cuenta de la anomalía en 2017, y sólo por una casualidad. Mientras se revisaban los papeles para el cierre de otro loteo irregular, pero en la comuna de El Quisco.

La carpeta, que no debía estar allí, contenía las escrituras, que hacían referencia a que los nuevos verificantes poseían derechos sobre los lotes por ser parte de la sucesión de quienes aparecían en la resolución exenta Nº 1.138 de 1975.

Ya que no encontraron dicha resolución en sus propios registros, el Serviu revisó el archivo de El Mercurio de Valparaíso. En él no aparecían más que los nueve verificantes a los que ya se les habían asignado terrenos.

La sospecha de una estafa cobraba sentido.

Los terrenos

Quienes se quedaron con los terrenos tenían conexiones con los funcionarios, según pudo comprobar el mismo Serviu.

Incluso más allá de Facebook sería la amistad del arquitecto Eduardo Sandoval Ponce con Rodrigo Ortiz Guajardo y Ghislaine Taylor Araneda, según acusó el servicio en su querella. Ortiz y Taylor, que son pareja, se adjudicaron respectivamente los lotes 16 y 17.

Este último es el terreno más grande, con 2 mil 590 metros cuadrados y cuyo valor fue estimado por el servicio en 103 millones de pesos, a diferencia de los otros lotes, que promedian mil 340 metros cuadrados y 54 millones de pesos.

Los lotes 18 y 23, en tanto, quedaron en manos de Francisco Muñoz Becerra quien, según pudo constatar BioBioChile es primo del abogado Juan Toro Garrido, que lideraba el equipo jurídico de la Unidad de Regularización.

Incluso en una foto familiar en Facebook se puede observar un asado en el que comparten Toro Garrido y Muñoz Becerra. El primero aparece la derecha, en la parte baja, sosteniendo un celular, mientras que el segundo está más arriba.

La mayor cantidad de lotes la recibió Antonio Maldonado Castro, dueño de los terrenos 19, 20 y 21, con un valor de 162 millones de pesos en total. El Ministerio Público investiga la conexión de los funcionarios del Serviu con Castro, quien es doctor en Ciencias y actualmente reside en La Serena.

El lote 22 también es propiedad de alguien que tiene un vínculo con Juan Toro Garrido. Se trata de Diego Ramírez Parra, quien de acuerdo a la querella es su amigo.

Ambos fueron compañeros en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), donde compartieron también con Carolina Morales Villalón. La acusación del servicio apunta a Morales, por haber sido la encargada de la Unidad de Regularización en ese tiempo y haber visado la documentación.

Morales cuenta con vasta experiencia en los organismos del Estado. Antes del Serviu trabajó en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y después de abandonar en junio de 2016 el servicio fue contratada por la Contraloría, donde permaneció hasta diciembre de 2017.

Pese a que un mes antes el Serviu ya había presentado la querella, Morales Villalón renunció a Contraloría sin que se le abriera un sumario administrativo ni que se realizara anotación alguna en su hoja de vida, según una respuesta por Ley de Transparencia a BioBioChile.

Sin embargo, es posible que a Morales le hayan pedido la renuncia, considerando que de acuerdo al Serviu se informó oportunamente al órgano de control sobre la situación.

Respecto a las responsabilidades administrativas, el Serviu afirmó que se realizó un sumario, pero no se pudo sancionar a ninguno de los tres funcionarios, ya que los dos abogados habían renunciado, mientras que el arquitecto trabajaba a honorarios.

El futuro de la investigación

En noviembre de 2017 el Serviu presentó la querella por fraude al Fisco y estafa calificada contra los tres funcionarios y quienes resulten responsables, pero a casi dos años de aquello todavía no hay formalizados y faltan diligencias fundamentales en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, entre ellas, la toma de declaraciones a varios de los querellados.

En un principio la causa se asignó a un fiscal adjunto de Valparaíso, quien decretó las primeras diligencias con la PDI, pero el Serviu estimó que el caso se tramitaba con lentitud y pidió un cambio de persecutor.

La fiscal regional Claudia Perivancich hizo oídos de la solicitud y envió la causa a la Unidad Anticorrupción (URAC), a cargo de Patricio Toro, el pasado 22 de abril.

En entrevista con BioBioChile, Toro afirmó que la investigación está avanzada, considerando los documentos que el Serviu adjuntó en la querella. Además, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) elaboró un informe que –a su juicio– confirmaría eventuales actos delictivos en la inscripción de los terrenos.

“Hay mayores antecedentes incriminatorios, hasta la fecha, contra el señor Juan Toro y el señor Sandoval, a diferencia de Carolina Morales, por lo que queremos definir ahora es si la visación que realizó (…) la hizo con un conocimiento doloso de la maniobra que había detrás de eso”, comentó Toro.

Han pasado casi dos años de la querella, pero aún el sumario del Serviu no se encuentra en la carpeta del caso, como reconoció tanto el fiscal como el mismo servicio. El organismo explicó que cuando se presentó la acción legal la investigación administrativa no estaba terminada, por lo que no pudieron adjuntarla. Después el persecutor de Valparaíso a cargo no la solicitó, pero de pedirla Toro será entregada.

Los nombres que aparecen apuntados en dicho documento serían los mismos de la querella. María Paz Cueto, jefa del Departamento Jurídico del Serviu, afirmó que no han identificado más responsables.

“En principio creemos que solamente se cierra en los funcionarios que nosotros estamos señalando. No tenemos otros antecedentes, ni los tuvimos en este tiempo intermedio desde que se interpuso la querella hasta hoy día”, aseveró Cueto.

Un nombre repetido en la documentación con la que se transfirieron los lotes del Aurelio Catalán es el de Daniela Barbosa, exjefa del Departamento Jurídico del Serviu en Valparaíso, quien firmó resoluciones, el expediente que se envió a la DOM de Algarrobo, las escrituras y también la solicitud al Conservador de Bienes para que rectificaran las inscripciones.

Pero para el Serviu Barbosa no sería parte del fraude, porque no se ha hallado relación con los demás funcionarios involucrados, y por lo que se conoce todos los antecedentes que se le presentaron estaban con una apariencia “correcta” para que ella los firmara y validara como representante del servicio.

La Municipalidad de Algarrobo también ha sido indagada por su rápida tramitación de la recepción provisoria que el Serviu menciona en la querella. No se abrió un sumario en el municipio por los hechos, pero sí la Bridec interrogó al encargado de la DOM, Roberto Berríos, según él mismo confirmó a BioBioChile.

“No hubo ninguna irregularidad en el municipio, el problema ocurrió en el Serviu”, afirmó Berríos, quien enfatizó que el tiempo de tramitación de la recepción provisoria fue el que corresponde por norma, e incluso detalló que con días de diferencia al servicio se le denegó la aprobación del mismo trámite para otros dos loteos, por no cumplir los requisitos.

Mas el fiscal Toro manifestó que, de momento, no podía confirmar ni descartar una conexión entre la Municipalidad de Algarrobo y los funcionarios querellados con los antecedentes que se han recopilado hasta el momento.

Otras preguntas que quedan por responder en la indagatoria penal son la vinculación de Antonio Maldonado Castro con los funcionarios y si existieron transacciones monetarias asociadas a las transferencias de terrenos.

Para ello el fiscal Toro dijo que están programando diligencias, entre las que se encuentran las declaraciones de varios de los querellados, que pese al tiempo transcurrido no han sido interrogados.

Los terrenos hasta el momento siguen siendo legalmente de los cinco beneficiados porque no se han anulado las inscripciones, aunque no los pueden vender, ya que el loteo Aurelio Catalán sigue con la prohibición que contempla la ley.

La estrategia en el proceso penal del Serviu, según explicó María Paz Cueto, será argumentar que existió una elaboración de documentos “ideológicamente falsos”, como resoluciones, escrituras e inscripciones, con lo que pedirán al juez que “vuelva todo al estado anterior de las actuaciones” de los querellados.

La ley contempla en el artículo 348 del Código Procesal Penal que “cuando se hubiere declarado falso (…) un instrumento público, el tribunal, junto con su devolución, ordenará que se lo reconstituya, cancele o modifique de acuerdo con la sentencia”. El Serviu también analiza pedir la nulidad de derecho público para lograr el mismo objetivo mediante un juicio civil.

Tras ser informado de los antecedentes por el Serviu, Juan Avilés Esquivel, quien era el dueño de la parcela que dividieron y transfirieron los funcionarios, no se ha querellado.

De igual forma el Consejo de Defensa del Estado (CDE) no es parte en este caso. Desde la entidad explicaron que decidieron no querellarse porque ya existía la presentación del Serviu y ello “implicaría una duplicidad de esfuerzos y recursos estatales en pos de un mismo objetivo”.

En ese sentido, agregaron que al ser un servicio descentralizado no requiere solicitar al CDE que “asuma su representación ante los tribunales, como sucede con el resto de los organismos de la Administración Central”.

Fraude al Fisco

Para el Ministerio Público la formalización no puede ser tarea fácil. Al respecto, Patricio Toro reconoció que se debe analizar el delito que se considerará, porque la querella se presentó por fraude al Fisco y estafa calificada, pero el primero presenta una dificultad al considerar que el terreno no era del Estado, sino que estaba bajo su administración.

Sin embargo, para María Paz Cueto sí existen argumentos para sostener una imputación en ese sentido porque dentro de las obligaciones que la ley contempla para el Serviu está actuar como propietario de los terrenos que administra y ejercer acciones legales “contra todos aquellos (…) pretendan hacerse por actos u omisiones ilícitas “dueños” de los predios”.

BioBioChile contactó además a Guillermo Améstica, defensor privado de Juan Toro Garrido, quien manifestó que su cliente trabajaba junto con varias personas en el equipo jurídico de la unidad, por lo que no podía confirmar ni descartar su participación en la elaboración de los documentos mencionados en la querella.

Por otro lado, el representante dijo que Toro Garrido no le había comentado su parentesco con Francisco Muñoz Becerra y que no tenía claro si era amigo de Diego Ramírez Parra.

“Hay un aspecto que por lo menos a mi juicio es central dentro de la investigación, que no se ha logrado dilucidar si estamos ante un tema de responsabilidad administrativa, que como ya no es funcionario no sería procedente. Y por otro lado, falta la atribución de responsabilidad respecto de un beneficio económico vinculado con esto, e incide directamente con la configuración de los delitos que se le están incriminando”, cuestionó.

Por último, afirmó que una vez que conozcan todos los antecedentes, porque todavía faltan documentos en la carpeta, Toro estaría dispuesto a declarar ante el Ministerio Público.

BioBioChile intentó obtener una declaración de Antonio Maldonado Castro vía mail, sin recibir una respuesta. Misma situación ocurrió con el abogado de Francisco Ortiz y Ghislaine Taylor. Finalmente, el representante de Diego Ramírez declinó una entrevista al respecto.