Exclusivo: Inteligencia del Ejército intervino teléfonos de militares que denunciaron corrupción

El Ejército intervino los teléfonos de al menos cuatro militares que denunciaron casos de corrupción institucional tanto de forma pública como judicial.

De acuerdo a la información obtenida por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, uno de los uniformados cuyas conversaciones fueron grabadas y transcritas, es el capitán de Ejército, Rafael Harvey, cuya “baja” no ha sido firmada aún por el Presidente Sebastián Piñera.

Harvey fue procesado y detenido por el delito de sedición, en el marco de la investigación que sustanció la Fiscalía Militar que lo condenó a cinco años de cárcel. Sin embargo la Corte Marcial, el 12 de junio pasado revocó el fallo y lo declaró inocente.

A cargo de llevar adelante la operación estuvo la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), durante la administración del excomandante en jefe Humberto Oviedo Oviedo, hoy indagado por corrupción.

Lo particular es que la institución castrense solicitó autorización a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que resolvió la petición basándose Ley de Inteligencia.

Para obtener el permiso judicial y llevar adelante estas labores intrusivas, el Ejército argumentó que los uniformados podrían estar entregando información que afectaba a la institución y la seguridad nacional o en el peor caso militar.

Fuentes institucionales consultadas por este medio confirmaron las intervenciones telefónicas. Se indicó que las labores se apegaron a la legalidad y que el magistrado que visó el procedimiento siempre estuvo al tanto de qué militares eran escuchados y por qué.

Distintas fuentes inquiridas por radio Bío Bío, indicaron que existen una serie de transcripciones de los audios, las que constan en documentos sin membrete institucional ni firma, pero cuyo contenido pertenece a lo que obtuvo la inteligencia militar.

En los papeles no se revelarían problemas para la seguridad nacional u operativa del Ejército, sino información de cómo se desarrollaban las investigaciones que sustanciaba la justicia por casos de corrupción. Entre ellos destacaría el caso milicogate, hoy a cargo de la ministra en visita Rommy Rutherford. En este último se acreditó que 6.000 millones de pesos fueron literalmente robados de los fondos de la entonces Ley Reservada del Cobre.

En otra arista de esta última indagatoria, conocida como “agencias de turismo”, Rutherford procesó al exComandante en Jefe del Ejército, general retiro humberto Oviedo por la malversación de 4.500 millones de pesos. Es decir al mismo bajo cuyo mando se escuchó “legalmente” a quienes denunciaron delitos contra la probidad.

Este medio solicitó una versión al Ejército, pero se indicó que el marco normativo de la Ley de Inteligencia establece la “obligación de guardar secreto”.

Gobierno vigila

La situación ha sido monitoreada por el gobierno, en particular por el Ministerio de Defensa, a cargo de Alberto Espina. Las explicaciones que han entregado desde el Ejército apuntan a que está justificada la decisión de intervenir los teléfonos puesto que los cuatro exmilitares, supuestamente, estaban comentando información “sensible” de la institución.

Por esa razón, según la explicación que recibieron, se pidió a la Corte de Apelaciones la autorización invocando la Ley de Inteligencia. Ello les permitió durante meses monitorear las conversaciones de los exfuncionarios militares, es decir, el grado de datos que se traspasaban.

El Gobierno en todo caso desconoce qué tipo de conversaciones se interceptaron y si estas sirvieron o no.

Una fuente consultada por este medio señaló que más que las denuncias de corrupción, no se habría encontrado nada sobre violación a la seguridad militar y nacional, de lo contrario, dijo la fuente, los cuatro estarían “procesados por traición”.

En el Ejecutivo reconocen que el las escuchas llaman la atención e incomoda. Lo anterior porque trae al presente los fantasmas de la transición política de los 90.

No son pocos los que recuerdan, al ser consultados, la experiencia que le tocó vivir al entonces senador Sebastián Piñera cuando el empresario Ricardo Claro reveló en un programa de Megavisión, el 23 de agosto de 1992, una conversación telefónica grabada clandestinamente con su amigo Pedro Pablo Diaz. Este último es el padre de Magdalena Díaz actual jefa de gabinete del Jefe de Estado.

El episodio es recordado como “piñeragate” o “kiotazo” (por la radio Kioto donde se reprodujo el audio). En el registro de audio Piñera Echenique aparecía pidiéndole a Díaz que influyera con los conductores de un debate presidencial para que incomodaran a la entonces precandidata a La Moneda, Evelyn Matthei. Es decir su compañera de partido, que militaba también en RN junto a Andrés Allamand.

Las intercepciones aparecen sobre la mesa en momentos en que el gobierno analiza los hechos. Algunas autoridades reconocen incomodidad por la forma en que se usó la Ley de Inteligencia, aunque al mismo le bajan el perfil. Sostienen que resulta difícil que las instituciones armadas en Chile puedan tener escuchas telefónicas a políticos u otros actores, como sí pudo ocurrir durante la “transición”.

Inteligencia

Para poder obtener escuchas telefónicas la única posibilidad que tiene el Ejército es solicitar la autorización a alguno de los dos ministros que cada Corte de Apelaciones tiene designados para estos efectos.

Obtenida la orden por parte de la Dirección de inteligencia del Ejército, se generó una resolución que fue despachada a las compañías de telefonía. Estas últimas son las encargadas de materializar la escucha mediante la réplica de la señal a las respectivas unidades del Ejército.

Con ese fin la entidad castrense cuenta con una unidad ejecutiva dependiente de la DINE denominada Regimiento de Inteligencia Nº2 “Llaitun” (ex jefatura de guerra electrónica), que está ubicado en Avenida las Perdices, comuna de Peñalolén, es decir, el mismo lugar en que se realizó la escucha telefónica a Sebastián Piñera.

Allí se encuentra instalada la máquina que recibe la señal y se genera la grabación. Existe también otra fórmula y es “clonando” el celular de quien es intervenido. Ese “espejo” se activa cada vez que el “interceptado” recibe un llamado o bien realizada una llamada.

Además, existen dos unidades del Ejército que también participan en el análisis de información y creación de documentos específicos relacionados con el tema. La primera se encuentra en el Paseo Bulnes, conocido como kilómetro cero de la inteligencia militar, y la segunda está en el Regimiento de Inteligencia Nº1 “Soberanía”, ubicado en calle Alférez Real de Providencia.

Según los datos indagados por la Radio Bío Bío, estos centros fueron clave en el proceso y transmisión de información de los cuatro militares.
Lo cierto es que el excomandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, hoy procesado por la ministra Rommy Rutherford, era el jefe de la DINE, por lo que debió estar al tanto del asunto.

Estos y otros son los puntos que incomodan al Gobierno y también a políticos, por lo que la revelación de esta información podría transformarse en una indagatoria en del Congreso.

Dentro de los datos a los a los cuales accedió Radio Bío Bío indican que uno de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que autorizó las intervenciones, fue Juan Antonio Poblete (2016) y en 2017 otro magistrado, justo los periodos en que más denuncias por corrupción estaban realizando los militares contra los mandos del Ejército.

Autorizaciones que, al igual como ocurrió con Operación Huracán en Temuco, dejan al descubierto la facilidad con que los organismos de inteligencia acceden a los ministros sin previo chequeo real o seguimiento del mismo.

Recordemos que la Ley de Inteligencia faculta a hacer operaciones como la descrita, bajo el siguiente contexto: Seguridad Nacional, bajo el titulo V, en su artículo 23, indica: De los procedimientos especiales para obtener información.

Luego en el titulo VII, artículos 38-39-40 y 41, Obligación de Guardar Secreto (por este artículo el Ejército no puede comentar la operación si fuera real).

N. de la R.: Por un error involuntario se incluyó al ministro del tribunal de alzada capitalino Mario Carroza como uno de los que resolvió las autorizaciones al Ejército. Sin embargo, Carroza comenzó en dicho puesto en 2018.