El jefe de la iglesia chilena, Ricardo Ezzati, intentó la semana pasada evitar la notificación de la demanda en contra del Arzobispado de Santiago -por 350 millones de pesos- interpuesta por “Z”, un hombre que aseguró haber sido violado en la Catedral por el presbítero Tito Rivera, en 2015.
El hecho ocurrió el pasado 7 de marzo cuando la receptora, Silvia Larravide, llegó a las dependencias que su ubican al lado del principal templo religioso del país, donde Ezzati tiene su oficina.
Larravide llegó a las 12.58 horas a Plaza de Armas sin número, donde debía notificar la acción legal ingresada por el abogado Alfredo Morgado y que hoy es sustanciada por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Maritza Villadangos.
Lea aquí quién es la magistrada
La mujer no pudo realizar el trámite, pese a que Ezzati sí se encontraba en el lugar, tal como dejó por escrito en un documento que hoy está en poder de la magistrada.
“Certifico y me consta que el demandado se encuentra en el lugar del juicio y que este es su domicilio laboral por haberlo confirmado así una persona adulta del señalado domicilio”, escribió la receptora.
La aludida por la profesional “dijo ser secretaria de la recepción de la Vicaría, excusándose de dar su nombre y de entregar mayores antecedentes por estimarlo innecesario”.
El trámite de notificación en materia civil es indispensable para sustanciar una demanda de indemnización de perjuicios, como también los plazos para hacerlo.
Por esta razón, Larravide volvió a la carga. Esta vez el 8 de marzo. La receptora llegó temprano al Arzobispado, dijo una fuente que conoció los hechos y esperó a que llegara Ezzati. Era el único lugar por donde podía entrar.
Fue así que a las 9.45 Larravide logró entregarle a Ezzati los documentos judiciales íntegros, como también tres resoluciones dictadas por la jueza Villadangos el 28 de febrero y del 5 y 7 de marzo, respectivamente. Sin embargo, Ezzati, pese a requerirlo Larravide, “se excusó de firmar”.
“Dejo constancia que la identificación del demandado fue por su propio reconocimiento al ser requerido por sus nombres y apellidos”, se lee en el documento judicial.
En paralelo
El libelo presentado por la víctima, es el correlato en materia civil de la investigación penal que sustancia el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, por abusos sexuales en la iglesia chilena y que se divide en varias cuerdas separadas.
En el caso en particular, remite a la violación que denunció “Z” y otros abusos de menores de edad, realizados por el presbítero Tito Rivera en la Catedral, al menos desde 2015.
Los hechos ligados a este último quedaron al descubierto, luego que Radio Bío Bío, revelara la información secreta que manejaba Arias, a raíz de la incautación que realizó en La Catedral a mediados de 2018.
Entre los cientos de papeles secuestrados por el organismo perseguidor, estaba la “indagatoria previa” realizada por la iglesia, trámite que buscaba dar verosimilitud al relato que Z y al de otras víctimas de Tito Rivera. Estas últimas entregaron sus testimonios entre marzo y julio de 2015 al cura Francisco Vicuña Walker. Y no solo sus versiones fueron recogidas, sino que uno de los afectados entregó un pendrive con fotografías, donde el presbítero aparecía en actos sexuales explícitos.
Y aún cuando los hechos quedaron acreditados en la fecha señalada, no fue sino hasta noviembre de 2016 que Ezzati elevó la investigación a otra de carácter “administrativo-penal”, que derivó en la suspensión del Ministerio Sacerdotal a Tito Rivera por 14 años recién en 2018. Se trata de una las sanciones más altas conocidas hasta ahora, pero no fue expulsado como sí ocurrió con Fernando Karadima. Tampoco la comisión de delitos fue informada al Ministerio Público ni menos a la opinión pública. Tanto es así, que hasta 2017 Tito Rivera podía celebrar matrimonios.
Pero los ilícitos sexuales no fueron los únicos que cometió Tito Rivera. También se acreditó que robaba objetos religiosos. Así lo estableció el Ministerio Público cuando allanó el domicilio del presbítero junto a la conservadora de la Catedral. Allí descubrieron que su vivienda estaba “atiborrada” de especies eclesiásticas.
Al filo
“Z” declaró ante la PDI, en la indagatoria que lleva Arias, que el mismo 2015 se acercó a dos personas para relatarle la violación de la que fue víctima. El primero de ellos fue el Deán de la Catedral, Juan de la Cruz. Este último, lejos de escuchar su verdad, lo sacó con guardias del templo. Y al mismo tiempo, le advirtió a Tito Rivera -a quien le allegaba las llaves de los dormitorios donde daba rienda suelta a sus deseos- que se cuidara y “fuera más discreto”.
La segunda persona que oyó de boca de “Z” el crudo relato en la Catedral fue el propio Ezzati, quien lo abrazó, le pidió que orara por su violador, entregándole luego 30 mil pesos, como se lee en el libelo.
Esta serie de hechos, serán parte el parte de la formalización a Tito Rivera, agendada para el 29 de marzo a las 10.00 horas, en dependencias del 13º Juzgado de Garantía de Santiago.
Sin embargo, Arias podría enfrentar un problema para comunicarle los cargos por abuso sexual. Y es que cercanos al presbítero indicaron que argumentarán que el estado de salud que enfrenta en la actualidad, le impedirían concurrir hasta el tribunal. En cualquier caso, la diligencia podría realizarse en ausencia o bien en el lugar que el presbítero fije al efecto.
Como sea, el hecho de que la indagatoria fuera el secreto mejor guardado de la iglesia chilena, deja a Ezzati en una situación procesal altamente compleja.
Hay que recordar que el fiscal Arias ha intentado interrogarlo en calidad de imputado para su posterior formalización en calidad de encubridor de abusos sexuales. Sin embargo, el clérigo ha logrado postergar el trámite judicial a través de su abogado, Hugo Rivera, alegando que los hechos se encuentran prescritos.
Sin embargo, a raíz de estos últimos antecedentes, es posible que Ezzati deba enfrentar, por primera vez, a la justicia de los seres humanos.
Lea los documentos emitidos por la receptora judicial
El Arzbispado de Santiago, envió a este medio, el siguiente comunicado.
Respecto de la noticia “Ezzati intentó evitar notificación de demanda de víctima de Tito Rivera” publicada hoy en diversas plataformas de Biobío, aclaramos que:
El día jueves 7 de marzo de 2019, el arzobispo no se encontraba en su oficina de la sede arzobispal cuando la receptora judicial asistió al lugar.
El día viernes 8 de marzo, en cambio, sí lo estaba, por lo que recibió los antecedentes sin inconveniente alguno. Consultada la propia receptora judicial si era necesario firmar algún documento, respondió que no era necesario.