El pasado 28 de junio, a las 15.40 horas, el alcalde de Tierra Amarilla (III Región), Osvaldo Delgado, -hoy suspendido y formalizado por corrupción- abrió una Caja de Pandora. En una investigación secreta que sustancia la Fiscalía de Atacama por fraude al fisco y prevaricación de abogado, el edil acusó que el actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social y exDC), le ofreció una coima de 400 millones de pesos.
La información consta en la declaración prestada por el edil -y guardada bajo estricta reserva- ante el Ministerio Público atacameño, a la que accedió en exclusiva la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Según el jefe comunal, el parlamentario le propuso recibir dicha suma en octubre de 2016, a cambio de alzar una precautoria judicial para que los abogados de la comuna, Hernán Bosselin y Ramón Briones -ambos exDC-, pudieran cobrar sus honorarios que ascendían a varios miles de millones de pesos.
La remuneración reclamada por Mulet para Bosselin y Briones -que él mismo diputado recomendó para que asesoraran a la sede edilicia- se basó en que los profesionales habían logrado que la minera Candelaria pagara a la municipalidad una suma de 16 mil 365 millones 81 mil 327 pesos (22,5 millones de dólares), en septiembre de 2015. Ello a cambio de no iniciar acciones judiciales que pudieran complicar la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama y el Comité de Ministros, en Santiago, resoluciones clave para la continuidad operacional de la extractora de capitales canadienses Lundin Mining, desde 2017 a 2030.
Este tipo de acuerdos se encuentran expresamente prohibidos por la Contraloría, a través de varios dictámenes. Uno de ellos, fechado en septiembre de 2017, señala:
“ (…) no corresponde que por intermedio de una transacción se exima del cumplimiento de la obligación de reparar el daño ambiental causado a su autor, ya que no solo se vulnera el texto expreso del artículo 44 de la ley N° 20.600 (…) sino que, en definitiva, se deja sin eficacia la acción ambiental contemplada con tal propósito y no se da cumplimiento a la función propia de la entidad edilicia de proteger el medio ambiente”, señala el documento.
A raíz de este pronunciamiento, el organismo fiscalizador realiza un sumario en la sede comunal que se encuentra en pleno desarrollo.
Dinero a destajo
Los datos sobre cómo se dividiría el monto, aparecen en dos documentos firmados por el abogado Pablo Mir, también presidente de la minera Candelaria en Chile y el edil, que datan del 3 de septiembre de 2015.
El primero es un convenio en el marco de la Ley de Donaciones y “responsabilidad empresarial”, donde Candelaria le transfiere al municipio 11.533 millones 960 mil pesos (16,5 millones de dólares), los que serían usados para mejoras en la comuna, previa creación de una entidad, a través de la cual se administrarían una serie de proyectos destinados a salud, educación, cultura, entre otros tópicos.
El segundo, en tanto, es una transacción que entregaba -a libre disposición a Tierra Amarilla- 4.831 millones 121 mil 327 pesos (7 millones de dólares). Ambos documentos, aparecen aprobados por el Concejo Municipal, fechados el 2 de septiembre de 2015.
Pablo Mir, quien rubricó los escritos es, al mismo tiempo, representante de la Compañía en el directorio del Consejo Minero, en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y socio del estudio Bofill-Mir-Álvarez-Jana (BMAJ).
El bufete está compuesto por Octavio Bofill, Alejandro Álvarez, experto en derecho corporativo y especialista en arbitrajes. Y por último Andrés Jana, quien ha patrocinado al Estado chileno por litigios limítrofes, como también representante del Grupo Luksic. Hasta hace algunos años, en el estudio trabajó el exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Este último de desempeña actualmente como gerente legal de Quiñenco, que agrupa a las compañías de Andrónico Luksic, quien a su vez funge como presidente del directorio.
Otro miembro de esa oficina que también participó de las tratativas junto a Mir, fue Rodrigo Quintana. Ligado al PS, al igual que Correa-, funge actualmente como jefe del Comité Contencioso Administrativo del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Se ha desempeñado, además, como titular de la Defensoría Penal Pública, nombrado precisamente por la entonces ministra de Justicia, Soledad Alvear, de quien fue asesor cuando esta última se desempeñó como Canciller, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Sumado a lo anterior, también integró el directorio de la firma de lobby Imaginacción, cuyo dueño es el exministro Enrique Correa.
Entre otras asesorías, Imaginacción prestó servicios a Cheyre, a su par Juan Miguel Fuente-Alba, procesado por malversación de caudales públicos por más de 3 mil millones de pesos y al cineasta Nicolás López, acusado de abuso sexual y violación.
Una cifra simbólica
El presunto ofrecimiento de 400 millones de parte de Mulet, que Delgado estampó en su testimonio, no era menor. De los más 4.831 millones de pesos obtenidos por Tierra Amarilla en la negociación con la minera, Briones y Bosselin cobrarían 2.760 millones 640 mil 758 pesos (4 millones de dólares), como honorarios. Es decir, más de 50 por ciento de la cifra total, mientras el resto de la plata, poco más de 2 mil 70 millones de pesos, la comuna podría usarlos en lo que estimara conveniente.
En los dichos de Osvaldo Delgado, hoy formalizado por fraude al fisco y suspendido de sus funciones por 700 días (ver recuadro), el supuesto intento de soborno por parte de Mulet ocurrió en la oficina de Bosselin y Briones, ubicada en Sótero del Río 326.
“En octubre de 2016, me llamó Jaime Mulet, telefónicamente, quien me pidió que me desistiera de la medida precautoria a cambio de dinero y que Bosselin quería conversar conmigo. Por ello viajé a Santiago con Jorge Brito (un empleado contratado en la municipalidad a instancias del hoy parlamentario)”, dijo Delgado.
Y agregó: “Fue en ese momento que Briones, un hombre alto, moreno, me dijo que para qué peleábamos, que todos podíamos ganar dinero. También estaba Jaime Mulet, quien en un momento me llevó a un rincón y me ofreció a mí y a Jorge Brito (…) 400 millones de pesos para que retirara la acción judicial para retener el pago”.
Delgado testimonió que el ofrecimiento lo sorprendió: “Yo le dije de inmediato que no podía, porque era una decisión del Concejo (municipal) y no podía dejarla sin efecto yo solamente. Después, en la misma reunión, Bosselin, un viejito parecido a Stephen Hawking, me ofreció 600 millones (…) Yo quedé impactado con todo lo que pasaba (…)”, continuó Delgado.
Según indicó, hubo una confabulación de intereses: “Todo este acuerdo lo manejaron Mulet, Jaime Bahamondes (administrador municipal, contratado también por recomendación de Mulet), con Briones y Bosselin. Ahora estoy convencido que todos ellos (…) se coludieron para obtener dinero de la minera a cualquier costo (…) Es injusto que los abogados de la municipalidad obtengan más que su cliente (…) eso demuestra que ellos protegieron sus intereses antes que los de la Municipalidad de Tierra Amarilla y me utilizaron para lograrlo. Yo no recibí un solo peso por ese acuerdo”, declaró ante el organismo perseguidor.
Estados Unidos y Canadá
La negociación, donde Tierra Amarilla accedió a no recurrir judicialmente por daño ambiental contra la empresa fue larga. El primer acercamiento se inició en diciembre de 2012, cuando Osvaldo Delgado recién había asumido como alcalde electo y la minera aún era propiedad de la estadounidense Freeport. En el encuentro, que se desarrolló en el hotel Diego de Almagro de Copiapó, participaron Mulet y Delgado y el vicepresidente de negocios de Candelaria, Francisco Costabal y su presidente Peter Quinn.
En la oportunidad, tanto Mulet como Delgado les explicaron a los ejecutivos que la firma había cometido un grave daño ambiental en la comuna, tal como lo señalaba un estudio que habían preparado para acreditar el hecho.
Por esta razón propusieron generar un “canal de diálogo” para que la extractora evaluara una compensación.
“Expresaron su intención de no perjudicar a la minera y de conversar posibles acercamientos y solución para evitar que pasara el tema a mayores”, señaló el abogado de Candelaria, Miguel Troncoso, en el testimonio que prestó ante la PDI copiapina, el 17 de enero de 2018, al que accedió este medio.
La “propuesta” fue analizada por la firma, pero a los pocos meses se rechazó, estimándose que la firma no había cometido ninguna contravención a las normas ambientales, de acuerdo al versión policial de Troncoso.
La chance de un “canal de diálogo” había vuelto a fojas cero, pero en septiembre de 2013 la firma minera debía presentar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Atacama. El documento era el primer paso para lograr que la mina siguiera operando desde 2017 a 2030 ya que, paralelamente, la estadounidense Freeport negociaba la venta a la canadiense Lundin Mining (LM).
En septiembre de ese año, Freeport ingresó el EIA. En noviembre, por recomendación de Mulet, Osvaldo Delgado, en su calidad de jefe comunal, contrató los servicios de Bosselin y Briones.
La gestión, reconocida por Mulet en conversación con Radio Bío Bío, derivó que en el 12 de diciembre de 2013 Tierra Amarilla presentó una demanda por daño ambiental ante el Segundo Tribunal de ramo, en Santiago, patrocinada por estos últimos profesionales.
La acción legal nunca fue notificada a la minera y meses más tarde fue archivada por falta de movimiento.
Atendido a que la presentación podía complicar el futuro económico de Candelaria, la compañía contrató a la empresa Imaginacción, propiedad del exministro y lobbista Enrique Correa.
A la vanguardia estuvo Moisés Valenzuela (DC), uno de los socios de la firma de asesorías comunicacionales. Ligado al lote de los exDC Gutenberg Martínez y Soledad Alvear– es viejo conocido de Mulet cuando militaba en la falange.
El lobbista apareció en escena a principios de 2014 y tomó el primer contacto con Bosselin y Briones, para a evitar que la estrategia legal de Tierra Amarilla siguiera su curso y afectara los intereses de la cuprífera de Freeport, que negociaba su venta. Esta última se concretó en octubre de 2014, cuando la canadiense Lundin Mining, la adquirió por 1.800 millones de dólares.
Pues bien, desde ese encuentro hasta julio de 2015, se desató una dura negociación extrajudicial donde participaron Bosselin, Briones, Mulet y Delgado. Candelaria, en tanto, fue representada legalmente por el estudio del jefe en Chile de la minera Pablo Mir, donde también son socios Octavio Bofill, Alejandro Álvarez y Andrés Jana. El elegido de la oficina de abogados para acudir a los encuentros fue Rodrigo Quintana.
Coincidentemente, el suspendido alcalde de Tierra Amarilla está formalizado por fraude al fisco, donde uno de los querellantes es el CDE.
Prácticas Corruptas, en inglés
La historia tuvo para las partes un final feliz. En julio de 2015 la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Atacama aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la continuidad de la mina y el 3 de septiembre se firmaron los acuerdos entre la minera y la comuna por 16.136 millones 581 mil 327 pesos, previa aprobación del Concejo Municipal de Tierra Amarilla. Es decir casi tres meses después.
Formalizado el acuerdo, la cuprífera emitió dos vale vista. Uno de ellos por 2.760 millones 640 mil 758 pesos (4 millones de dólares), serían cobrados por Bosselin y Briones como honorarios. Es decir, más de 50 por ciento de la cifra total, mientras el resto de la plata, poco más de 2 mil 70 millones de pesos, la comuna podría usarlos en lo que estimara conveniente.
Ambos documentos quedaron “en custodia” en la notaría santiaguina, Nancy de la Fuente, a la espera de que el Comité Ministros, aprobara definitivamente la continuidad operacional de Candelaria hasta 2030.
Cercanos a De la Fuente, confidenciaron a Radio Bío Bío que cuando llegaron a sus manos los instrumentos financieros con la “cláusula suspensiva” de que solo podrían cobrarse con el trámite ambiental definitivo, quedó preocupada. Por ello, realizó consultas a especialistas en el ramo para evaluar la legalidad de la transacción hecha por Candelaria. Pese a la duda que le provocó la singular negociación, De la Fuente autorizó los documentos.
Las gestiones de la cuprífera continuaron y el 9 del mismo mes, la empresa visitó al entonces ministro del Medio Ambiente Pablo Badenier (DC), a quién le “agradecieron” sus gestiones para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental, tal como se lee en la web de transparencia de la secretaría de Estado.
Después de aquellos “agradecimientos”, lo interesados no tuvieron que esperar mucho tiempo más, porque en septiembre de 2016, a casi un año de los acuerdos, el Comité de Ministros -cuyo presidente era precisamente Badenier- confirmó lo resuelto por el CEA de Atacama, aprobando que la minera pudiera continuar sus labores extractivas por otros trece años.
Poco más de tres meses después, el 17 de enero de 2017, más allá de la oposición de Delgado y la discusión que detalló en su confesión al Ministerio Público, Bosselin y Briones pudieron retirar el vale vista desde la notaría Nancy de la Fuente por 2.760 millones 640 mil 758 pesos. Candelaria había ganado y sus pretensiones económicas se habían cumplido a cabalidad.
Coincidencia o no, el 20 de marzo del mismo año Badenier renunció al Ministerio del Medio Ambiente, asumiendo la jefatura de campaña la presidencial de Carolina Goic (DC).
Hasta ahora no hay claridad dónde fueron a parar los honorarios ni cómo fueron rendidos por Bosselin y Briones ante el SII . Los juristas emitieron una factura a Candelaria, la que fue rechazada por este última, que sí pagó la carga impositiva, dijo a este medio una fuente de la compañía. Tierra Amarilla, en tanto, tampoco recibió documento alguno que justificara los honorarios de los profesionales. Mulet, en tanto, negó haber recibido dineros para su campaña a diputado, que inició ese mismo año.
La investigación del Ministerio Público donde confesó Delgado, instala a la empresa en una situación judicial compleja en Chile y en el extranjero bajo la figura del cohecho internacional, ya que sus políticas internas se rigen por los llamados FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) o leyes contra las prácticas corruptas. En suelo nacional, en tanto, también podría enfrentar la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, cuerpo legal que busca cumplir el estándar OCDE y recientemente modificado, que apunta al pago de sobornos de entidades extranjeras a funcionarios públicos chilenos.
Consultada la firma Candelaria, respondió que todas sus actividades en Chile se encuentran apegadas a la legislación vigente, descartando cualquier anomalía.
Por ahora, la causa está desformalizada a cargo del fiscal de Copiapó Luis Miranda, donde han declarado, entre otros, el gerente legal de la minera, Miguel Troncoso, y más de una decena de funcionarios de la sede comunal.
De acuerdo a fuentes que conocen del caso, la indagatoria está centrada también en establecer el mal uso de la transacción, ya que la Ley de Donaciones no permite entregar dineros de libre disposición para el pago de honorarios, toda vez que impide una negociación extrajudicial por daño ambiental.
Lobby de Candelaria en el CDE
La trama de hechos detrás de la firma de estos millonarios acuerdos, tiene una serie de redes políticas ligadas al fallecido exDC Adolfo Zaldívar en la Tercera Región, lobby a funcionarios públicos, entre ellos de Medio Ambiente, Minería e, incluso, con el abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Atacama, Adolfo Rivera Galleguillos.
Con este último intentó reunirse -el 23 de junio de 2018- el presidente de Lundin Mining, Pablo Mir. En otras palabras, 25 días después que Delgado confesara ante la Fiscalía el presunto soborno de Mulet y la trama de pagos a la comuna.
Rivera Galleguillos informó de inmediato a Santiago y en el comité penal del CDE se estimó que no podía recibirlo bajo ningún aspecto. El asunto es preocupante para el organismo, ya que precisamente Quintana -miembro del del Consejo- trabajaba por entonces en el estudio Bofill-Mir-Álvarez-Jana. Quintana abrió a fines de 2018 una oficina particular.
La sospecha al interior del CDE es que Mir pudo conocer que Delgado había confesado y necesitaba tener claridad de cuáles serían los pasos legales que podría seguir la entidad dirigida por la abogada María Eugenia Manaud.
De acuerdo a la información recabada por Radio Bío Bío el delito de prevaricación de abogado estaría configurado y en el CDE de Atacama se analizan las acciones legales contra Bosselin y Briones. En todo caso, cualquier determinación al respecto deberá ser aprobada por el Comité Penal del organismo, en Santiago.
La situación es aún compleja al interior de la entidad, precisamente porque de avanzar la investigación con una querella del CDE contra Bosselin y Briones, el consejero Rodrigo Quintana podría también ser indagado como imputado por su relación con las tratativas que favorecieron a Candelaria.
Cercanos a este último, en todo caso, indicaron que en las reuniones del organismo donde se ha tratado los alcances de la investigación, siempre ha presentado su inhabilidad.
Hay que recordar que los consejeros son nombrados por el Presidente de la República sin expresión de causa. Su permanencia en el cargo finaliza a los 75 años y solo pueden ser removidos por una decisión del Primer Mandatario con acuerdo del Senado.
A diferencia de otros funcionarios públicos, pueden ejercer su rol de abogados en forma privada, cobrando los honorarios que estimen pertinentes, siempre y cuando su trabajo no incluya litigios contra el Estado.
Actualmente, un consejero obtiene poco más de 8 millones 600 mil pesos como sueldo mensual, mientras que el presidente, también nombrado por la presidencia, más de 9 millones 400 mil pesos, según la página de transparencia activa del organismo que vigila los intereses del fisco de Chile.
Mañana, lea la segunda parte: Minera Candelaria: la red de lobby para aprobar la continuidad del proyecto minero canadiense
* Para este reportaje fueron consultados Briones, Bosselin, Quintana, José Luis Andrés, abogado de Osvaldo Delgado, el ex ministro Badenier e Imaginacción. Ninguno quiso entregar su versión.
La Fiscalía de Atacama, en tanto confirmó la existencia de la investigación, aunque indicó que se encuentra desformalizada.
“Este tipo de investigaciones involucran procesos complicados, tanto por el número de diligencias que debe realizar la fiscalía como por la complejidad de la investigación que debe analizar. Una vez que se realicen todas aquellas diligencias que se estimen necesarias, se tomará la decisión que en derecho corresponda”, contestó luego de las consultas de este medio.
Por último, indicó que la información de la indagatoria fue enviada a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional “atendido a que se trata de un caso complejo”.
Mañana, segunda parte:
Minera Candelaria: La red de lobby que permitió la aprobación del proyecto cuprífero hasta 2030